Contraloría podrá destruir información reservada, según artículo incluido en la reforma sobre el uso de uniformes aprobada en la Asamblea

La Asamblea Nacional aprobó, este 9 de junio de 2026, un paquete de reformas a varias leyes para sancionar el mal uso de uniformes de cuerpos de socorro, organismos de seguridad, así como de entidades públicas y privadas.

El objetivo de estos cambios es enfrentar el uso de indumentaria oficial, especialmente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para cometer delitos, como ha sucedido en diferentes ciudades del Ecuador.

La normativa obtuvo 87 votos favorables que salieron de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y los independientes, aliados del oficialismo.

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En tanto que Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik votaron en contra, acusando al oficialismo de incluir en la reforma un artículo que no habría sido debatido lo suficiente en la Comisión de Seguridad, dominada por ADN.

Sanciones más rígidas

La asambleísta independiente Jhajaira Urresta, que fue la ponente del proyecto, dijo que en la normativa actual el uso o fabricación de uniformes por parte de personas no autorizadas era tomado como una "travesura", por lo tanto, las sanciones eran simbólicas.

Sin embargo, aseguró que en el momento actual, en el que "Ecuador atraviesa una profunda crisis de criminalidad y las organizaciones delictivas se visten con los uniformes de policías y militares", no debe haber tanta facilidad para portar uniformes, insignias y otros distintivos de las fuerzas del orden. 

Para enfrentar esta situación se aprobaron las siguientes reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP):

• El uso no autorizado de uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas, Policía o cualquier entidad regulada por Código de Entidades de Seguridad será sancionado con encarcelamiento de uno a tres años.
• Si adicional a eso, se usa en supuestos operativos, simulación de controles o procedimientos judiciales, la pena podría ser de tres a cinco años de cárcel. 
• Las personas que sin contar con autorización fabriquen, distribuyan o adquieran uniformes, insignias de cuerpos de seguridad o socorro de cualquier tipo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.
• Si la indumentaria es original y pertenece a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, la pena se incrementa y va de tres a cinco años. 
• Si el mal uso de las prendas es realizado por servidores policiales o militares o quien tenga a cargo su custodia, será considerado una agravante, y la pena irá de cinco a siete años.

Excepciones y comunicación 

La reformas incluyen algunas excepciones para el uso de indumentaria que pertenezca a cuerpos de socorro o entidades de seguridad ciudadana.

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Por ejemplo, cuando se lo hace con fines académicos, culturales, artísticos, teatrales, cinematográficos, recreativos, históricos o protocolarios, siempre que no exista la inducción a error sobre una actuación legal o legítima de seguridad.

Además, se aprobó una reforma a la Ley de Comunicación para  "destinar una hora diaria, no acumulable, para la transmisión de programas oficiales de educación, cultura, salubridad, derechos, seguridad digital y seguridad ciudadana y orden público orientados a promover el conocimiento y la correcta identificación de los uniformes".

El artículo de la polémica

El correísmo dijo estar de acuerdo en la necesidad de ejercer mayor control y aplicar sanciones más fuertes para el mal uso de uniformes e insignias identificativas de los organismos de seguridad pública.

Sin embargo, votaron en contra, porque se incluyó un artículo polémico sobre una nueva potestad que tendrá la Contraloría General del Estado.

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Este dice que: "mediante resolución debidamente motivada y observando estrictas medidas de seguridad institucional, (la Contraloría) dispondrá la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contienen información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima, relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales, dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario, una vez concluidos y ejecutados conforme al ordenamiento jurídico".

Añade que "el procedimiento deberá garantizar la trazabilidad, integridad, control y registro de las actuaciones realizadas, así como la aplicación de protocolos técnicos de seguridad física y digital".

El asambleísta correísta Gerardo Machado cuestionó qué relación directa tenían las sanciones al mal uso de uniformes y simulación de autoridad con la eliminación o destrucción de documentos de la Contraloría.

La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, de ADN, aseguró que ese artículo cumple con la unidad de materia y se conecta directamente con los cambios aplicados al COIP "para blindar los temas reservados que se mantienen dentro de la seguridad nacional".

Revolución Ciudadana adelantó que presentará una demanda de inconstitucionalidad específicamente contra el artículo 20 de la reforma, que habla de la nueva competencia de la Contraloría.