La Fiscalía está recibiendo las versiones de exmilitantes de Alianza PAIS cuyos nombres aparecen en el archivo ‘Verde Final’, que probaría que hubo aportes ilegales para esa organización con el objeto de financiar actividades proselitistas entre 2011 y 2016. Todos los implicados se declaran inocentes.
El correísmo se defiende. Desde Bélgica, el líder de la agrupación estableció las líneas básicas. En un comunicado, Rafael Correa insistió en la tesis de la persecución política.
También criticó a la Fiscalía. Según él, denominar el caso como ‘Sobornos 2012 – 2016’ solo tiene un fin: “insinuar que se trata de dinero sucio”. Y se pregunta “¿cómo pueden haber ‘sobornos’ sin ‘sobornadores’?”
Correa cuestiona que la prueba del caso sea “una simple hoja con iniciales”.
Según la Fiscalía, en las computadoras que se incautaron en la presidencia de la República y que estaban relacionadas con Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, que a su vez era asistente de Correa, se descubrieron 63.000 documentos.
Los documentos contienen minuciosas anotaciones sobre supuestos aportes en efectivo y por concepto de cruce de facturas de varias empresas privadas, muchas de ellas contratistas del Estado, para Alianza PAIS.
Por esta vía, el movimiento político se habría beneficiado en al menos USD 14 millones.
Pero los correístas, en principio, no ven nada de malo en “estos acuerdos”.
“Las empresas, mientras su objeto del dinero sea lícito, no tengan dinero de lavado de activos, no haya defraudación tributaria pueden contratar, pagar cualquier servicio que a bien tengan, eso no es ilícito en el país“, declaró la asambleísta correísta Marcela Aguiñaga.
Según los archivos en manos de la Fiscalía, las empresas señaladas pagaron, por ejemplo, servicio jurídicos, la convención en Cuenca, servicios publicitarios, presentaciones de artistas, seguridad civil, uniformes, banderas, cuadernos, abanicos y organización de eventos, grabación de pistas publicitarias, manejo de imagen y estrategias de comunicación entre otras cuentas de Alianza PAIS.
Pero, para Aguiñaga “es una suspicacia decir que (las empresas, ndr) a cuenta de que tuvieron un contrato, pagaron las facturas”.
Es más, defendió a su compañera de bancada Doris Soliz –cuyo nombre también aparece en el archivo Verde Final- asegurando que en el momento de los supuestos aportes no era funcionaria pública: “cómo pudo entonces tener fuerza de autoridad para disponer sobre un contrato“, agregó.
Por eso, Aguiñaga cree no que existe un caso de cohecho o concusión.
Según ella, que en su momento fue directora provincial de PAIS en Guayas, “el gran debate nacional debería ser sobre el financiamiento de todas las organizaciones políticas del país”.
Juan Cárdenas, otro legislador correísta, abundó en la tesis de defensa: “nos preocupa que una gestión entre particulares quieran descalificarla como algo ilícito: yo presto un servicio a un particular y viceversa. Es un acto lícito”, dijo.
Asambleísta Juan Cárdenas llegó a a @FiscaliaEcuador para apoyar a su excolega Wendy Vera, quien rinde Versión dentro del caso Sobornos 2012-2016, dijo que los exfuncionarios nombrados en el informe Verde Final son inocentes hasta que se demuestre lo contrario @teleamazonasec pic.twitter.com/q2Q3FsIB87
— Daniela Valencia (@DanyValenciaT) 17 de julio de 2019
Lo que no mencionaron los legisladores correístas es que Alianza PAIS no era un ‘particular’ sino una organización política que estaba en la obligación de reportar los aportes que recibía al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Y esos aportes, hasta dónde se conoce de las cuentas de PAIS, no estaban en los reportes que entregaron a la autoridad electoral.
Aguiñaga y Cárdenas tampoco encuentran un conflicto de interés a pesar de que las empresas que fueron sus ‘aportantes voluntarios’ recibieron contratos sin licitación para construir millonarios proyectos, sobre todo, en los sectores estratégicos.
Muchos de estos ‘voluntarios’, incluso, terminaron con problemas y envueltos en denuncias de corrupción.
Los dos asambleístas llegaron ayer, miércoles 17 de julio, hasta la Fiscalía para acompañar a su colega y cantante Wendy Vera a rendir su declaración.
El país conoce la trayectoria de Wendy Vera, donde por más de 15 años se ha desempeñado como productora musical y que nunca había ocupado un cargo público, hasta el 2017 que el pueblo la eligió como asambleísta.
— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) 17 de julio de 2019
Todo mi respaldo querida @WendyVeraEc. pic.twitter.com/nB9h2RgwII
El nombre de Vera apareció en el archivo ‘verde final’: la constructora Fopeca, por ejemplo, habría asumido el pago de una factura por USD 6.720 por la grabación de pistas publicitarias.
En su defensa, Vera se refugió en el argumento del negocio privado. Al terminar su versión aseguró a los medios que sus actividades anteriores a 2017, cuando fue elegida asambleísta, “se han ceñido al ámbito estrictamente privado”.
Odebrecht: el “primer acuerdo entre privados”
“Ya no era funcionario público, es un acuerdo entre privados y el mayor problema es que la acusación es por eso, por lavado de activos y puede haber defraudación tributaria porque no se declaró ese millón de dólares”, dijo Rafael Correa el 24 de abril de 2017.
Entonces todavía era presidente de la República. Se refería a las acusaciones de que Odebrecht habrá sobornado a su exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.
Correa defendía a su gobierno diciendo que si Mosquera recibió dinero fue legítimamente porque ya no era funcionario público.
Al final, la justicia condenó a Mosquera a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos.
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