Los documentos desclasificados sobre la quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que incluyen balances y otros archivos, han sido entregados en cajas de cartón. Son de miles de hojas porque la entidad no tenía un sistema informático o lo desaparecieron.
A las autoridades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de la Secretaría Anticorrupción les tomará mucho trabajo analizar los archivos desclasificados sobre la quiebra de Coopera.
Acaban de recibir los archivos de la desaparecida cooperativa de manera física, empacados en cajas de cartón, tras lograr, el 13 de agosto, que fueran desclasificados antes de que se cumplieran los 15 años de confidencialidad que pendían sobre esos papeles.
El cierre de Coopera, que fue disuelta en junio de 2013, perjudicó a 113.000 familias, casi todas de las provincias de Azuay y Cañar.
Las autoridades manejan la hipótesis de que la entidad financiera colapsó porque hubo malos manejos al menos desde 2011, cuando comenzaron a registrarse extraños movimientos financieros.
Irregularidades, pérdidas y cierre
La entidad fue fundada a inicios de 2004 por Rodrigo Aucay, exintegrante del grupo insurgente Alfaro Vive Carajo (AVC), quien se presentó como candidato a la Asamblea Nacional, en las elecciones de 2013 por la provincia de Azuay, con el movimiento Alianza PAIS.
Pese al apoyo manifiesto de figuras como el expresidente Rafael Correa, Aucay perdió las elecciones y, después, terminó en la cárcel.
El ‘compañero’ cooperativista
Precisamente en 2013, año de campaña electoral para Aucay y para el movimiento Alianza PAIS, los oficiales de cumplimiento y prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria empezaron a reportar irregularidades.
Por ejemplo, que desde 2011 la cooperativa registraba operaciones de transferencia de dinero muy altas para su tamaño.
Desde ese año se transfirieron, a través de Coopera, cerca de USD 31 millones desde y hacia el exterior, principalmente a Venezuela.
El expresidente Rafael Correa y Aucay, en plena campaña electoral. Cortesía.
Las operaciones se hicieron a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE).
El SUCRE fue una especie de engendro financiero creado por los países del Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), con la aspiración de que algún día se convirtiera en su moneda común.
Pero este sistema de compensación acabó siendo utilizado para lavar y blanquear dinero de dudosa procedencia, mediante exportaciones ficticias realizadas por empresas de papel desde Ecuador hacia Venezuela.
En el caso de Coopera, la mayor parte de esas exportaciones fueron de insumos químicos que ni siquiera se producen en Ecuador.
¿Quién fue?
La Cooperativa actuó con impunidad durante, al menos, tres años. En ese tiempo las autoridades que debían vigilarla, revisar balances anuales y entregar reportes mensuales no percibieron lo que pasaba.
Hubo una serie de titulares del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que ejercieron sus cargos en los años en que Coopera comenzó a servir de puente para las operaciones de exportación ficticia entre una docena de empresas de papel y Venezuela.
El MIES controlaba la dirección de Economía Popular y Solidaria, que se encargaba de vigilar a las cooperativas hasta que el gobierno de Correa creó una superintendencia dedicada a ese fin.
La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se expidió el 10 de mayo de 2011, pero Hugo Jácome, el primer superintendente del área recién se posesionó en junio de 2012.
Un año después la Superintendencia, bajo el comando de Jácome, intervino y disolvió a Coopera.
Antes de la posesión de Jácome era el MIES el ente encargado de vigilar a las cooperativas, incluyendo a Coopera (ver línea de tiempo).
Línea de tiempo del MIES
Es por esto que, tanto el secretario Anticorrupción, Iván Granda, como la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, anunciaron en una rueda de prensa que la exministra Doris Soliz y el exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, están en la lista de posibles investigados.
La exministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz, en la inauguración de una de las tiendas de Coopera. Cortesía
Pero sólo cuando la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Secretaría Anticorrupción hayan revisado todos los archivos, podrán establecerse las responsabilidades de cada funcionario, así como los delitos que se cometieron a través de Coopera.
“Estamos trabajando en varias hipótesis”, dice un alto funcionario del gobierno a PRIMICIAS, no descarta que hayan existido peculado y lavado de activos en la entidad que fue puesta como ejemplo de cooperativismo durante el régimen de Rafael Correa.
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