Al Gobierno le corresponde garantizar las condiciones para el diálogo

El lunes 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con otros movimientos y organizaciones sociales, iniciaron un paro nacional.

Los argumentos del paro son la falta de acciones del Gobierno para fomentar el empleo, controlar el aumento de los precios de bienes esenciales, asegurar la cobertura y los insumos para servicios públicos de educación y salud, y detener la creciente inseguridad.

En 2021, la Conaie había asistido al Palacio de Carondelet a dialogar con el Presidente de la República, sin que de esos encuentros se hayan concretado acciones para dar atención a los pedidos planteados.

Con estos antecedentes, comenzó el paro sobre la base de diez demandas:

• Congelar el precio del diésel en USD 1,50 y de las gasolinas Extra y Ecopaís en USD 2,10; y la focalización de subsidios para los sectores vulnerables. Desde el 23 de octubre de 2021, el precio es de USD 1,90 y de USD 2,55, respectivamente.

La reducción solicitada impactaría en el monto destinado a subsidios, según el precio del petróleo, en por lo menos USD 1.000 millones al año.

Si el diálogo incluye un mecanismo de focalización, como se propone, el impacto sería menor; y se podría financiar mediante la optimización de otros rubros, como por ejemplo los USD 1.577 millones anuales que subsidian al Impuesto a la Renta de sociedades. Es viable, es un tema de decisión.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido la detención del presidente de la Conaie, la declaratoria del estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo 455, sobre cuya base se requisó a la Casa de la Cultura; el DE 452 que dispone a los Gobernadores fortalecer mecanismos de control para prevenir la especulación de precios; el DE 454 en que se dispone a la Ministra de Salud Pública declarar la emergencia en el sector de la salud; y el DE 456 con las siguientes políticas compensatorias:

• Disponer que la Ministra de Educación duplique el presupuesto para la educación intercultural bilingüe y etnoeducación.
• Que el Ministro de Agricultura establezca un subsidio de 50% al precio de la urea.
• Disponer al Ministro de Inclusión Económica y Social aumentar el valor del bono de desarrollo humano (BDH) de USD 50 a USD 55 mensuales, lo que implica un aumento promedio de tres centavos por persona al día.
• Que el Directorio de BanEcuador reduzca la tasa de interés de 10% al 5% para créditos vigentes por montos de hasta USD 3.000, y condonar los créditos vencidos por montos de hasta USD 3.000.
• Y disponer al Directorio de BanEcuador que autorice a su gerente general disponer de USD 100 millones para una línea de crédito de hasta USD 20.000, al 5% de interés anual y hasta 10 años plazo.

Disposiciones del presidente que no constituyen una acción efectiva, cuyos plazos y condiciones no se conocen. Medidas tomadas de manera unilateral, sin diálogo, sin responder a todas las demandas planteadas; y, que deberían ser implementadas con mecanismos de participación y veeduría ciudadana.

El gobierno no ha sabido canalizar el malestar ciudadano. Dice llamar al diálogo, pero limita y reprime la movilización social.

Para dialogar, se deben dar condiciones: garantizar la presencia y seguridad de los manifestantes, y la posibilidad de manifestarse de manera pacífica (derogar el estado de excepción); el reconocimiento de la Conaie como el actor legítimo para el diálogo (detener la persecución a sus dirigentes) y de la agenda de diez puntos como los temas sobre los cuales dialogar (dar respuesta a la Conaie y fijar fecha para el diálogo); y una metodología y mediación aceptada por las partes, que puede ser encargada a la Asamblea del Sistema de Educación Superior y al Sistema de Naciones Unidas.

Que se logre o no el diálogo es una responsabilidad del gobierno. En sus acciones refleja su naturaleza democrática o autoritaria.