El expresidente Rafael Correa y 19 procesados más en el caso Sobornos tienen una última oportunidad para intentar anular la sentencia antes de que la pena se ejecute.
Luego de 10 meses de audiencias, detenciones, declaraciones y demás diligencias judiciales, el caso Sobornos 2012-2016 está a una instancia de concluir.
El 7 de agosto de 2020, se cerró el plazo para que los 20 sentenciados en el proceso interpongan el recurso de casación. Este es el último que contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP) antes de que una sentencia quede en firme.
En este caso, los Tribunales de juicio y apelación sentenciaron a ocho años de cárcel al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas, ochos de sus colaboradores cercanos y 10 empresarios que fueron proveedores del Estado.
Según la teoría de la Fiscalía, que sirvió de base para la sentencia, durante el gobierno de Correa operó una red de corrupción, de manera paralela a la presidencia de la República.
Esta estructura recibía sobornos de empresarios privados a cambio de contratos con el Estado. Este dinero se utilizó para las actividades partidistas de Alianza PAIS.
Los abogados de los 20 sentenciados presentaron recursos de casación. Incluso, Laura Terán, excolaboradora de Correa, que recibió una rebaja a tres meses en la apelación pide que se ratifique su inocencia.
Además de las implicaciones penales, Correa y sus colaboradores se juegan su futuro político. Si la sentencia se ratifica quedarán proscritos de la vida política por ocho años. Es decir, no podrán ser candidatos en 2021.
Para que la sentencia impida una eventual candidatura de Correa, quien ha mostrado su interés por terciar por la Vicepresidencia de la República, tendrá que estar en firme hasta el 7 de octubre de 2020, cuando termina el período de inscripción de candidaturas.
Los jueces
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) confirmó que hasta el 11 de agosto no se había realizado el sorteo para conocer qué jueces tramitarán los recursos de casación del caso Sobornos.
Sin embargo, la norma dice que ningún magistrado puede actuar dos veces en el mismo caso.
Y solo tres de los integrantes de la Sala Penal de la CNJ no han participado del proceso. Es decir, el sorteo será un trámite que servirá para oficializar a los conjueces que sobran.
A continuación una reseña de los tres magistrados.
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Milton Modesto Ávila Campoverde
Conjuez temporal de la Corte Nacional, Milton Ávila. CNJ
Ávila Campoverde ingresó a la Corte Nacional en diciembre de 2019, como parte de los conjueces temporales que reemplazaron a quienes fueron destituidos con la evaluación.
Él proviene de la Corte de Morona Santiago, donde actúa como juez desde 1995. Y a donde tendrá que volver luego de culminar su encargo.
Además de su título de abogado tiene estudios de posgrado en derecho indígena, pluralismo jurídico y derecho procesal.
Desde Morona Santiago, y como presidente de la Corte Provincial, Ávila participó en dos fallos que tuvieron resonancia nacional.
- En 2011, llamó a juicio a tres dirigentes indígenas por el presunto delito de terrorismo organizado suscitado durante protestas contra el régimen correísta. Entre los imputados estaba el entonces asambleísta Pepe Acacho.
- En 2013, dictó el sobreseimiento provisional a Marcelino Chumpi, entonces prefecto de esa provincia, en el caso Telesangay. El político era acusado de uso clandestino de frecuencia de TV.
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Lauro Javier de la Cadena Correa
Conjuez temporal de la Corte Nacional, Lauro de la Cadena. CNJ
Al igual que Ávila, De la Cadena está en la Corte Nacional como conjuez temporal, desde finales de 2019.
Él fue traído desde la Corte Provincial de Imbabura, donde es juez desde 2013.
En la parte académica es abogado y tiene especializaciones en derecho constitucional, penal, criminología y justicia indígena.
Antes de ser juez y presidente de la Corte de Imbabura, De la Cadena fue fiscal y servidor legislativo en el Congreso Nacional.
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José Humberto Layedra Bustamante
Conjuez temporal de la Corte Nacional, José Layedra. CNJ
También es conjuez temporal. Fue extraído de la Corte Provincial de Los Ríos, donde fue presidente y director del Consejo de la Judicatura.
Es abogado, licenciado en ciencias sociales y políticas. Y tiene una especialización en derecho penal y justicia indígena.
Además de este caso, Layedra y De la Cadena tendrán que juzgar al exvicepresidente Jorge Glas en el caso Singue, que está pendiente de juicio y que investiga la presunta concesión irregular de ese campo petrolero.
Los plazos
El recurso de casación, antes de que sea tramitado en una audiencia, debe ser admitido por el Tribunal de la Corte Nacional.
Los pedidos se admiten, únicamente, cuando la sentencia haya violado la ley por tres causas:
- Por contravenir expresamente a su texto.
- Por haber hecho una indebida aplicación de ella.
- Por haberla interpretado erróneamente.
Según el COIP, los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso o que presenten prueba nueva no serán admitidos y la sentencia quedará en firma automáticamente.
Es decir, en esta instancia únicamente se puede apuntar a los errores de los jueces que dictaron la sentencia. Pero no se puede seguir alegando la inocencia de los sentenciados.
Una vez que se sortee al Tribunal, los jueces tienen tres días para convocar a la audiencia para tramitar los recursos admitidos. Esta diligencia se desarrollará en un máximo de cinco días desde la emisión de la convocatoria.
La sentencia deberá notificarse en un máximo de tres días desde que se termine la audiencia.
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