Estados Unidos pide liberar a los presos políticos de Cuba, pero nada dice de los de Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, exigió el sábado la liberación inmediata de más de 700 presos políticos en Cuba, tras la llegada a Miami del artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció en prisión durante cinco años en la isla.

Mediante un comunicado, Rubio confirmó el arribo del artista cubano a la ciudad de Miami y pidió a la comunidad internacional unirse a la solicitud de EE. UU. de la excarcelación de más de 700 personas que se encuentran privadas de libertad en Cuba por motivos políticos.

“La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión”, afirmó Rubio.

Pero, me pregunto yo, ¿cómo puede exigir EE. UU. que la comunidad internacional deje de hacerse de la vista gorda ante lo que sucede en Cuba si su propio gobierno se hace de la vista gorda frente a la situación de los presos políticos en Venezuela?

Mucho peor siendo Rubio quien dirige toda la política y economía de Venezuela, como lo documentan con detalle los periodistas del New York Times, Maggie Haberman y Jonathan Swan en su reciente libro 'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump'.

Ya habrá tiempo de comentar este extraordinario libro, que ya lleva centenares de miles de copias vendidas, pero vamos a lo que importa: el doble rasero sobre los presos políticos.

Justo el viernes por la noche, horas antes del comunicado de Rubio sobre Cuba, se realizó frente a la prisión El Rodeo I la vigilia número 193, en la que centenares de familiares de los presos políticos de Venezuela clamaron por el respeto a la vida y la integridad de esos presos.

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En la vigilia elevaron oraciones y exigieron que todas las personas detenidas por motivos políticos sean tratadas con dignidad mientras permanezcan bajo custodia del Estado. Reiteraron reclamos de libertad y demandaron medidas urgentes para protegerlas frente a las amenazas, la violencia y las condiciones inhumanas de reclusión.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), formado hace dos años, dijo que esta vigilia especial fue convocada ante el agravamiento de la situación en la prisión El Rodeo I, y denunciaron:

• Amenazas de una nueva arremetida violenta contra los detenidos.
• Castigos de aislamiento como represalia por denunciar irregularidades.
• Un cuadro diarreico persistente, sin respuesta adecuada de las autoridades.
• Ausencia de protocolos de evacuación y negativa a permitir una verificación técnica independiente de las celdas tras los recientes terremotos.

Lo ocurrido en El Rodeo I no es un hecho aislado. En Ramo Verde, La Crisálida, el INOF, Yare, el Fuerte Guaicaipuro y distintos calabozos policiales persisten las denuncias de aislamiento, falta de atención médica, restricciones arbitrarias y condiciones incompatibles con la dignidad humana.

Esta política penitenciaria se sostiene mientras las autoridades niegan los maltratos, revictimizan a las familias y descalifican a las organizaciones que acompañan. El señor Rubio, mientras tanto, mira a otro lado.

No digo que Cuba no deba liberar a sus presos políticos. Lo que digo es que también Venezuela debe hacerlo. Ya han pasado 201 días desde que Nicolás Maduro fue capturado por EE. UU. y Delcy Rodríguez quedó como gobernante títere, y es Rubio quien puede y debe hacer algo al respecto.

De hecho, importantes diarios de su país describen a Rubio como el virrey de Venezuela. El Times lo llamó hace pocos días el virrey "de facto" como conclusión de la investigación de sus periodistas sobre su influencia definitoria sobre las finanzas, los recursos naturales y la política pública del Gobierno títere de Delcy Rodríguez.

Ya en enero de este año The Washington Post tituló un episodio del pódcast Post Reports: 'Marco Rubio, the Viceroy of Venezuela' explicando que asumió ese papel tras la “extracción” de Nicolás Maduro.

Ni Rubio ni Delcy Rodríguez cumplen sus promesas de libertad y tampoco ofrecen respuestas efectivas a las graves violaciones de derechos humanos denunciadas por el CLPP y las pocas organizaciones de derechos humanos que sobreviven en Venezuela.

Mientras tanto, ayer el Financial Times dijo que, según sus cálculos, la administración de Donald Trump habría obtenido más de 13.000 millones de dólares por la comercialización de petróleo venezolano este año. Sin embargo, se desconoce el destino de ese dinero y cuánto ha sido entregado al gobierno interino.

Más bien, según el diario, existen serias sospechas de que no todos los ingresos han sido transferidos nuevamente a Venezuela, donde, a seis meses de la intervención de EE. UU., no se observan signos de recuperación.

Al contrario, la situación se ha agravado con la ineficiencia del gobierno de Delcy Rodríguez (y de Marco Rubio) en la respuesta a los estragos del doble sismo del 24 de junio que dejó hasta ayer 5.346 personas fallecidas, 16.740 personas heridas y como 30 mil desaparecidos.