La presidenta del CNE habla sobre la planificación de las elecciones seccionales de 2023, su costo y las reformas que hacen falta en el Código de la Democracia.
La planificación de las elecciones seccionales de 2023 ya está en camino. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta actividades, para evitar los retrasos y problemas que hubo en la planificación de las presidenciales del 2021, por la pandemia.
Su presidenta, Diana Atamaint, habló sobre los aprendizajes que dejó para la institución la realización de elecciones en medio de la emergencia sanitaria.
Aseguró que ya están en diálogos con las autoridades del Ejecutivo para establecer el presupuesto de los nuevos comicios. En este, a su criterio, necesariamente se deberá incluir el costo de la renovación de equipos tecnológicos, para reemplazar los actuales que están obsoletos.
¿En qué ya se ha avanzado de la planificación de las elecciones y qué se viene para los próximos meses?
Hemos trabajado ya con las áreas técnicas y con las direcciones desconcentradas a nivel nacional en todas las provincias para levantar las directrices que ya fueron aprobadas por el Pleno del CNE. Ahora, estamos dando la última revisión tanto al presupuesto como al plan operativo y al calendario electoral.
El calendario, es importante mencionar, tiene que ser consensuado con el Tribunal Contencioso Electoral, y esperamos que la próxima semana tengamos ya una sesión con los dos Plenos, que tiene que ser pública. De haber recomendaciones de parte del TCE, el CNE las recogerá para aprobarlo.
Aspiramos que todo esto pueda hacerse a finales de enero, puesto que ya en febrero iniciaremos el periodo electoral, de acuerdo a las proyecciones que tenemos.
En las elecciones 2021, hubo problemas con el TCE justamente por los plazos del calendario. ¿Sí se tomaron en cuenta todos los tiempos esta vez?
Ahora hemos tenido el cuidado de mirar todos los plazos que pone la ley. Estas son cosas que a nosotros nos tiene muy atentos, porque hay plazos para resolución de causas, hay plazos para admitir recursos tanto en la sede administrativa como sede jurisdiccional.
Nos preocupa, porque pensamos que tendremos más de 80.000 candidatos, y eso sí puede afectar en el cumplimiento de los plazos establecidos de cada uno de los hitos de calendario electoral.
Por eso tenemos que mejorar los procesos, los reglamentos sobre la realización de procesos internos o primarias. Tendremos también que mejorar en los procesos informáticos para inscribir candidaturas de forma presencial o telemática.
Pero también tenemos que trabajar en un plan de capacitación agresivo, fuerte, sobre el cumplimiento de las reformas al Código de la Democracia: por ejemplo, el encabezamiento de listas por el 30% de mujeres.
Eso es un tema que no está muy difundido, que deben conocer al milímetro las organizaciones políticas con tiempo, porque ya en las primarias tendrán que ir definiendo para cumplir este requisito, porque corren el riesgo no inscribir.
Pero estas actividades necesitan presupuesto.
La capacitación es una tarea bastante fuerte que tenemos, para no dejar todo para el último y que digan las organizaciones políticas "no conocíamos", "nunca entendimos la ley". No hay pretextos para no cumplir con los requisitos.
Y sí, estas actividades, para salir bien en el proceso, necesitan de presupuesto. Entonces estamos trabajando en mirar actividad-presupuesto juntos.
Un año antes de las elecciones parecía que habría mucho tiempo, pero para nosotros realmente son muy escasos los meses que tenemos para llegar con certezas a cada una de las fechas del calendario electoral.
¿Cómo avanzan los diálogos con Finanzas para la definición del presupuesto de las elecciones? En 2021, la relación fue muy tensa con el anterior Gobierno.
El presupuesto no está aprobado y todavía está en negociación con el Ministerio de Finanzas. Nosotros reconocemos la total apertura del señor ministro, de reunirse cuantas veces sea necesario discutir y llegar acuerdos en dónde sí hay como buscar alternativas de cooperación.
