Fallida pacificación de las cárceles de Lasso habría abierto otra ruta para la corrupción
El expresidente Guillermo Lasso creó la Comisión de Pacificación de las Cárceles en diciembre de 2021. Más de tres años después, dos de sus miembros están procesadas por delincuencia organizada, dentro del caso Metástasis.
Claudia Garzón y Myriam Delgado, en la cárcel de Latacunga, el 21 de diciembre de 2021.
Ministerio de Gobierno
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En medio de la crisis carcelaria, el expresidente Guillermo Lasso apostó por la creación de una Comisión de Pacificación Penitenciaria. El 16 de diciembre de 2021, inició el periodo de seis meses de funciones de los nueve "expertos nacionales e internacionales".
Ahora, 27 meses después, dos miembros del organismo están procesadas por presunta delincuencia organizada, dentro del caso Metástasis. Se trata de la colombiana Claudia Garzón Padilla y la ecuatoriana Myriam Delgado Chávez.
La primera es una reconocida experta en criminología, conferencista, asesora y consultora en temas de seguridad y penitenciarios. Y fue directora de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia. La segunda es una socióloga vinculada a la docencia universitaria.
La Fiscalía General acusó a ambas de ser colaboradoras de la estructura delincuencial que el narcotraficante Leandro Norero había establecido en el sistema judicial y penitenciario. E, incluso, pidió que se les dicte prisión preventiva, pero el juez no encontró motivos y se negó.
La fiscal Diana Salazar relató, en la audiencia de formulación de cargos, que Norero le contó al periodista Andersson Boscán que los líderes de las bandas criminales ("Fito, Junior y todos") estaban apenados porque la comisionada Garzón ya no tendría vinculación con las cárceles.
El día de esa conversación, 16 de junio de 2022, precisamente se terminaba el periodo de trabajo de la Comisión de Pacificación.
Mientras, en una conversación entre Pablo Ramírez, entonces director del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), y la misma Garzón, ambos lamentan el trato que ha recibido Norero y su familia, por el allanamiento a su propiedad.
En ese chat, del 27 de junio de 2022, Garzón pide que se remueva a dos directores penitenciarios, a favor de Norero, y le advierte a Ramírez que si el capo toma represalias "esto se prende". Pero le agrega que "lo tuve controlado, lo más que pude".
Por ello, la Fiscalía estableció un vínculo entre Garzón y Ramírez para establecer un sistema de privilegios en la cárcel para Norero.
Además, el testimonio del amigo de Norero, Marcelo Lasso Saavedra, con quien compartió tiempo de prisión, contó a las autoridades que entre finales de junio e inicios de julio de 2022, Garzón visitó por primera vez al capo.
Según su versión, las visitas se hicieron "constantes" y que Garzón "era la encargada de transmitir lo que necesitaba y quería Leandro para poder transmitir al general Pablo Ramírez". Y que, a través de Garzón, el entonces director del SNAI le habría solicitado a Norero un donativo para el sistema penitenciario, de USD 200.000 en efectivo.
Sobre la comisionada Delgado, el capítulo es más corto, la fiscal Salazar contó solamente que Norero le ordenó a uno de sus operadores que realice una transferencia de USD 3.000 a su favor, el 19 de septiembre de 2022. También después que la Comisión de Pacificación había terminado sus funciones.
Sin embargo, en otros chats del mismo expediente, se había evidenciado que Norero utilizaba los depósitos como forma de inculpar o hacer daño a alguien, como lo estaban planeando con la fiscal Lidia Sarabia, en su momento.
En medio de este contexto, la Fiscalía citó a rendir versiones voluntarias los otros siete comisionados dentro del caso Metástasis.
¿Qué hizo la Comisión?
La Comisión de Pacificación no mantuvo a sus nueve miembros originales, tres renunciaron a la tarea. Entre ellos, la reconocida defensora de derechos humanos, Nelsa Curbelo, por estar en desacuerdo con las opiniones de algunas comisionadas.
Por ejemplo, el 17 de mayo de 2022, Garzón anunció un acuerdo de voluntades para el diálogo con los detenidos, que provocó tensiones en el organismo, dijo el comisionado Luis Barrios, porque los demás no conocían de esas negociaciones.
"Esa intención de pacificación no salió de la Comisión, un día llegó Claudia y dijo que había estado trabajando en secreto. Lo sacó sin que lo hayamos trabajado como Comisión".
Luis Barrios
Finalmente, después de seis meses de trabajo, la Comisión de Pacificación informaba lo evidente: dentro del sistema judicial y penitenciario había un esquema de corrupción y pedía identificar a los administradores, agentes penitenciarios, militares, policías, fiscales, jueces, entre otros, que se beneficiaban del crimen organizado.
Además, los comisionados confirmaban que el sistema de rehabilitación no existía como tal, sino que se trataba de "centros de castigo", donde reinaba también una "violencia silenciosa y sistemática por parte del Estado".
Sin embargo, el documento entregado al entonces presidente Lasso no fue firmado por Claudia Garzón, quien destacó el acompañamiento del SNAI en el proceso de humanizar y pacificar las cárceles.
Del casi centenar de recomendaciones realizadas por la Comisión, el Gobierno de Lasso solamente reportó haber trabajado en dos: reducir el hacinamiento y realizar el censo penitenciario.
Por lo que la crisis penitenciaria se ha mantenido. Y el supuesto sistema de rehabilitación social sigue sin cumplir sus funciones y que, después del caso Metástasis, se ha confirmado que responde a los intereses de las estructuras del crimen organizado.
Al final, no se supo cuántos recursos públicos, que fueron responsabilidad del SNAI, se destinaron para la gestión de la Comisión. Mientras que el informe cayó en el olvido.
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