El Gobierno no insistirá en el envío de proyectos legales a la Asamblea, a la vez que el veto total le sirve para frenar las normativas aprobadas que no van con sus intenciones políticas.
Las advertencias del presidente Guillermo Lasso siguen en pie. En marzo, el Mandatario dijo que gobernaría a través de decretos ejecutivos, reglamentos y otras herramientas, “sin considerar que existe la Asamblea Nacional”.
Esa aseveración es cada vez más real. En los pasillos de Carondelet no se considera como una posibilidad enviar nuevos proyectos de ley al Parlamento. Tampoco sucederá con los proyectos que fueron devueltos e iban a ser ajustados antes de reenviarlos.
En esa lista están, por ejemplo, las prometidas leyes de inversión y la laboral. La primera ya quedó descartada: el Gobierno se enfocará en impulsar la inversión a través de resoluciones, acuerdos y reglamentos.
El Pleno de la Asamblea, este 26 de noviembre de 2021, durante el segundo debate de la reforma tributaria. AN
En cuanto a la reforma laboral, considerada una prioridad para el Ejecutivo, tampoco existe la intención de remitir su nueva versión al Legislativo. En Carondelet están seguros de que, con el nuevo escenario político, no hay posibilidad de que obtengan los votos de respaldo.
Para este tema, el Ejecutivo incluso abrió una mesa de diálogo con las centrales sindicales, que pelean por un nuevo código laboral desde el cambio de la Constitución.
Pero, al considerarla una parte importante para impulsar su plan de gobierno y sus promesas electorales, en Carondelet se analiza la posibilidad de aprobarla a través de una consulta popular.
La organización de esta propuesta presidencial está en manos del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien contó a PRIMICIAS que, en este nuevo momento, la consulta se enfocaría en temas de seguridad, principalmente. Por lo que la reforma laboral podría ser el ‘bonus track’.
Según el funcionario, la propuesta estaría lista en 2023, para incluirla en el proceso de las elecciones seccionales de febrero, y así evitar el costo de un proceso exclusivo con ese fin.
Una relación entre vetos y archivos
El Ejecutivo no quiere que sus proyectos sigan siendo archivados o descartados en la Asamblea, como sucedió con la ‘megaley’ (contenía las reformas tributaria, laboral y de inversiones) y el proyecto centrado en las inversiones.
O como su proyecto de libertad de expresión, que no obtuvo los votos la tarde de este 21 de julio; y el triunfo se lo llevaron Pachakutik y el correísmo, que aprobaron sus reformas a la Ley de Comunicación.
Por ello se espera un veto total a ese proyecto por parte del Ejecutivo, que horas antes tomó la misma decisión sobre la derogatoria de la Ley Humanitaria. Esa normativa aprobada en el periodo anterior seguirá vigente, al menos, durante un año, ya que la Asamblea no podrá tratarla durante ese plazo.
Lasso ha frenado las intenciones del Legislativo en otras dos ocasiones, con el veto total a las reformas a la Ley de la Contraloría y a la Ley de Educación Intercultural, pero esta última revivió por decisión de la Corte Constitucional, que rechazó los argumentos del Mandatario.
Mientras tanto, los proyectos de educación superior y de uso progresivo de la fuerza siguen en las respectivas comisiones para su trámite.
El único que pudo superar al Legislativo fue la reforma tributaria, que entró en vigencia porque no hubo los votos para archivarlas, por lo que ‘quedaron en el aire’.
El cambio en el escenario político
Desde la advertencia de romper relaciones con el Legislativo, el Mandatario enfrentó un paro nacional, un intento de destitución y tuvo que instalar de 10 mesas temáticas y aceptar numerosas concesiones a los sectores indígenas y campesinos. Entre ellas, bajar el precio de los combustibles.
A ese convulso escenario se suma la reciente reconfiguración de las fuerzas políticas dentro del Legislativo, el oficialismo cada vez tiene menos aliados en el hemiciclo. Y perdió su influencia sobre el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Ahora el correísmo y los ‘rebeldes’ de Pachakutik suman la mayoría de votos, a los que se unen ocasionalmente el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID), como quedó demostrado en la votación que reestructuró el CAL.
Las dos primeras agrupaciones incluso juntaron sus firmas para pedir el inicio de un juicio político contra el cuestionado ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien lideró la estrategia del gobierno en las calles, durante las movilizaciones.
Después del paro, el ministro Jiménez, encargado de buscar acercamientos y acuerdos con los diferentes actores políticos, sociales e institucionales, dijo que uno de sus objetivos sería recomponer esa relación rota.
Sin embargo, dentro de Carondelet, el Ejecutivo mira con mayor realismo el escenario actual y no tiene intenciones de acudir al Legislativo para cristalizar sus metas.
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