Hemos tomado nosotros como referencia el presupuesto electoral de las seccionales de 2019, porque puede ser una base general, porque hay que elegir varias dignidades. Ese presupuesto fue de USD 99,33 millones.
¿Sería un presupuesto similar?
Sobre ese referente que tenemos hay otros elementos que se suman y que
harían distinto a este presupuesto referencial para 2023. Me refiero en primer lugar a la compra de equipos informáticos, que no se hizo en 2019.
Segundo, seguimos haciendo previsiones sobre continuar con la pandemia, por lo que se debe presupuestar el kit sanitario.
Tercero: tenemos que considerar el presupuesto para realizar los debates obligatorios. Eso es algo totalmente nuevo que se va a implementar por primera vez, y eso necesita levantarse, armar la producción, porque no queremos que los debates sean un encuentro de los candidatos donde se arma un show que distorsiona el verdadero objetivo, que es informar a la ciudadanía sobre ideas, propuestas. Están previstos 37 debates en todo el país.
Además está el incremento del número de papeletas por el número de electores, y el incremento de juntas receptoras del voto porque tenemos más zonas electorales; y eso tiene una cadena de otras actividades que significa contratar más coordinadores de recinto, más coordinadores de mesa, más capacitadores, etcétera.
Estos son rubros que hacen que sea diferente al presupuesto de 2019 que hemos tomado como base. Por supuesto, el CNE mantendrá total criterio de austeridad y en el trayecto ir buscando ahorros, sobre todo en la contratación de productos y servicios a través de pujas.
¿Cuál es la situación actual de los equipos informáticos?
Tuvimos mucha oposición a la renovación de los equipos informáticos en el anterior Gobierno, porque no se entendió lo que se buscaba.
Por eso, en esta ocasión, terminamos las elecciones de 2021 e inmediatamente buscamos apoyo internacional, sobre el marco de los convenios firmados de apoyo técnico, en este caso con la OEA, para un acompañamiento.
Esto sirvió para que lo que nosotros ya sabíamos sea reforzado y especialistas nos guíen para tener un diagnóstico real con expertos, inclusive más allá de lo que nosotros habíamos identificado.
Ese trabajo ya lo tenemos: la OEA ya cumplió con esa tarea y entregó su informe hace pocos días. Con eso, ya tenemos claridad de qué es lo que debemos reemplazar.
¿Cómo afectó a las elecciones anteriores el trabajar con los equipos viejos?
Nosotros hicimos todo el esfuerzo de buscar repotenciar estos equipos, con alto riesgo de que podía pasar algo. Lo bueno fue que los proveedores de las marcas se comprometieron a tener un plan de contingencia para en el caso de que suceda alguna situación con los equipos. Gracias a Dios no sucedió.
Lo que hicimos fue darles un mantenimiento, los repotenciamos, y esto tuvo su costo menor y pudimos salir. Sí tuvimos inconvenientes, pero no impactaron el desarrollo del proceso electoral. Por ejemplo, un día se nos apagó un aire acondicionado y se fundió un equipo, que por suerte no era del proceso electoral.
Pero en este momento, esos equipos ya no soportarían la carga en el procesamiento de información para las próximas elecciones. Tanto es así que los repuestos de algunos
equipos informáticos ya no existen, ya se descontinuaron.
Usted hablaba de las capacitaciones sobre las reformas al Código de la Democracia. ¿Cómo se aplicarán los porcentajes de mujeres en listas en 2023?
Vamos a ir con ejemplos, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando, porque sí es complicado. Para estas elecciones, los partidos y movimientos deben cumplir con el 30% de presencia de mujeres en sus listas.
Un partido político nacional, como puede ser el PSC, Pachakutik o Creo puede presentar candidatos a prefectos en 23 provincias. Entonces tendría que presentar el 30% de candidatas mujeres, es decir en siete provincias. Si el partido no decide presentar en las 23, sino, digamos, en 15, debe cumplir igual ese 30%.
