El Legislativo creó una comisión multipartidista para que ahonde en los hechos relacionados con el paro nacional de 11 días. La comisión no tiene mayor campo de acción sobre delitos. El control político y la fiscalización de las autoridades a cargo de tomar decisiones durante el estado de excepción es la opción al alcance de la Asamblea.
La comisión para investigar el paro nacional que la Asamblea creó tiene un objetivo: “ejecutar control político y fiscalización” de los hechos entre el 2 y el 13 de octubre, en los que se desarrolló el paro nacional.
Es una mesa particular, está conformada por un representante de cada bancada. Y deberá presentar un informe en un mes. El ámbito de acción, sin embargo, es bastante limitado.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, habló de una comisión multipartidista desde los primeros días del paro. La iniciativa nunca se concretó, y el Pleno nunca se instaló en esos días. Finalmente, la mesa legislativa se instaló una vez que las protestas cesaron y el diálogo comenzó.
El control político y fiscalización de la Asamblea estará enfocado, según la resolución de creación de la comisión, en tres puntos:
- Las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta
- Los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública
- Un seguimiento al “fiel cumplimiento” de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo establecido por el Gobierno
Los objetivos son bastante amplios. Es así que durante la primera sesión, el 30 de octubre de 2019, estuvo una delegada de la Defensoría del Pueblo y los cuestionamientos hacia la actuación de esta dependencia partieron del representante socialcristiano y el de CREO.
César Rohón y Héctor Yépez criticaron que esa institución no se preocupe de los “derechos humanos de policías y militares”. La funcionaria Alexandra Almeida aclaró que las agresiones a los uniformados son delitos que debe investigar la Fiscalía, pues las violaciones a los derechos humanos las comete el Estado.
Ni la investigación de delitos, ni de violaciones a los derechos humanos no son parte de las atribuciones de la Asamblea. Para el primer caso está la Fiscalía, y para el segundo, la misma Fiscalía, la Corte Constitucional e instancias internacionales -como las que visitan el país a propósito del paro-.
La violación de derechos es también investigada también en la Asamblea por el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos, integrado por 34 legisladores y liderado por la correísta Doris Soliz. Personas afectadas durante las manifestaciones dieron sus testimonios desde el 25 de octubre.
De hecho, en casos como el de la muerte del general Gabela, lo único que el Legislativo ha podido hacer es armar un informe que envía a Fiscalía. Dicho documento es un resumen de las comparecencias y documentos que recibieron durante las sesiones. Y las responsabilidades políticas no se han establecido.
El control político de los ministros y autoridades del Gobierno está restringido a su incumplimiento de funciones, de acuerdo con lo que señala la Constitución, en su artículo 131. Para esta labor está la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, integrada por 13 legisladores. Y el proceso comienza con una petición al Consejo de la Administración Legislativa.
Pero, un juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, o al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, es un escenario bastante improbable. El movimiento indígena ha insistido en la separación de ambos ministros del Gabinete desde antes del inicio del diálogo, pero el Ejecutivo no ha dado ninguna muestra al respecto.
Una posible destitución de Romo o Jarrín, en el caso de que llegara al Pleno de la Asamblea, necesitaría al menos 70 votos. Alianza PAIS, el movimiento del presidente, y sus aliados tienen mayoría en el Legislativo.
¿Qué le queda a la comisión multipartidista? La elaboración de un informe, en el que puede establecer posibles responsabilidades políticas y recomendar acciones a otras funciones del Estado.
Una comisión más, ¿más presupuesto?
Cada comisión especializada u ocasional de la Asamblea cuenta con un secretario, un prosecretario, dos asesores y un asistente. Sus sueldos suman unos USD 12.800 mensuales.
En la comisión para investigación del paro, durante la primera sesión, fungió como secretaria la abogada Maritza Zavala, quien aún no aparece en los distributivos de personal de la sección de Transparencia de la página de la Asamblea.
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