El debate oficial se convirtió en un espacio para hacer proselitismo

El primer debate oficial entre candidatos presidenciales dejó críticas al CNE. La gran cantidad de participantes y la metodología no permitieron un diálogo fluido entre los postulantes. Los problemas de organización levantaron cuestionamientos de las organizaciones políticas.

El debate oficial entre los candidatos a la Presidencia fue el primero de su tipo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se estrenó con la organización de ese evento, obligatorio según el Código de la Democracia, pero su balance no es el mejor. El debate, que duró cerca de seis horas en dos días de transmisión, resultó ser un foro más.

El alto número de candidatos y la metodología establecida complicaron que el diálogo se establezca y sea un real debate. En su lugar, el evento se convirtió en un espacio de proselitismo, en el que los candidatos buscaban lucirse y captar votos, en vez de confrontar ideas y propuestas.

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Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, asegura que la metodología no funcionó, pues rompió la dinámica de debate al separar las preguntas y respuestas de las repreguntas.

“La moderación de un debate no puede quedar en manos de cualquier periodista, caso contrario se convierte casi en leer titulares de noticias y eso no es lo que se busca”.
Mauricio Alarcón

Por eso, cree que las preguntas estuvieron mal formuladas y muestran desconocimiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

A continuación, le presentamos las principales claves para entender el fallido debate electoral presidencial.

Demasiados candidatos

16 binomios están en la carrera presidencial, por lo que los 16 debían estar presentes en el debate. Esta primera característica del evento planteaba un reto desde su misma concepción, agregándole el tema de la pandemia y el distanciamiento social.

Frente a la realidad, el Comité de Debates planteó dividir a los candidatos en dos grupos, pues no había un lugar lo suficientemente grande en el que los 16 pudieran mantener el distanciamiento.

El orden de los candidatos fue sorteado, y el ‘cara a cara’ entre los dos candidatos que lideran las encuestas no se dio. Guillermo Lasso, de Creo, quedó en el grupo 1 y Andrés Arauz, de UNES, en el 2.

Pero aún entre los ocho de cada grupo, el debate fue mínimo. En el grupo 2, Juan Fernando Velasco (Construye) y Yaku Pérez (Pachakutik) intentaron interpelar a Arauz, pero la misma metodología del debate no permitía un enfrentamiento. Lo mismo sucedió en el grupo 1 entre César Montúfar (Concertación) y Lasso.
Preguntas abiertas y repreguntas obvias

Para garantizar igualdad a todos los candidatos, el Comité de Debates estableció una metodología que otorgaba a cada candidato el mismo tiempo:
- Dos minutos para responder la pregunta del moderador.
- Un minuto para responder una repregunta del moderador.
- Un minuto para replicar a los otros candidatos.
Las preguntas no estaban dirigidas para ningún candidato en particular, por lo que fueron bastante abiertas y dieron la posibilidad de que los candidatos las respondan de la misma manera. Pero, los postulantes más bien aprovecharon para no responderlas y repetir su discurso sobre el tema a tratarse.

Incluso hubo preguntas sobre temas que no eran potestades presidenciales, y que hablaban de otras funciones del Estado.

La lógica de las repreguntas se perdió, pues no fueron seguidas a las respuestas de los candidatos. En su lugar, después de toda la ronda de preguntas, los moderadores hicieron sus repreguntas: algunas veces pidiendo respuestas no otorgadas, pero otras veces haciendo nuevos cuestionamientos.

Al final, las preguntas dieron a los candidatos la oportunidad de hacer propuestas hasta demagógicas, imposibles de cumplir o inconstitucionales, sin cuestionamiento de los moderadores.
Réplicas desconectadas

La ronda de réplicas fue la final de cada tema del debate. Allí, los candidatos tenían un minuto para responder a sus contrincantes o emplazarlos a responder sobre algún tema.

Sin embargo, la mayoría de candidatos usó este tiempo para seguir promoviendo sus propuestas. Y la moderadora Ruth del Salto dio paso a varios candidatos con nuevas preguntas.
Problemas de organización

Los problemas para el debate presidencial comenzaron antes de su ejecución. El CNE tuvo problemas para adjudicar el contrato para la producción y transmisión del evento, y terminó adjudicándolo a TC Televisión, trasladando la sede del debate de Quito a Guayaquil.

Horas antes del debate, el CNE tuvo que buscar de última hora un reemplazo para Lolo Echeverría, que había sido designado por el mismo organismo como uno de los moderadores, junto a Ruth del Salto.

Tras múltiples llamadas y negativas, el CNE tuvo que designar a Andrés Junbluth, del mismo TC Televisión.

El cambio de última hora generó críticas de las organizaciones políticas. El Comité de Debates, que propuso ocho nombres de moderadores para que el CNE escoja, se deslindó del cambio.

El Comité Nacional de Debates al país: pic.twitter.com/DiAPbiHNb6

— Cesar Ricaurte (@CesarRicaurte3) January 16, 2021

¿Una reforma al debate oficial?

Si bien esta fue la primera elección con un debate oficial obligatorio, el evento deberá repetirse en dos años. El Código de la Democracia establece también debates obligatorios entre los candidatos a prefectos y alcaldes en las circunscripciones con más de 100.000 electores. Las próximas seccionales serán en 2023.

Por ello, en vista de que es posible que el número de candidatos se mantenga elevado para los comicios futuros -Quito, por ejemplo, tuvo 18 candidatos a alcalde en 2019- una opción es filtrarlos.

Alarcón dice, por ejemplo, que en Estados Unidos el debate es obligatorio para los candidatos que superan un umbral en las encuestas. Para esto, el organismo electoral toma los datos de distintos sondeos, los promedia, y da la oportunidad de debatir solo a quienes tienen reales posibilidades de ganar.

Este cambio en Ecuador significaría una reforma al Código de la Democracia, pues el debate obligatorio para todos los candidatos está establecido allí. La reforma electoral debería llevarse a cabo al menos un año antes de las elecciones, por el candado constitucional.