La Asamblea intenta fortalecer la fiscalización aunque acumula deudas

El Legislativo conformó un Comité de Ética que se encargará de analizar las posibles destituciones de asambleístas. Mientras el presidente, César Litardo, no da paso a la conformación de la comisión que analizará la situación de Karina Arteaga, ni al informe de investigación sobre los carnés de discapacidad.

Ya de salida, la Asamblea se esfuerza en mejorar su imagen. A menos de un mes de inicio de la campaña electoral, en la que 38 actuales asambleístas buscarán la reelección, el Pleno designó al Comité de Ética, que se encargará de las investigaciones de denuncias para la destitución de legisladores.

Los cinco miembros fueron seleccionados este 1 de diciembre de 2020.Y ellos se encargarán, de ahora en adelante, de las investigaciones internas sobre asambleístas señalados por incurrir en las prohibiciones constitucionales y legales.

Pero, de hecho, la Asamblea tiene una investigación de este tipo pendiente desde febrero pasado: la denuncia contra Karina Arteaga (ex Alianza PAIS) para su destitución, por ser acusada de la gestión de cargos públicos. Y no es el único tema.

Fiscalización, en el cajón

El pendiente más antiguo en materia de fiscalización es el de Arteaga. En este caso, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) dio paso a la denuncia en febrero pasado. Pero hasta ahora, el presidente de la Asamblea, César Litardo (Alianza PAIS), no ha convocado al Pleno para integrar la comisión multipartidista que investigue su caso.

Esta denuncia incluso es más antigua que las presentadas contra Daniel Mendoza (ex AP) y Eliseo Azuero (BADI), ya destituidos por la Asamblea durante la pandemia.

La misma Arteaga cumple arresto domiciliario, después de que el Pleno le levantara la inmunidad parlamentaria para que sea procesada penalmente por el presunto delito de concusión.

Y no es el único tema represado. Litardo también tiene en el cajón el informe sobre las irregularidades en el otorgamiento de los carnés de discapacidad.

Este documento recomendó la investigación a Fabricio Villamar (independiente), por la presunta obtención fraudulenta de su carné. También recomendó el inicio de un juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos; contra la exministra Catalina Andramuño, y contra el director del Conadis, Javier Torres.

También están pendientes los cinco juicios políticos en contra del exministro de Finanzas, Richard Martínez, que aún no comienzan el trámite en Fiscalización. Y el nuevo político contra la exministra de Gobierno, María Paula Romo.

El nuevo proceso de investigación de asambleístas

Los miembros del recién designado Comité de Ética deberán escoger entre ellos a un presidente para comenzar su trabajo. Con esto, comenzará el nuevo trámite de denuncias para destitución de asambleístas en el caso que hayan incumplido con la Constitución y la Ley.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa cambiaron el proceso de investigación de denuncias internas. Hasta ahora, era necesario crear una comisión multipartidista integrada por tres legisladores, que realizaba la investigación y presentaba un informe.

Ahora, el proceso será distinto:

En primer lugar, para presentar una denuncia en contra de un legislador, el asambleísta denunciante deberá contar con el apoyo del 10% del Pleno, es decir, 14 asambleístas. Además, la denuncia deberá contener el reconocimiento de firma ante una notaría.
Entregada la denuncia, el presidente de la Asamblea tendrá tres días para ponerlo en conocimiento del CAL, y este organismo tendrá cinco días para su calificación.
Calificada la denuncia, esta debe pasar en cinco días al Comité de Ética, que debe avocar conocimiento y notificar al asambleísta denunciado, para que presente sus pruebas de descargo.
Tras analizar las pruebas, el Comité deberá aprobar un informe que recomiende la destitución del asambleísta o el archivo de la denuncia.
Cinco días después de entregado el informe a Presidencia, deberá convocarse al Pleno de la Asamblea. La destitución sucederá con el voto de la mayoría calificada (2/3 del Pleno, es decir, 91 votos).