Solo cuatro de 25 procesos contra alcaldes y prefectos han prosperado

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

18 Mar 2021 - 0:05

Jorge Yunda, alcalde de Quito, durante un evento público en Llano Chico, el 15 de marzo de 2021. - Foto: @PanasJorgeYunda

Solo cuatro de 25 procesos contra alcaldes y prefectos han prosperado

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

18 Mar 2021 - 0:05

El jueves 18 de marzo de 2021 concluye la etapa de instrucción fiscal en el caso por peculado que involucra al alcalde de Quito, Jorge Yunda.

Este caso es uno de los cuatro procesos relacionados con corrupción y otras irregularidades durante la pandemia del coronavirus, que involucran a autoridades seccionales y han llegado hasta esta etapa.

La Fuerza de Tarea Conjunta de la Fiscalía General del Estado (FGE), creada para atender estos procesos, registra 25 procesos por supuesta corrupción encontrados en gobiernos autónomos descentralizados de ciudades y provincias.

Según el Código de la Función Judicial (COFJ), los presuntos delitos que involucran a prefectos y alcaldes tienen fuero provincial. Es decir, el proceso penal se lleva desde la primera instancia ante la corte provincial de cada jurisdicción.

La Fiscalía informó que de estos casos, solo cuatro han avanzado a la etapa de instrucción fiscal. Los otros 21, en cambio, siguen en etapa previa y son reservados.

Los que avanzaron

La etapa de instrucción fiscal es aquella en la que la Fiscalía reúne los indicios para presentar una acusación formal o abstenerse de señalar a un procesado. Esta puede durar entre 90 y 120 días.

Luego de que los investigadores presentan su dictamen, el juez que lleva la causa tiene la potestad de aceptar la acusación y llamar a juicio a los acusados.

Los cuatro casos que se encuentran en este momento son:

Autoridad involucrada: Jorge Yunda, alcalde de Quito

Pruebas de Covid-19

Autoridad involucrada: Jorge Yunda, alcalde de Quito

Presunto delito: Peculado

Es uno de los casos de más alto perfil. La Alcaldía de Quito compró entre marzo y abril de 2020, unas 100.000 pruebas para la detección del Covid-19 por un monto de USD 4,2 millones.

Según la teoría de la Fiscalía, en el contrato se estableció que las pruebas debían ser PCR. Pero fueron RT Lamp, mismas que tendrían una menor sensibilidad.

Ante este incumplimiento del proveedor, en lugar de terminar el contrato de manera unilateral y cobrar las garantías, el Municipio de Quito lo terminó por mutuo acuerdo.

La Fiscalía considera que el alcalde Jorge Yunda aprobó esos movimientos. El 16 de febrero de 2021 lo vinculó a la causa, junto a otras 13 personas.

El juez Vladimir Jhayya, presidente de la Corte de Pichincha, dispuso que usara grillete electrónico. La instrucción fiscal concluye el 18 de marzo de 2021.

El magistrado debe convocar a una audiencia preparatoria de juicio, para conocer si Yunda será juzgado por supuesto peculado.

Autoridad involucrada: Delfín Quishpe, alcalde de Guamote

Contrataciones irregulares

Autoridad involucrada: Delfín Quishpe, alcalde de Guamote

Posible delito: Tráfico de influencias

Delfín Quishpe, alcalde de Guamote, fue procesado por supuestamente haber favorecido a un proveedor por USD 96.608 en la compra de insumos médicos.

La instrucción fiscal se cerró en diciembre de 2020. Y en enero de 2021, en la Corte Provincial de Chimborazo se instaló la audiencia preparatoria de juicio.

Sin embargo, el juez de la causa declaró la nulidad parcial del caso y ordenó que la Fiscalía repita parte de la investigación.

Esa entidad apeló esa resolución y la Sala Penal de la Corte Provincial de Chimborazo acogió ese pedido y dejó sin efecto la nulidad parcial.

Ahora, se espera una nueva convocatoria para retomar la audiencia preparatoria.

Autoridad involucrada: Washington Arteaga, alcalde de Montecristi

Compras de insumos médicos

Autoridad involucrada: Washington Arteaga, alcalde de Montecristi

Posible delito: Tráfico de influencias

El caso se originó en una denuncia de Johanna Delgado, vicealcaldesa de Montecristi. La funcionaria señaló irregularidades en dos contratos de compra de insumos médicos para combatir la pandemia.

Los dos contratos fueron por USD 86.630 y UD 41.544. Según Delgado, la empresa proveedora no estaba legalmente registrada y no entregó regularmente los productos adquiridos.

Además, las compras son observadas, ya que supuestamente la empresa proveedora está vinculada con el cuñado del hijo de Washington Arteaga, alcalde de Montecristi.

La instrucción fiscal del caso terminó a mediados de enero de 2021. Todavía no se convoca a la audiencia preparatoria de juicio.

Autoridad involucrada: Carlos Luis Morales (+), exprefecto del Guayas

Contratos irregulares

Autoridad involucrada: Carlos Luis Morales (+), exprefecto del Guayas

Posible delito: Tráfico de influencias

Aunque en medio de las investigaciones el exprefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, falleció; el caso por presunto tráfico de influencias durante la pandemia continúa.

Este el caso que tiene mayor avance. En diciembre de 2020 se desarrolló la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio.

Todavía no se conoce la resolución del juez, sobre quienes irán a juicio. Pero se conoció que la Fiscalía no acusó a Sandra Arcos, viuda del exprefecto Morales, y a uno de sus hijos.

Según la Fiscalía, durante la administración de Morales hubo una estructura delictiva que se benefició ilegalmente de contratos.

Los que siguen en reserva

Los otros 21 casos, al encontrarse en investigación previa, siguen siendo reservados. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los procesos pueden mantenerse en esta etapa hasta dos años antes de que se archiven.

Los otros casos están ubicados en 11 provincias del país.

Por ejemplo, hace un año (el 18 de marzo de 2020), la Fiscalía abrió una investigación previa por el bloqueo de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil. La orden de bloquear la pista fue dada por la alcaldesa Cynthia Viteri con el fin de evitar que un vuelo internacional aterrice en la ciudad y “cause más contagios”.

Otro caso sonado fue el de la Prefectura de Chimborazo. El prefecto Juan Pablo Cruz es investigado por dos contratos de más de USD 354.000. En plena pandemia aprovechó la emergencia para contratar consultorías de fortalecimiento de imagen y publicidad.

En Pichincha, en cambio, la Fiscalía abrió una investigación previa por presunto peculado en contra de la prefecta Paola Pabón. Se indaga la compra de trajes de bioseguridad, bolsas para cadáveres y sábanas antifluidos, todo por USD 72.300.

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