El Legislativo instaló una mesa de trabajo tripartita para analizar la reforma al Reglamento a la Ley Humanitaria, y zanjar el problema con los médicos. Otras tres leyes aprobadas por la Asamblea también tienen líos en su aplicación, principalmente, por la falta de recursos.
La desconexión entre el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo quedó en evidencia en estos días con la instalación de la mesa tripartita para buscar una salida frente a los reclamos del sector médico por el Reglamento a la Ley Humanitaria.
La falta de recursos para implementar lo escrito en la ley han complicado la aplicación de lo escrito en la normativa. Pero, ese no es el único caso.
Al menos, cuatro leyes aprobadas por la Asamblea están en problemas por la falta de recursos: la de desaparecidos, la de violencia contra la mujer, la de la circunscripción especial Amazónica y la Humanitaria. En todos los casos hay reclamos porque las leyes han quedado en papel.
El más actual es el de la Ley Humanitaria. La normativa incluye en su artículo 25 la obligatoriedad de contratar al personal de salud que trabajó la época más dura de la pandemia de coronavirus en el país. El artículo dice:
«Como excepción, y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo (…) previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo»
Ley Humanitaria, artículo 25
El problema es que, aunque la ley habla de los nombramientos definitivos, el reglamento emitido por el presidente Lenín Moreno condiciona estas contrataciones.
Además, no hay dinero para cumplir con esas contrataciones, lo que generó manifestaciones de los trabajadores de la salud. El recientemente posesionado ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, aseguró que los recursos externos que está recibiendo el país de organismos internacionales no se pueden usar para estas contrataciones.
Un reglamento de dos meses que camina a la reforma
Tras dos movilizaciones de los médicos y el personal de salud, en la Asamblea se instaló este 28 de octubre de 2020 una mesa de trabajo tripartita, que trabajará en la reforma al Reglamento de la Ley Humanitaria.
El consenso de momento es reformar, al menos, dos artículos del reglamento por pedido de los gremios de la salud: el 10 y el 40. Estos condicionarían la aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria, relacionado con los nombramientos definitivos del personal de salud que laboró durante la emergencia sanitaria.
El problema es que no hay recursos para contratarlos y el Ministerio de Finanzas se mantiene en ello. El representante de esa cartera habló de la crisis que atraviesa el país y los ajustes necesarios que hace el Gobierno.
Aún así, aseguró ante la comisión tripartita que la idea es garantizar «un ingreso paulatino de los funcionarios» para mantener sosteniblidad fiscal.
Aunque la ley fue de iniciativa del Ejecutivo, este artículo nació en el debate en la Asamblea. Sin embargo, el presidente Moreno no lo vetó cuando tuvo la oportunidad.
En un plazo no mayor a 48 horas, los integrantes de la mesa deben entregar por escrito sus propuestas para su sistematización. Estas entrarán en análisis en la sesión del miércoles 4 de noviembre, después del feriado.
Otras leyes en problema para su implementación
La Ley Humanitaria no es la única que se encuentra trabada por la falta de recursos. Hay, al menos, tres normativas más que no logran ser implementadas y que generan reglamos de diferentes sectores.
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Ley de Desaparecidos
La Asamblea aprobó la Ley de Actuación en casos de Desaparecidos en diciembre de 2019. Esta incluye la creación de un sistema informático que centralice información de varias instituciones públicas, donde estén los datos de las personas desaparecidas, no localizadas, encontradas sin identificar.
Además, crea un sistema nacional de personas desaparecidas o extraviadas, integrado por la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, que debe trabajar en políticas, planes y programas.
Pero, hasta ahora el Ejecutivo no ha emitido el Reglamento de la ley, que permitirá poner en operación estos sistemas.
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Ley de Violencia contra las mujeres
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue expedida en enero de 2018. Pero casi tres años después, esta aún no se logra implementar.
Esta normativa creó el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo órgano rector es la Secretaría de Derechos Humanos y está conformado por varias instituciones estatales. Sobre este Sistema, el artículo 17 de la ley dispone al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar la asignación de presupuesto a cada una de las entidades que lo conforman.
Pero, según denunció la Defensoría del Pueblo, no hay recursos para implementarlo.
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Ley Amazónica
La Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica creó un fondo común, que se financia con las siguientes asignaciones:
- 60% de regalías mineras incluidas las que podrían pagarse anticipadamente.
- 3% de venta en contratos de prestación de servicios.
- 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de operación.
- 12% de utilidades de generadoras de capital privado y de economía mixta.
- 12% de las utilidades de la actividad hidrocarburífera.
- Los excedentes o parte del superávit o exceso los ingresos sobre los gastos que generen las empresas públicas operadoras de sectores estratégicos.
Según las cifras que presentaron los gobiernos locales amazónicos a inicios de mes, el Gobierno adeuda USD 118 millones para este fondo.
Un seguimiento de las leyes aprobadas
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que están a la espera del veto del Ejecutivo desde el pasado 5 de octubre, incluyen la creación de una Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Ley.
Este órgano busca «promover la eficacia de las leyes y fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las leyes».
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