Miembros de fallida Comisión Anticorrupción demandan al Estado

El 19 de mayo de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno creó la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce) Dos años después, tres de los cinco comisionados demandaron al Estado por no haberles pagado sus honorarios.

La acción de protección recayó en la Unidad Judicial Civil de la parroquia de Iñaquito, en Quito, el 25 de mayo de 2021. Claudia Escobar, Carlos Alberto Hernández y Nicolás Rodríguez demandaron al exmandatario, la Cancillería y la Procuraduría General del Estado.

Pero como en aquella fecha Moreno ya no estaba en el poder, la notificación de la demanda llegó a manos de Guillermo Lasso, como titular de la Presidencia, el 7 de junio del año pasado. Este es solo uno de los 1.500 juicios que heredó al asumir el poder.

La sentencia de primera instancia fue el 15 de junio. El juez dictaminó que el Estado vulneró el derecho al trabajo de los comisionados y su seguridad jurídica, "al no existir claridad" en su situación contractual, ni un pago justo y a tiempo de remuneraciones. Además, la deuda debe ser saldada, por lo que cada uno de los tres comisionados debe recibir unos USD 100.000.

La Comisión pasó de mano en mano

La historia es similar a las de las otras acciones anticorrupción implementadas por Moreno: un gran lanzamiento y pocos o nulos resultados. Este último es el caso de la Ceicce, que nunca pudo ejercer sus funciones por falta de la aprobación de un estatuto propio, que le dé legalidad a su trabajo.

El problema empezó en marzo de 2019. El entonces Secretario de Anticorrupción, Iván Granda, acordó con los comisionados que su pago por honorarios correspondería a USD 13.000 mensuales, y cada comisionado tendría dos asesores locales.

Luego en abril de ese año, el gobierno creó el Comité de Selección de los integrantes de la Comisión, con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Y el 1 de mayo el Comité eligió a los expertos que integrarían la llamada Comisión.

Ellos se reunieron por primera vez en el país el 13 de mayo, para definir los parámetros de trabajo, después de la emisión del Decreto Ejecutivo 731, con el que Moreno oficializó la Comisión.

Desde entonces, los expertos se reunieron en otras seis ocasiones, hasta febrero de 2020, para continuar con sus labores. Entre ellas estaba el asesorar a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción; y la recuperación de recursos producto de estos actos mediante propuestas normativas y políticas públicas.

El 25 de noviembre de 2019, el entonces canciller Valencia contó a PRIMICIAS sobre los inconvenientes con el convenio de pago. Dijo que el documento con la agencia de la ONU estaba listo, pero que los comisionados tenían observaciones y querían un convenio distinto.

A partir de marzo de 2020, las autoridades ecuatorianas empezaron a dilatar la respuesta a la exigencia de pago de los tres comisionados, que habían cubierto sus viáticos hasta el momento. Así el reclamo empezó a pasar de mano en mano y de entidad en entidad.

Empezó con un acuerdo de pago con José de la Gasca, nuevo secretario de Anticorrupción después Granda. Pero tras mantener roces con la Función Judicial, la Secretaría fue eliminada el 20 de mayo de ese mismo año.

Las exigencias de los comisionados pasaron entonces a la Cancillería, bajo la administración de José Valencia, y al Ministerio de Gobierno, dirigido por María Paula Romo. Pero hasta agosto de 2020 el pago ofrecido tampoco se concretó.

Los cambios administrativos también llegaron a la Cancillería, cuando Luis Gallegos reemplazó a Valencia y convocó a los comisionados a una reunión con Romo el 28 de agosto de 2020. Ahí acordaron una vez más resolver el pago y que los expertos realicen un proyecto de cierre de actividades.

Las semanas continuaron pasando sin recibir la remuneración y el 23 de septiembre del mismo año la ministra Romo les indicó que el nuevo Secretario General de la Presidencia, Nicolás Isaa, resolvería el problema.

Pero seis días después, el 29 de septiembre, Issa cuestiona el trabajo que realizó la Ceicce y afirma que no ha visto ningún documento respecto a su desempeño y, por lo tanto, no sabe qué sustento utilizar para efectuar el pago.

Fondos transferidos a Viena 

Después de tantos meses y promesas rotas, los comisionados cortan las comunicaciones con el gobierno de Moreno. Finalmente, el 21 de mayo de 2021, antes de que el entonces Mandatario deje el poder, los expertos notarizaron y entregaron un documento denominado “Informe de Consultoría”.

En la audiencia de juicio, ya en junio de 2021, los representantes de la Presidencia, de la Cancillería y de la Procuraduría argumentaron que los derechos de los miembros de la Comisión no fueron vulnerados, porque nunca tuvieron una relación contractual con el Estado.

Según las autoridades, el pago debía hacerse a través de la UNODC, que recibió una transferencia de USD 1 millón de dólares en Viena. Pese a ello, el juez aceptó la acción de protección planteada contra el Estado. La sentencia fue apelada y está en manos de la Corte Provincial de Pichincha desde el 7 de julio de 2021.