La cúpula del gobierno de Correa pidió USD 1 millón a la empresa Equitesa

Pese a sus 81 años y múltiples problemas de salud, el propio Pedro Verduga fue el primero y único testigo que presentó su defensa.

El empresario dijo que en la época en la que se investiga el caso (2012-2016) no tenía contratos con el Estado. Pero, reconoció que sí tenía pendientes órdenes de pago por un contrato anterior, específicamente por una carretera en Manabí.

Según su versión, la entonces ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte no le daba la apertura para reunirse y cuadrar el cobro de esas planillas pendientes. Un subsecretario le dijo que coordinaría el cobro con Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa.

Ella le informó -siempre según el relato del testigo- que, para que los pagos se tramitaran, Verduga hiciera una contribución económica para fines que, para él, dijo eran desconocidos. Ante la desesperación por la falta de liquidez, Verduga asegura que accedió al pedido.

En 2013, en cambio, ante los problemas en la construcción del Proyecto Multipropósito Chone, el Gobierno lo invitó para que terminara la construcción de esa obra y él accedió a asumir el trabajo.

Una vez concluida la obra, relata Verduga, recibió un mensaje de la "cúpula del Gobierno" de Rafael Correa exigiendo el pago de USD 1 millón "para asuntos de Gobierno".

El emisario del pedido fue Walter Solís quien, en ese momento, dirigía la Secretaría del Agua y estaba a cargo del Multipropósito. 

Según Verduga, Solís le dijo que el millón fue solicitado por los entonces vicepresidente Jorge Glas; la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte; el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado; y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Ante la falta de liquidez, Verduga explicó que procedió al pago del millón a través de la modalidad de cruce de facturas. Es decir, asumiendo el pago de servicios que su empresa no recibió. Sin embargo, dijo, no alcanzó a completar todo el millón.

Verduga no aceptó preguntas de la Fiscalía, Procuraduría y de las demás partes procesales por sus problemas de salud.

Según la Fiscalía General, en ese cruce de facturas, Equitesa pagó facturas que beneficiaron a Alianza PAIS por USD 898.304,78, entre 2013 y 2014, y entregó en efectivo USD 130.000.

La empresa, entre 2012 y 2013, recibió la adjudicación de 17 contratos con el ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Empresarios niegan sobornos

En la novena jornada del juicio por el caso Sobornos, además de Verduga, presentaron sus pruebas de descargo los abogados defensores de siete empresarios más que también son acusados de haber pagado coimas a cambio de contratos.

El segundo en la lista fue Teodoro Calle, de Técnica General de Construcciones (TGC).

Al igual que Verduga, en testimonio Calle no aceptó preguntas. Se limitó a contar la historia de su compañía y aseguró que en toda su historia, su empresa nunca ha sido observada como contratista incumplida del Estado.

También presentaron sus pruebas Rafael Córdova (Metco), William Philips (Azul), Mateo Choi (SK Engineering), Víctor Fontana (Fopeca), Ramiro Galarza (Consermin) y Alberto Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo).

Todos negaron haber pertenecido a la red de sobornos. Incluso, Calle e Hidalgo justificaron el pago de servicios con empresas encargadas de eventos publicitarios y promocionales. Dijeron que se trata de acciones para promocionar sus empresas.

Según la Fiscalía, en cambio, el pago de estos servicios es la prueba de los sobornos a través del cruce de facturas.

En la jornada del jueves 27 de febrero está previsto que presenten sus pruebas Bolívar Sánchez, de Sanrib. Y Édgar Salar, de Consermin. Así terminará la fase probatoria para los empresarios vinculados al caso.

Posteriormente, continuarán los exfuncionarios. En el décimo día están en la lista de intervenciones los abogados del expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

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