Solo dos de los 20 sentenciados del caso Sobornos pagaron la multa impuesta por el Tribunal. El Estado todavía debe cobrar USD 13,6 millones.
En octubre de 2020, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) les dio a los sentenciados del caso Sobornos 30 días para cumplir con el pago de los USD 14,7 millones dispuestos como medida de reparación.
Los jueces dispusieron ese pago dividido entre los 20 sentenciados. Cada uno de los autores por instigación, los coautores y autores directos debían pagar USD 778.224 y los cómplices USD 368.632, cada uno.
Victor Fontana, representante de la empresa Fopeca, y Alberto Hidalgo, de la compañía Hidalgo & Hidalgo, fueron los únicos que pagaron. Lo hicieron el 6 de octubre de 2020.
Fontana transifirió USD 778.224 a la cuenta corriente del Ministerio de Finanzas. Hidalgo, en cambio, depositó USD 368.632.
Los otros 18 procesados, con el expresidente Rafael Correa y sus excolaboradores a la cabeza, ignoraron el fallo y hasta ahora no han pagado. Lo que significa que la Procuraduría tiene pendiente por cobrar USD 13,6 millones.
Ante el incumplimiento, la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó un pedido de ejecución de la sentencia. Es un recurso para obligar a los sentenciados a cumplir con sus pagos, vía mandato judicial.
En ese pedido, la PGE anexó la información recabada en los registros de la propiedad de varias ciudades del país. Sobre los bienes a nombre de cada uno de los sentenciados.
Finalmente, el 19 de mayo de 2021, la CNJ emitió el mandamiento de ejecución de la sentencia. En ese documento, se estableció que los sentenciados debían pagar lo ordenado en un máximo de cinco días.
En caso de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa a través del bloqueo de cuentas bancarias y el comiso de bienes.
En el caso Sobornos, la Justicia sentenció a 20 personas por cohecho. La Fiscalía demostró que en la presidencia de Rafael Correa se exigieron sobornos a empresarios privados a cambio de la adjudicación de contratos.
Con el dinero recaudado se financiaron actividades electorales de Alianza PAIS.
Solo Córdova quiere pagar
El 28 de mayo de 2021, a las 11:17, la Procuraduría notificó a la Corte el incumplimiento del mandamiento de ejecución. Es decir, ninguno ha pagado todavía.
Aunque un sentenciado ya mostró su interés en cumplir. Rafael Córdova, sentenciado como representante de la empresa Metco, presentó el 25 de mayo de 2021 una fórmula de pago para los USD 778.224 que le corresponden.
La fórmula de pago es un mecanismo contemplado en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) para que un sentenciado pueda cumplir con un mandato de ejecución.
A través de su defensa legal, Córdova propuso pagar a través de tres vías:
- USD 123.000 en efectivo, a través de cuentas que están retenidas por orden judicial.
- USD 330.00 a través de la dimisión de bienes.
- La diferencia, unos USD 325.000, sería pagada a plazos a manera de un diferimiento.
La Procuraduría y la Corte todavía no se han pronunciado sobre esa propuesta.
Laura Terán, excolaboradora de la Presidencia de la República, fue sentenciada como cómplice y debe pagar USD 368.632. El 27 de mayo de 2021, Terán presentó un escrito indicando su “imposbilidad material” para cumplir con ese pago.
Cónyuges protegen sus bienes
Además de Córdova y Terán, ninguno de los otros 18 sentenciados ha manifestado algún interés de cumplir con su obligación.
Más bien, el 19 de mayo de 2021, Zayda Loayza presentó un escrito respecto al pago de Walter Solís, exministro de Transporte del correísmo.
Loayza indica que mantuvo una sociedad conyugal con Solís. Solicitó que el comiso de bienes y cualquier otra medida sea dictada sobre los bienes propios de Solís y sobre el 50% de los derechos patrimoniales que le corresponden.
Los jueces de la CNJ respondieron que eso se resolverá cuando los comisos se ejecuten. Y recordó que ya había solventado una duda similar el 28 de abril de 2021.
Ese día, Catalina Recalde, ingresó a la Corte un oficio sobre el cobro de la reparación a Vinicio Alvarado, exsecretario de la Admintración Pública de Rafael Correa.
En ese oficio, Recalde informó que está casada con Alvarado desde 1992. Pero, el 6 de agosto de 2019 disolvieron su sociedad conyugal. Sin embargo, hasta abril de 2021 no se había ejecutado la división y liquidación de los bienes de la sociedad.
Por tal motivo, Recalde solicitó a la justicia que tanto el comiso de bienes así como cualquier otra medida sea ejecutada en contra de Alvarado únicamente. La Corte también respondió que no era el momento para solucionar esa discordia.
Según el pedido de ejecución de la sentencia presentado por la PGE, Solís es copropietario de cuatro inmuebles en Guayaquil. Mientras que Alvarado tiene una vivienda en Cumbayá, un lote en El Quinche, un solar en Guayaquil y una propiedad en La Libertad.
Solís está en México, país que le concedió la condición de refugiado. Mientras que Alvarado está en Venezuela, en condición de prófugo de la justicia ecuatoriana.
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