Menos cantidad y mayor calidad, el argumento para achicar la Asamblea

La pregunta cuatro de la propuesta de referendo del presidente Guillermo Lasso trata sobre la Asamblea Nacional. El Ejecutivo plantea la reducción de sus miembros bajo el argumento de mejorar la representatividad y la calidad legislativa.

La propuesta explica que, de no enmendarse la Constitución, la Legislatura pasará de 137 asambleístas a unos aproximadamente 152 en 2025. Esto ocurrirá porque el número de representantes crecerá de acuerdo a la población, cada vez que se realice un censo.

Así, el Ejecutivo propone modificar el artículo 118 de la Constitución y plantea que la conformación del Parlamento sea:

• Dos asambleístas elegidos por circunscripción nacional por cada millón de habitantes.
• Un asambleísta por cada provincia y uno más por cada 250.000 habitantes.
• Y un asambleísta por cada circunscripción del exterior por cada 500.000 que residan en el exterior.

Para ello, el Mandatario entrega esta pregunta:

Contexto y antecedentes

El planteamiento llega en medio del enésimo intento de recomponer o, al menos, destrabar la tumultuosa relación entre ambas funciones del Estado.

Hasta el momento, los proyectos de ley remitidos por el Mandatario han sido recibidos con resistencia en la Asamblea. La mayoría ha sido rechazado o está a la fila esperando su tratamiento.

Con ese escenario, en marzo pasado, el presidente Lasso advirtió que iba a gobernar a través de decretos ejecutivos, sin considerar que la Asamblea existe.

Además, la Corte Constitucional (CC) ya se ha pronunciado, en ocasiones previas, sobre este tipo de intenciones.

Según los magistrados, la enmienda sí se puede tramitar con un referendo, si no perjudica el criterio territorial y poblacional de todas las provincias para determinar el número de asambleístas, ni involucra la restricción de derechos o garantías constitucionales.

Los argumentos de Lasso

Las quejas desde el Gobierno central han sido constantes y el presidente Lasso, al hacer el anuncio, advirtió que "hace falta menor cantidad y mucha calidad en los asambleístas". Y que esto servirá para "mejorar la vigilancia ciudadana sobre ellos".

También dijo que la reducción dejaría el Parlamento con un número cercano a 100 legisladores, pero esto no sucederá.

El cálculo del Ejecutivo, para dar esa cifra, se hizo con el censo poblacional de 2010. Pero teniendo en cuenta las proyecciones para el censo de 2022, si la pregunta se aprueba, el mismo cálculo oficial es de unos 116 legisladores.

Además, no topa el problema de fondo: el débil y problemático sistema partidista.

De todas formas, según las justificaciones del Gobierno, presentadas a la Corte, hay dos problemas clave con la Asamblea:

• El deficiente modelo de representatividad y proporcionalidad en su conformación.
• Y la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía en su gestión.

Por ello, el Ejecutivo afirma que "esta enmienda está buscando fortalecer la institucionalidad del país".

Y que con la reducción el Parlamento tendrá una mejor representación, podrá ejecutar sus labores de forma más eficiente y, eventualmente, ganar la confianza de sus mandantes.

Además, según el Ejecutivo las reformas electorales, especialmente la que crean distritos en las provincias más pobladas, se "han creado mecanismos de división que distorsionan y promueven la polarización".

Otra de las justificaciones señala una sobrerrepresentación de ciertas provincias y pone como mayor ejemplo la diferencia de habitantes y legisladores entre Guayas y Galápagos.

La primera tiene más de 3,6 millones de habitantes y asigna 20 escaños. La segunda tiene 24.065 y asigna dos escaños. Esto pese a que Guayas tiene 151.48 veces más población que Galápagos. En la práctica, el voto de un galapagueño vale 15,14 veces más que el de un guayasense.

Además, el Ejecutivo aprovecha la desacreditada imagen institucional y desaprobación del Legislativo. Y pone sobre el escenario el costo que implica para "los contribuyentes" mantener cada curul: USD 15.825 dólares.

Nota de la redacción: esta nota fue publicada el 19 de septiembre, cuando el Gobierno dio a conocer su propuesta de referendo, y fue actualizada el 1 de diciembre, después de la convocatoria con las preguntas aprobadas.

También le puede interesar: