En el tercer día de comparecencias, funcionarios de Contraloría aseguraron que el examen que esa institución hizo al acuerdo entre Flopec y Amazonas Tanker solamente encontró responsabilidades civiles y administrativas.
El tercer día de comparecencias dentro del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, este 20 de abril de 2023, inició pasadas las 14:00. El análisis se concentra en las supuestas irregularidades del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, que es la base de la acusación por peculado contra el Mandatario.
La primera comparecencia fue la de Mesías Arroyo, Director del departamento de la Contraloría que examinó el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. El funcionario hizo un resumen de los hallazgos y recomendaciones que la Contraloría hizo en este tema.
Arroyo aseguró que la Contraloría nunca recomendó la terminación del contrato con Amazonas Tanker Pool, como en varias ocasiones se ha dicho. Y que el examen sólo generó responsabilidades administrativas y civiles, pero no hubo indicios de responsabilidad penal.
Ante las preguntas de Édgar Neira, abogado del Presidente, Arroyo dijo que, en el caso que se hubiera detectado algún tipo de indicios de responsabilidad penal, hubieran sido señalados los funcionarios del período que la Contraloría analizó. Esto es entre enero y diciembre de 2020, en el gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Según explicó el funcionario, en este examen sí hubo un borrador de indicio de responsabilidades penales. Sin embargo, después de los análisis se encontró que no había suficientes razones para emitirlo.
Aunque el informe de Contraloría es uno de los principales indicios de la acusación contra el Presidente en el juicio político, los asambleístas de la oposición se enfocaron en cuestionar que dicho examen no haya llegado a determinar responsabilidades penales contra funcionarios del tiempo del gobierno de Lenín Moreno.
El contralor general, Carlos Riofrío, explicó este tema más a profundidad, en la segunda comparecencia.
Dijo que aunque hubo un borrador, la Dirección de Patrocinio encontró que no había hallazgos "suficientes, competentes y pertinentes" que relacionen los hechos analizados por la Contraloría y un posible delito. Por ello, nunca se emitió un informe de responsabilidades penales.
"No hemos bajado ni archivado ningún informe de responsabilidad. Se cumplió el procedimiento, y de acuerdo a él, el proyecto de informe no tenía los elementos. De lo contrario, mandaríamos cualquier cosa a la Fiscalía".
Carlos Riofrío, contralor general del Estado.
Nuevos gritos y reclamos
Viviana Veloz (UNES) intentó que se incluya como prueba en el proceso el borrador de informe de responsabilidades penales. Sin embargo, esto fue negado por la presidenta encargada, Ana Belén Cordero, pues el período de prueba ya pasó y ese documento no fue entregado por la Contraloría en la respuesta al pedido de información.
Esto generó críticas entre la oposición. Comps Córdova (UNES) aseguró que se solicitó a la Contraloría todo el expediente, y ese documento debería estar en el expediente.
Tras gritos, reclamos y comentarios sobre cómo luce el abogado del Presidente, Cordero pidió que certifiquen si Córdova pidió el expediente completo. Sin embargo, se verificó que el asambleísta de UNES sólo solicitó el informe de la Contraloría y nada más.
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