La nueva Asamblea deberá definir una agenda legislativa como una de sus primeras acciones. Los nuevos asambleístas ya definen prioridades para el año y medio que estarán en el cargo.
La nueva Asamblea Nacional entrará en funciones en los próximos meses. Uno de los primeros acuerdos que deberá existir es la agenda legislativa que enrumbe el trabajo de los asambleístas.
Tras la instalación del nuevo Legislativo, prevista como máximo para diciembre, los asambleístas tendrán un plazo máximo de 60 días para definir su agenda legislativa. Este plazo está previsto en la Ley de la Función Legislativa.
Esta agenda deberá ser consensuada entre el nuevo presidente de la Asamblea, los vicepresidentes, los vocales del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y los presidentes de las comisiones. Todo estos cargos se deberán definir en la sesión inaugural.
Las prioridades que marque la Asamblea servirán para el año y medio en funciones que tendrán los legisladores. Y deberán coordinarse también con quien sea electo presidente el próximo 15 de octubre, entre los candidatos Luisa González y Daniel Noboa.
Las prioridades de los asambleístas
La próxima Asamblea tendrá al menos cuatro bancadas: Revolución Ciudadana, Construye, ADN y el Partido Social Cristiano (PSC). Estos bloques llegan con sus propias propuestas, ya anunciadas durante la campaña electoral e incluidas en sus planes de trabajo.
En estas, ya se puede ver un consenso en los temas que serán prioridad: seguridad y empleo. Aunque las propuestas puntuales difieren entre bancadas.
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Seguridad
Revolución Ciudadana plantea nuevas reformas al Código Integral Penal, que creen nuevos delitos como coyoterismo y enfrenten el problema de la liberación de personas relacionadas con grupos de delincuencia organizada. En su plan también están nuevas leyes para combatir la usura y el contrabando.
Mientras que Construye propone una Ley de Inteligencia y de Contrainteligencia, y retomar el debate reforma a la Ley de Extinción de Dominio, la ley de creación de la Universidad de la Policía, y reformas al uso progresivo de la fuerza.
Desde el lado del PSC, se enfocan en asegurar que el presupuesto asignado para seguridad se ejecute. Además, en su plan de trabajo hablan de una reforma a una muy antigua Ley de Armas, para poder encaminar a Ecuador hacia un libre porte de armas de fuego.
ADN, de su lado, plantea avanzar en la reforma constitucional (que ya está en trámite) para que las competencias de las Fuerzas Armadas también sean en el orden interno, como fuerza complementaria a la Policía Nacional.
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Empleo
El eje de creación de empleo es el más desarrollado en las propuestas legislativas de ADN. Esta bancada sugiere reformas legales para fortalecer los emprendimientos, inclusión de pescadores y agricultores, reinserción de los desempleados y reactivación del turismo. Además de exoneraciones tributarias a cambio de generación de plazas de empleo.
El PSC propone una modificación al Código del Trabajo, para que se pueda trabajar por una fracción de la jornada laboral y que la afiliación sea por esa fracción, accediendo a todas las prestaciones en forma proporcional. También plantean incentivos para los secores pesqueros, agricultores y de la economía popular y solidaria.
Construye, en cambio, anuncia mejor financiamiento para medianas y pequeñas empresas.
Mientras que Revolución Ciudadana se enfoca en un nuevo Código del Trabajo, que abarque nuevas formas de trabajo, ancladas a plataformas electrónicas o vinculadas a la relocalización. Además, propone impulso a la productividad en el sector agrícola y agropecuario, a los procesos de industrialización y semi industrialización.
El trabajo represado y el juicio político
La Asamblea que fue disuelta con la muerte cruzada dejó al menos 500 proyectos en trámite, que están pendientes para su resolución en el nuevo periodo legislativo.
Entre estos proyectos represados están la iniciativa de Ley de Aguas, enviada por el presidente Guillermo Lasso en los días previos a la firma de la muerte cruzada, por mandato de la Corte Constitucional.
Además, la nueva Asamblea deberá decidir si entra a analizar la última reforma tributaria, que fue enviada por Lasso como decreto ley tras la muerte cruzada.
En diciembre, además, se desbloquea el veto a la derogatoria de la anterior reforma tributaria, que la disuelta Asamblea intentó pasar.
Y también queda pendiente la resolución sobre si se continuará o no el proceso de juicio político contra Lasso, que ya estaba en el Pleno en debate.
Lasso y la nueva Asamblea deberán convivir un corto tiempo, por lo que el Presidente podría enviar dos proyectos más que están pendientes en su Gobierno: la reforma laboral y la reforma a la seguridad social.
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