Tras 10 años en el poder, el bastión operativo del correísmo se concentró en la sede del Gobierno Provincial de Pichincha. Pero con la prisión preventiva de Paola Pabón, su cargo como prefecta está en riesgo.
Tras el desmantelamiento del original movimiento Alianza PAIS, los dirigentes del correísmo buscaron por todos los medios reagruparse para concentrar a sus seguidores. En ese camino lograron dos victorias importantes:
- Concretar una alianza estratégica con Fuerza Compromiso Social (FCS), del excandidato presidencial Iván Espinel.
- Y hacerse con la Prefectura de Pichincha, con el liderazgo de Paola Pabón.
La primera le permitió consolidarse como la segunda fuerza electoral del país en las seccionales de mayo pasado. Pero la segunda ahora peligra, tras la orden de prisión preventiva en contra de Pabón.
Este proceso judicial por presunto delito de rebelión la separó del cargo desde 14 de octubre, cuando su vivienda fue allanada y ella detenida. Si en 29 días no regresa a su despacho, perderá el puesto. Ya que tras 60 días de ausencia se lo declarará en abandono.
De ser así, la institución quedará en manos de su viceprefecto, Alexandro Tonello Carrera. El fue electo como binomio de Pabón, con el 22,13% de los votos (311.065).
El Gobierno Provincial fue la sede partidista del correísmo
Pese a contar con las instalaciones del movimiento Fuerza Compromiso Social, Pabón declaró en la comisión que investiga el paro, en la Asamblea Nacional, que también se usaron las oficinas de la Prefectura para reuniones proselitistas.
La Comisión Multipartidista de la Asamblea escuchó los alegatos de políticos afines al correísmo, como la prefecta Paola Pabón. Asamblea
¿Por qué se reunían en la Prefectura? Fue una de las preguntas en esa sesión. La misma pregunta que se hace la Fiscalía en sus investigaciones. La respuesta, entre sonrisas, de Pabón fue simple: “porque soy la Prefecta de Pichincha”.
Entonces, la funcionaria provincial detalló que, como organización política, tienen reuniones frecuentes con su bancada legislativa, “por lo menos tres veces por semana”.
Asimismo, el buró nacional de Fuerza Compromiso Social, del cual Pabón es vicepresidenta, “se reúne todos los lunes en el gobierno de la provincia de Pichincha”.
Sin embargo, aclaró que lo hacían de 13:00 a 15:00, para que sea durante la hora de almuerzo, y “no exista ningún altercado con mis funciones como Prefecta”. Con esto, Pabón intentó zanjar los comentarios sobre las reuniones con dirigentes correístas en la institución.
Además, dijo que Virgilio Hernández, procesado por el mismo caso de rebelión, asistía a las oficinas también porque es funcionario del Gobierno Provincial y asesor en temas de descentralización y autonomía. Y entregó su contrato.
En la misma cita, Hernández dijo que forma parte de la institución desde el 1 de septiembre de 2019. Sin embargo, precisamente desde ese mes, la Prefectura no ha publicado su distributivo de personal y consta, en su lugar, la nómina de la administración anterior.
Alguien que sí consta como asesora ejecutiva de la Prefectura, entre junio y julio, es la presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social, Vanessa Lorena Freire Vergara.
Además, otros dos funcionarios de la Prefectura están refugiados en la Embajada de México en Quito: el procurador síndico, Luis Fernando Molina, y otro asesor ejecutivo, Leonidas Moreno Ordóñez. Ellos buscan asilo al igual que tres asambleístas y otros dos exfuncionarios del correísmo.
Cinco meses de gestión
El predecesor de Pabón, Gustavo Baroja, recuperó la frecuencia de la radio de la Prefectura: Pichincha Universal. Esta fue cerrada en abril y permaneció un mes fuera del aire. Y más adelante, en octubre, sirvió como parlante de las movilizaciones en contra del Gobierno.
Además, Baroja le organizó una fiesta de bienvenida para que presente su plan de trabajo 2019-2023, con un costo de USD 90.608. Así, el 14 de mayo, Pabón asumió funciones.
Además de cumplir con sus funciones mandatorias, la nueva administración aprovechó también para mejorar las comunicaciones de la institución y hacer sondeos de opinión.
En septiembre firmaron un contrato por USD 84.000 para “implementar mejores prácticas comunicacionales” y aprender el “uso correcto de sus canales digitales”.
Ese mismo mes la entidad resolvió adjudica otro contrato, por USD 208.000, para contratar un servicio de producción audiovisual, publicaciones y promoción de productos y servicios”. Ambos según el portal de Compras Públicas.
Sin embargo, en sus informes mensuales de destinatarios de recursos públicos hasta agosto, la Prefectura de Pichincha tiene registrados también otros gastos menores en sondeos de opinión, unos USD 30.000.
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