En el caso de los movimientos provinciales, veamos el caso de las alcaldías. Mi provincia, Morona Santiago, tiene 12 cantones. Entonces si un movimiento quiere presentar candidatos a alcalde en los 12 cantones, cuatro (30%) tienen que ser mujeres.
Por esto, las organizaciones políticas tendrían que ya ir decidiendo en qué cantones van a poner candidatas para que en las primarias compitan mujeres. Pero ya estamos viendo que en algunos cantones nos dicen "no tenemos candidatas mujeres", y solo hay hombres.
Pero tienen que ya ir definiendo, con algún mecanismo interno, qué cantones van a tener mujeres para que compitan en las primarias.
Esto es importante para que no dejen para última hora, porque corren el riesgo de no cumplir con el porcentaje que dice la ley. En ese caso, no se les calificará ninguna candidatura de esa dignidad en todos los cantones o provincias.
¿En qué otros ámbitos falta capacitación?
Nosotros también pensamos que hay que hacer los esfuerzos para capacitar sobre todo en los tiempos que necesitan cumplir las organizaciones para escribir candidaturas y en la realización de las primarias.
Aunque siempre parece que fuera fácil, insistiremos mucho en que, para llegar a las primarias, deben tener ya acuerdos para que al final no se les complique a ellos internamente.
Para nosotros es muy importante también insistir en la capacitación en la forma de votar, que es listas cerradas y bloqueadas. Eso es importante pues mucha gente puede pensar que eso ya no aplica, y escoger concejales de diferentes listas.
Además, nos interesa capacitar con anticipación a los coordinadores de recinto y de mesa, para que apoyen en el escrutinio. Igual a los miembros de las juntas receptoras del voto: insistir con más tiempo en capacitación para que no tengamos el número de actas inconsistentes que tuvimos en 2021 en la primera vuelta.
Usted ha hablado de incorporar nuevas reformas al Código de la Democracia, que ya no entrarían para 2023 sino para 2025. ¿Cuáles son?
Yo voy a tomar como referencia primero las recomendaciones de las misiones de observación
internacionales que nos han hecho llegar, y que para nosotros es muy valioso.
Una de las que consideramos que es importante es revisar los tiempos previstos en el Código de la Democracia sobre los plazos del calendario electoral. Hay cosas que podrían estar en reglamentos no tan rígidos, porque nos puede traer complicaciones, como el tema de los debates.
La ley dice que debe realizarse tres semanas antes del día de la elección, y ahora vamos a tener
37 debates que se tienen que organizar, y vamos a tener que empezar desde el día uno cuando ya están calificadas las candidaturas. Si no, no vamos a tener tiempo.
Cosas como esa son rígidas y no nos permiten tener una mejor organización, por lo que debe ser modificado el Código de la Democracia.
¿Qué más se debería modificar?
Hay que revisar otra cosa que también es una recomendación de los organismos internacionales. Es que los recursos tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional son muchos y causan demoras en la proclamación de los resultados. Sin afectar a los derechos de interponer estos recursos, se podría obviar algunos para que la resolución sea más rápida.
Un tercer tema está presente en la opinión pública, los medios, analistas. Y es la conformación de las organizaciones políticas y la proliferación de candidaturas. Este es un tema que pasa por el reconocimiento de la Constitución, por lo que hay un candado.
Sin embargo, no limita la posibilidad que en las próximas reformas se pueda discutir que seamos más exigentes sobre los requisitos para que obtengan la personería jurídica, así como los requisitos que deben cumplir para mantenerse.
Para mí, esto tiene que ser más estricto, porque no puede ser que hay movimientos o partidos políticos que sacan un número de votos que ni siquiera llega al de sus adherentes. Esto se debe discutir para que tengamos partidos y movimientos políticos fortalecidos, que respondan a lo que la ciudadanía demanda.
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