Un día después de que Rafael Correa anunciara su precandidatura, una comunicación interna entre el CNE y la Corte Nacional habla sobre la sentencia.
Nota actualizada a las 15:44 del 19 de agosto de 2020 con la aclaración de la jueza Daniella Camacho.
La primera la comunicación la firmó Henry Arcos, director de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura (CJ). Está dirigida a Danilo Zurita, director de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se envió el miércoles 19 de agosto de 2020.
La Judicatura, a través de este oficio, comunicó al CNE el estado procesal del caso Sobornos 2012-2016, que involucra a varias figuras políticas del correísmo incluyendo al expresidente Rafael Correa.
La respuesta fue firmada por Daniella Camacho, presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a las 23:54 del 18 de agosto de 2020.
Camacho explicaba que en el Caso Sobornos “se encuentran sustanciando los recursos de casación interpuestos por los procesados“.
Pero, aclaraba la magistrada que la sustanciación de la casación no implica que la sentencia no esté en firme.
“Cabe señalar que en la legislación ecuatoriana, el recurso de apelación pone fin al juicio. El recurso de casación, no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una sentencia que se encuentra ejecutoriada”, dijo Camacho.
Tanto en la primera instancia como en la apelación, los jueces nacionales sentenciaron a Correa y 16 personas más a ocho años de cárcel por el delito de cohecho.
Al encontrarse ejecutoriada la sentencia, aunque Correa no ha sido apresado por hallarse prófugo, sí se deben cumplir las otras aristas de la sentencia.
Una de estas es la pérdida de los derechos políticos por ocho años. Es decir, Correa no puede elegir ni ser elegido democráticamente en ese período, lo que impediría su inscripción a cualquier dignidad en el proceso electoral previsto para febrero de 2021.
En su cuenta de Twitter, Correa criticó la respuesta de la CNJ y de la jueza Camacho.
Camacho aclara
Luego de suscitada la polémica, y 12 horas después de su primera respuesta, Daniella Camacho, como presidenta de la Sala Penal de la CNJ, emitió un aclaración a su primer pronunciamiento.
En el nuevo documento, la magistrada explica que la certificación de si la sentencia contra Correa está ejecutoriada depende del conjuez Lauro Cadena, quien presiden el tribunal de casación.
De esta manera, todavía queda abierta la posibilidad -al menos hasta que termine la casación- de que Correa tercie en los comicios de 2021.
Coordinación interinstitucional
Las conversaciones entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de la Judicatura (CJ) empezaron a mediados de agosto de 2020.
Según consta en un oficio previo enviado desde la Judicatura a Danilo Zurita, director de Asesoría Jurídica del CNE, funcionarios de ambas entidades se reunieron el viernes 14 de agosto.
Lo hicieron para aclarar la metodología que el Consejo de la Judicatura utilizó para entregar al CNE la información sobre el estado de 19 procesos judiciales contra 13 personas, que la autoridad electoral había requerido.
Por esta razón, el 15 de agosto se envió el listado con la información procesal de los casos. Sin embargo, el CNE insistió en que la información sea aclarada y presentada por escrito. Lo que finalmente ocurrió el 19 de agosto.
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