En el cuarto día de comparecencias, el exprocurador Íñigo Salvador confirmó que el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker no fue revisado por la Procuraduría.
El cuarto día de comparecencias en el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso se desarrolla este 21 de abril de 2023. En esta ocasión, las primeras comparecencias en agenda fueron las del exprocurador Íñigo Salvador y el actual procurador Juan Carlos Larrea.
Estas comparecencias fueron solicitadas dado que el polémico contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, el centro del juicio político, incluyó una cláusula que lo sometía a un arbitraje en Nueva York. Esta cláusula requería una aprobación de la Procuraduría.
La adenda, que incluía la cláusula de arbitraje internacional, se firmó en 2020.
Salvador, quien fue procurador en ese año, aseguró que nunca recibió un pedido de revisar dicha cláusula, a pesar de que la ley lo obliga. Sin embargo, señaló que no hay ninguna sanción determinada para las instituciones que suscriban este tipo de contratos sin el informe favorable de la Procuraduría.
Salvador añadió que en septiembre de 2021, recibió de Flopec una solicitud de revisión del contrato con Amazonas Tanker. Pero que se abstuvieron de hacerlo dado que la Contraloría ya había realizado un examen especial sobre el tema.
Sin embargo, Salvador agregó que sí hubo una pequeña revisión relacionada con el caso. En febrero de 2023, Flopec solicitó permiso para pactar arbitraje con sede Nueva York para un contrato de fletamento buque Pichincha (de propiedad de Flopec) por 12 meses, en modalidad por tiempo, con Amazonas Tanker.
Sólo en este contrato para el buque Pichincha, la Procuraduría autorizó el sometimiento a legislación de Estados Unidos.
Actual procurador confirma
El segundo llamado a la Comisión de Fiscalización fue el procurador Juan Carlos Larrea. Él recordó que las entidades públicas deben pedir una autorización a la Procuraduría cuando van a aceptar arbitrajes internacionales.
Pero, insistió en que el rol de la institución es solamente revisar la cláusula sobre el arbitraje, no el contenido del contrato.
“Eso es responsabilidad de las máximas autoridades y de sus equipos”, afirmó el Procurador. Pero agregó que el hecho de que no se haya pedido la autorización para el contrato inicial de Amazonas Tanker implica una contravención a una disposición legal.
Por lo tanto, dijo, "debería acarrear responsabilidad administrativa" al funcionario encargado. Esto podría implicar incluso la nulidad de la cláusula arbitral, pero quedaría en manos del tribunal arbitral del caso.
Según Larrea ratificó lo dicho por Salvador, que en septiembre de 2021, Flopec solicitó efectuar el control de legalidades de 14 contratos bajo la modalidad time charter y el acuerdo comercial con Amazonas Tanker, pero “la información se encontraba incompleta”. Por lo que la Procuraduría solicitó información adicional, que nunca llegó.
E insistió en que, en ese entonces, existía ya el informe realizado por la Contraloría, por lo que la Procuraduría no realizó un control adicional, como le faculta la ley.
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