La educación es uno de los principales determinantes del desarrollo. Permite generar capacidades productivas y sociales, además de equidad, y garantiza la libertad real de las personas.
En cuanto a la capacidad productiva, la educación nos hace más productivos. Pero además es la base para la generación y asimilación de la ciencia y la tecnología (cambio tecnológico) y, por ende, para generar mayor valor agregado (cambio estructural).
La educación es el principal factor para lograr “movilidad social ascendente”. Es decir, que una persona logre mejorar su calidad de vida, y que pueda salir de forma sostenible de la pobreza. Pero también es clave para generar 'libertad', entender el mundo y tomar decisiones.
En Ecuador, un país de desarrollo medio y alta desigualdad, la escolaridad promedio es de 8,4 años, según datos del INEC a diciembre de 2019. Menos de educación básica, y esta es una de las principales limitantes para el desarrollo.
La situación se agrava cuando vemos la desigualdad. En el 10% más pobre de la población la escolaridad alcanza apenas los 6,1 años, mientras en el 10% más rico llega a 13 años.
En cuanto a educación superior, en el 10% más pobre el 5,1% de los adultos (entre 18 y 65 años) alcanzó este nivel, mientras que en el 10% más rico el porcentaje llega al 62,1%.
La baja escolaridad se traduce en bajos ingresos. Cada año adicional de escolaridad implica un incremento del ingreso de 6,5%. Menos escolaridad significa no solo menos ingresos sino también menos oportunidades.
El ingreso mensual por persona de un hogar del 10% más pobre es de USD 34 en promedio (entre USD 0 y USD 50), mientras que en el 10% más rico es de USD 834 en promedio (entre USD 447 y USD 18.000 o más).
Actualmente, la pandemia del Covid-19 afecta al ingreso de los hogares, ya que no se puede trabajar y, además, por la reducción o suspensión de la jornada laboral permitida por el Gobierno.
Entonces, por efectos del Covid-19 se espera que la inversión en educación de los hogares caiga.
Siendo la educación un determinante del desarrollo individual y social, además de un derecho, se debe proteger el acceso a ella, sosteniendo la oferta y garantizando la calidad.
¿Qué se debería hacer? Ampliar el presupuesto del Estado en educación: dando transferencias directas a estudiantes de instituciones públicas (para cubrir costos de acceso, tanto en modalidad presencial como virtual), ampliando los fondos para instituciones cofinanciadas, para sostener y aumentar becas socioeconómicas sin afectar su sostenibilidad financiera, y generando mecanismos de crédito para entidades privadas.
Y, además, generar fondos de investigación tanto en materia sanitaria como de reactivación productiva.
El recorte presupuestario hecho por el Gobierno pone en riesgo a la educación en su conjunto, el futuro de millones de jóvenes y la capacidad de desarrollo del país. A lo que se debe aumentar que amplía las desigualdades, ya que los primeros en sufrir el recorte serán estudiantes de universidades públicas y aquellos con beca socioeconómica, es decir, los más vulnerables.
Mientras el mundo amplia recursos para ciencia y tecnología para construir un futuro post-Covid, en Ecuador se recorta el presupuesto. Una decisión ineficiente, inequitativa, e impertinente.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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