El Ministerio de Finanzas debe cancelar USD 30 millones al GAD de Guayaquil hasta este viernes 2 de octubre de 2020, tras un nuevo fallo judicial. Otros municipios plantean realizar demandas similares, asegura la AME.
Hay un nuevo episodio de enfrentamientos entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central. Todo ocurre tras el fallo judicial que obliga al Ministerio de Finanzas a cancelar USD 30 millones al Cabildo guayaquileño hasta el viernes 2 de octubre de 2020.
El monto es por concepto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que debe realizar el Gobierno a cada municipio del país.
La transferencia de este impuesto se contempla en el artículo 177 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
En total, el Gobierno adeuda alrededor de USD 351,9 millones por concepto de devolución del IVA a los 221 municipios de las 24 provincias del país.
Así lo señala la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) en un informe entregado a la Comisión de Gobiernos y Descentralizados de la Asamblea el pasado 24 de agosto de 2020.
Según el presidente de la AME, Raúl Delgado, la acción de protección ganada por el Municipio de Guayaquil “sienta un precedente para que otros Cabildos reclamen los valores pendientes”.
“Entiendo que otros Municipios de la Costa ya están pensando en seguir la misma vía”, dice Delgado. Agrega que los Gobiernos Autónomos Descentralizados recurrirán a las instancias legales para reclamar los pagos pendientes, porque los atrasos son constantes, pese a las reuniones con Finanzas.
“Justo el 29 de septiembre nos reunimos con personal del Ministerio de Economía y Finanzas; nos dijeron que la próxima semana llegaban recursos del exterior y que nos asignarían una parte, pero no dijeron cuánto”, señala Delgado, quien también es alcalde del cantón Paute (Azuay).
En el caso de este cantón azuayo, la deuda por devolución del IVA es de USD 500.000. Como indica Delgado, mientras más grande es el Municipio, mayor es la recaudación y los valores adeudados.
Por ello, según el reporte de la AME, solo los municipios de Pichincha y Guayas concentran el 40% de la deuda del Gobierno.
Una demanda por cada Municipio
La orden de cancelar los USD 30 millones al Municipio guayaquileño en realidad se trata de un alcance a una acción de protección que ganó este Cabildo en enero de 2020.
Como explica el Procurador Síndico del Municipio, Cristian Castelblanco, en la demanda planteada a principios de año la sentencia era el pago acumulado de USD 104 millones. Este dinero correspondía a los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019.
Lo que sucedió, reitera Castelblanco, es que el Ministerio de Economía pagó una parte de la deuda, “pero volvió a retrasarse en un monto que suma los USD 30 millones hasta abril de 2020″.
1. Se dispone que el Ministerio no vuelva a repetir está vulneración de derechos, lo que significa que judicialmente están obligados a cumplir permanentemente con dicho pago.
— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) September 29, 2020
2. Se ordena devolver, incluso, un valor correspondiente al IVA del 2014.
¡Un gran logro para Guayaquil!
Originado el atrasado, el Municipio presentó el mismo alegato ante el juez para demandar el pago de la deuda.
La Municipalidad invoca el artículo 73 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, respecto a las asignaciones presupuestarias, que señala:
“El valor equivalente del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes y demanda de servicios les será compensado vía transferencia presupuestaria de capital”.
¿Pueden otros municipios acogerse a la misma sentencia? El abogado constitucionalista Daniel Rodríguez explica que las acciones constitucionales son interpartes. Es decir, solo se aplican para el demandante y demandado que consta en la sentencia.
“Cada cada GAD o Municipio deberá resolver si interponer acciones similares en caso de que mantenga deudas parecidas”.
En todo caso, agrega, sí se crea un precedente: es la vía para actuar porque ya se ha creado jurisprudencia al respecto.
Reformas a las leyes vigentes
El mismo artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario especifica que la devolución del IVA se hará “en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas (SRI)”.
Es decir, no hay un tiempo exacto para que el pago se transfiera a las cuentas de cada Municipio. Por ello es que el titular de la AME, Raúl Delgado, expresa que es necesario una reforma a esta ley y al Cootad.
“Es lo que hemos propuesto desde el año pasado a la Asamblea, porque no hay un plazo específico que diga cuándo deben cancelar”.
Fue así que el pasado 30 de enero de 2020 la Asamblea retomó el primer debate de reformas del Cootad, a raíz de la acción de protección que ganó el Municipio de Guayaquil.
La propuesta del bloque socialcristiano es que los dineros de la devolución del IVA no ingresen a las cuentas del Estado, sino que se transfieran directamente desde el SRI a cada Municipio.
¿Qué dice Finanzas sobre las demandas? En enero pasado, la Cartera de Estado pidió que se deseche la acción jurídica impulsada por la alcaldesa Cynthia Viteri.
Sobre el nuevo fallo judicial, aún no hay un pronunciamiento oficial. Pero en los registros de la demanda, Finanzas argumenta que “el Estado no tiene los recursos y que el país está en crisis”.
También se explica que existe una discrecionalidad en la norma (ley de Régimen Tributario) para establecer el plazo y modo de devolver los valores por concepto de IVA.
Más deudas pendientes
En efecto, son momentos complicados para el Gobierno. Debido a la crisis económica y el impacto de la pandemia, el Estado necesita al menos USD 13.500 millones para financiarse.
Dentro de estas necesidades están los pagos a los gobiernos seccionales, trabajadores del sector público y proveedores. Datos de Finanzas estiman que los atrasos ascendían a USD 3.963 millones hasta agosto de 2020.
Por otra parte, la devolución del IVA no es el único pendiente del Gobierno con los municipios. También hay valores adeudados por las asignaciones presupuestarias.
Entre enero y agosto de 2020, los atrasos con los Cabildos suman USD 377 millones. Aunque la AME registra una deuda acumulada por USD 1.126 millones.
Delgado, titular de la AME, destaca la cordialidad de Finanzas para dialogar y establecer los cronogramas de pago. Pero agrega que las transferencias se realizan lentamente. Por ello, preparan una nueva cita con el Ejecutivo para el próximo 8 de octubre en Guayaquil.
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