La Comisión de Garantías Constitucionales no analizó la posibilidad de citar al Presidente por tercera ocasión dentro de la investigación de los ‘Pandora Papers’. La comparecencia del SRI tuvo cruces, por la reserva de la información tributaria.
La Comisión de Garantías Constitucionales se instaló el viernes 22 de octubre de 2021 para seguir con las comparecencias dentro de la investigación alrededor del caso ‘Pandora Papers’ y la presunta vinculación del presidente Guillermo Lasso.
El primer punto en la sesión era la comparecencia de Lasso, quien como había anunciado un día antes, no asistió a la cita. Frente a esto, Fernando Cabascango, presidente de la Comisión, ratificó que esa mesa legislativa “no tomará la versión del Presidente a domicilio”.
“El Presidente obstruye de manera intencionada la labor de ejercer control político de la Asamblea Nacional. Todo servidor público está sujeto a este control, y el Presidente no es la excepción. Esta comisión deja por sentado la falta de colaboración”, aseguró Cabascango.
Sin embargo, la Comisión no resolvió nada con respecto a esta ausencia y no volvió a citar a Lasso, ni hubo debate al respecto. Cabascango había adelantado que la mesa debería analizar las “prevenciones de ley” si Lasso volvía a ausentarse de la comparecencia.
Las demás comparecencias se centran en Lasso
Las comparecencias que la Comisión recibió el 22 de octubre de 2021 incluyeron a funcionarios del Servicio de Rentas Internas, Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. Los funcionarios convocados del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos no acudieron.
La comparecencia de Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), fue la más acalorada. La funcionaria aseguró que la información tributaria de cualquier ciudadano está protegida bajo reserva según el Código Monetario y Financiero, razón por la que no la puede entregar a la Asamblea sin la orden de un juez.
Andrade además puntualizó que no ha habido ninguna revisión específica de Lasso como contribuyente pues su pago de impuesto a la renta corresponde a una presión fiscal del 35%, que está por encima del promedio (21%).
Además, aseguró que el SRI no puede hacer un control de en qué se gasta el dinero que se saca legalmente del país pagando impuestos.
Estas declaraciones generaron el rechazo de los asambleístas de la bancada correísta UNES, quienes aseguraron que el SRI se niega a colaborar con su investigación. Ronny Aleaga incluso calificó de “desatinadas” las respuestas de los funcionarios.
En seguida, fue el turno de la Contraloría. Alberto Jhayya, subcontralor encargado, explicó que esa institución lleva adelante dos exámenes a Guillermo Lasso: uno a su declaración patrimonial juramentada y otro al tema de paraísos fiscales.
Mientras que Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, habló sobre la calificación de la candidatura de Lasso para las elecciones de 2021. Aseguró que la ley establece que una declaración juramentada de no tener bienes o capitales en paraísos fiscales es el único requisito previsto en la ley para verificar este requisito.
Además, recordó que UNES impugnó la candidatura de Lasso con el mismo argumento de los paraísos fiscales, con base en un artículo publicado en el medio argentino Página 12.
Aseguró que ese reportaje no fue una prueba del incumplimiento del Presidente, por lo que la impugnación fue desechada. El Tribunal Contencioso Electoral también desechó la apelación, por falta de pruebas de las acusaciones.
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