La Asamblea acumula cientos de proyectos de ley represados desde anteriores periodos legislativos. Sólo en los últimos dos años se presentaron más de 500, de esos apenas se aprobaron unos 40.
La Asamblea, que se instaló el pasado 17 de noviembre de 2023, tiene el reto de despachar los cientos de proyectos que se acumulan sin trámite.
Hay más de 500 propuestas de ley que reposan a medio trámite en el Legislativo, y el nuevo presidente, Henry Kronfle, ha anunciado que espera poder irlos evacuando en estos 18 meses.
El tema no es nuevo. Cada que se inaugura un nuevo periodo legislativo, los nuevos asambleístas hablan de despachar el trabajo represado de anteriores años. Sin embargo, los legisladores constantemente presentan nuevos proyectos de ley, y buscan darles prioridad para que su trámite avance.
Por esta razón, al cierre de cada período legislativo quedan cientos de proyectos a medio trámite; algunos de ellos, sólo con la calificación del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), el primer paso del proceso legislativo.
Sólo en el último periodo legislativo, que duró apenas dos años, más de 500 proyectos fueron presentados por los asambleístas. Y de ellos, menos del 7% ha superado todo el trámite y ha logrado ser publicado.
Las prioridades dependerán de la agenda legislativa, que Kronfle debe fijar en los próximos dos meses en conjunto con los miembros del CAL, los presidentes de las comisiones y los representantes de las bancadas.
Además, Kronfle anunció la creación de una unidad de seguimiento de la ley, que pueda ayudar a mover el trámite de los proyectos represados en la Asamblea.
Los proyectos de la anterior Asamblea
Entre mayo de 2021, cuando se posesionó la anterior Asamblea, y mayo de 2023, cuando Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada, los asambleístas presentaron 556 proyectos de ley. La mayoría de estos proyectos ha avanzado muy poco en su trámite.
De acuerdo a los datos de la página web de la Asamblea, apenas 39 lograron superar todas las fases y llegaron a ser publicados. Otros pocos fueron retirados, negados o archivados. Esto quiere decir que el actual periodo legislativo tiene 522 proyectos de ley que debería tramitar.
A esto se le suman cientos de propuestas de periodos legislativos pasados, que aún están en proceso. Según la web de la Asamblea, hay 581 proyectos de ley que están en trámite para primer debate dentro de las 15 comisiones permanentes; es decir, que no tienen ni siquiera informe para primer debate y no han llegado al Pleno todavía.
Y el trámite de despacho de todo este trabajo represado deberá llevarse a la par de los temas coyunturales que tendrá la nueva Asamblea: los proyectos económicos urgentes que el presidente Daniel Noboa ha anunciado y las iniciativas que planteen los mismos asambleístas.
Los legisladores, además, podrán pedir la revisión de los decretos-ley que Lasso pasó en estos meses: entre ellos, la reforma tributaria y la ley de zonas francas, que pasó parcialmente la revisión de la Corte Constitucional.
Además, los legisladores deberán dar trámite a la enmienda constitucional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, que ya tiene informe para segundo debate.
La agenda de fiscalización
La Comisión de Fiscalización, que será presidida por la correísta Pamela Aguirre, deberá acoger el trabajo pendiente de la anterior, que era dirigida por Fernando Villavicencio (+).
El primer pendiente es el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que estaba en debate en el Pleno cuando aplicó la muerte cruzada. Sobre esto, según anunció Kronfle, el CAL deberá tomar una decisión sobre si continuarlo o desecharlo.
Además, Fiscalización tenía a la cola varios juicios políticos, que se deberán ir despachando en orden cronológico:
- Contra cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Contra cuatro exfuncionarios del gobierno de Lasso, señalados por la muerte de María Belén Bernal.
- En contra de los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Fausto Murillo.
A estos se les sumarán las propuestas que planteen los nuevos asambleístas. Por ejemplo, se ha anunciado un proceso de fiscalización en contra del CNE por los problemas con el voto telemático.
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