Quedan cinco meses para que los ecuatorianos elijan a sus nuevas autoridades locales en 2023, y ahora se suma la posibilidad de una consulta y referendo del Gobierno.
Los ecuatorianos celebrarán elecciones el 5 de febrero de 2023 en medio de un complejo escenario nacional. Las crisis de inseguridad, económica, social, política e institucional son algunos de los problemas que preocupan al electorado.
Ese día los votantes elegirán 5.633 nuevas autoridades locales, entre prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales.
En las elecciones seccionales, tradicionalmente, las ideologías partidistas desaparecen y las alianzas electorales se extienden y multiplican. Los candidatos y partidos prometen soluciones para los problemas cotidianos y más cercanos a los electores, los de sus ciudades.
Los aspirantes a ocupar esos cargos ya se cuentan por miles y las inscripciones finalizarán el 20 de septiembre. Pero apenas en diciembre los votantes conocerán la lista oficial de candidatos en sus jurisdicciones y en enero de 2023 se dará paso a la contienda, oficialmente.
En estas elecciones, los 13.450.047 ecuatorianos y extranjeros residentes habilitados para votar deberán decidir, además, quiénes se encargarán del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que selecciona a las autoridades de control.
A esto se suma la posibilidad de que el Gobierno ejecute, a la par, una consulta popular y referendo constitucional. Esto involucraría una papeleta adicional, para que los electores decidan sobre temas de interés nacional.
Algunos de ellos, según ha dejado entrever el Ejecutivo, apuntarían a mejorar las grandes problemáticas del país: la seguridad, la institucionalidad y la economía.
Inseguridad y corrupción agobian
Ecuador está entre los 16 países de América Latina y El Caribe cuyas economías se encogieron en la pandemia y todavía no han recuperado el tamaño que tenían antes de la irrupción del Covid-19.
Pero, además, el país está entre las tres naciones que cerrarán el año 2022 con un PIB más bajo que el de 2019. El rezago de Ecuador se debe a que en 2020 su PIB cayó 7,8%, la contracción más fuerte desde que existen registros.
A esto se suma los crecientes niveles de violencia y de inseguridad. Solo hasta el 13 de agosto se registraron 2.647 muertes violentas, la mayoría guarda relación con el crimen organizado y el narcotráfico.
El 72% de estos casos se concentra en cuatro provincias costeras: Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. Son, justamente, en las que mayor presencia tienen las bandas narcodelictivas que se disputan territorios y poder.
Incluso, las alertas por atentados con explosivos son una recurrencia en la vida de los ecuatorianos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aceptó que Ecuador está sufriendo un "gravísimo deterioro" del tejido social, que se refleja en la inseguridad.
Según el funcionario, se trata de un nuevo fenómeno y en lo que va del año las autoridades han registrado aproximadamente 200 dispositivos improvisados, especialmente en la frontera norte y la región Costa, con el epicentro en Guayaquil.
Operativo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas en el km 3,5 de la vía a Samborondón, por el ingreso al Liceo Panamericano, la noche del 18 de agosto de 2022. Policía Nacional
En medio de esos dos factores, está la crisis institucional, que se centra en una pugna de poderes en cuatro de las cinco funciones del Estado.
El Ejecutivo, el Legislativo, la Función Judicial y la de Transparencia llevan ya varias semanas en peleas y acusaciones, aunque todos hablan de la “independencia de funciones”. Y la Función Electora se sumó a última hora a las denuncias de presuntas injerencias.
Así, no es extraño que la última encuesta de Click Report revele que los ecuatorianos llegarán a las elecciones despechados de la situación nacional, especialmente por la inseguridad. Tienen muy poca esperanza de cara al futuro y la mayoría piensa que la situación empeorará.
Los ciudadanos tienen una mala percepción del Gobierno, de las instituciones y de los partidos políticos. Y la mayoría califica la situación del país como mala: apenas un 20,31% considera lo contrario.
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