Acción de protección, la herramienta para poner o quitar autoridades

A partir de una acción de protección, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) iniciará otro proceso de selección, con la segunda terna enviada por el presidente Guillermo Lasso, para designar al próximo superintendente de Bancos.

El primer proceso dio como resultado la designación de Raúl González. Pero, no pudo posesionarse porque una orden judicial se interpuso.

La jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, aceptó el 1 de agosto la acción de protección que presentó Michelle Guerra contra el Consejo, por una vulneración del debido proceso, seguridad jurídica y participación.

Primero, el 27 de julio, la jueza acogió la medida cautelar solicitada y suspendió la posesión de González en la Asamblea Nacional. Y, posteriormente, dictaminó que el Cpccs declare nulo el proceso y pida una nueva terna al Primer Mandatario.

El presidente del Consejo, Hernán Ulloa, solicitó inmediatamente la nueva terna. Y el presidente Lasso envió la lista de los nuevos postulantes el 5 de agosto, con la cual Ulloa pretende avanzar en la nueva designación.

Pese a ello, el 6 de agosto, una nueva orden judicial entró en escena señalando lo contrario. El juez John Rodríguez, titular de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Jacinto de Yaguachi, en Guayas, aprobó otras medidas cautelares a favor de González.

El magistrado ordenó a la Asamblea Nacional que posesione inmediatamente al nuevo superintendente de Bancos designado en el primer proceso. Además, advirtió al pleno del Consejo que se abstenga de conocer y tratar una nueva terna.

Pese a ello, Ulloa advirtió que acatará lo estipulado en la primera acción de protección e iniciará un nuevo proceso de designación para la Superintendencia de Bancos. Además, explicó que paralelamente esperarán que se resuelva la apelación en segunda instancia.

"Una medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial, este es un candado que existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para evitar el abuso del derecho", dijo Ulloa sobre la segunda acción de protección.

Ulloa convocó a una sesión extraordinaria el domingo 7 de agosto, para continuar con el proceso de designación sobre la Superintendencia de Bancos, pero no tuvo quórum para llevarla a cabo.

Al final, el presidente del Cpccs tuvo razón. La tarde del 8 de agosto, el juez Rodríguez emitió una nueva resolución. Revocó las medidas cautelares a favor de González y dejó sin efecto su decisión inicial.

El magistrado culpó al proponente y lo acusó de hacerlo cometer un error de mala fe al no mencionar la sentencia del 1 de agosto.

Procesos y concursos retrasados

Este retraso en la designación obliga a que la titularidad de la Superintendencia de Bancos siga doblemente subrogada, después de la destitución de Ruth Arregui y la posterior renuncia de Rosa Guerrero.

A los problemas institucionales se suman otras siete entidades que esperan, meses o años, a que el Consejo de Participación Ciudadana seleccione a sus nuevas autoridades.

Otras acciones de protección

Este enredo legal con la Superintendencia de Bancos no es el único. El mismo Hernán Ulloa llegó a la Presidencia del Consejo de Participación valiéndose de una acción judicial.

La pugna por la Presidencia del Cpccs llegó a los tribunales cuando Sofía Almeida fue destituida del cargo, el 27 de enero, por cuatro de los siete vocales del organismo. Entonces presentó una acción de protección para evitar la medida.

El 30 de enero, Almeida presentó, vía correo electrónico, una medida cautelar ante la jueza titular de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón (Guayas), Karly Vargas Alvarado, quien aceptó la acción constitucional y dejó sin efecto las decisiones del pleno.

Pero Ulloa presentó una solicitud de revocatoria de las medidas cautelares. Y, el 7 de febrero, la jueza Larissa Ibarra aceptó la petición y ordenó la revocatoria, después de lo cual el Consejo eligió a sus nuevas autoridades, con Ulloa a la cabeza.

Ibarra es la misma jueza que aceptó la acción de protección en contra del Cpccs y que le costó el nombramiento a González como Superintendente de Bancos.

En la lista también están las medidas judiciales tomadas por la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien fue destituida del cargo el 31 de mayo, por un supuesto incumplimiento de funciones.

Para ese entonces, Llori ya había intentado salvar su puesto acudiendo a los tribunales.

El 5 de abril, un Tribunal de Garantías Penales de Quito otorgó medidas cautelares a favor de la entonces presidenta de la Asamblea, para que no se cree una comisión que investigue las actuaciones del Consejo de la Administración Legislativa (CAL)

El segundo intento de evaluar la gestión de Llori también fue llevado a la justicia. El 14 de abril, la funcionaria interpuso una acción de protección en contra de cinco vocales del CAL. Pero la jueza Raquel Herrera rechazó el pedido el 10 de mayo.

Pero la legisladora por Pachakutik no se dio por vencida y, el 5 de agosto, ingresó un tercer recurso: una acción de protección contra Virgilio Saquicela, actual presidente; Pamela Aguirre, Peter Calo, Lucía Placencia, John Vinueza y Pedro Zapata, miembros de la comisión que recomendó su destitución.

Esta última petición aún no ha obtenido una respuesta judicial.