Un decreto de Lasso es el camino para la Comisión de la verdad, dice el correísmo

"Exigimos la conformación de una Comisión de la Verdad. Una Comisión neutral, profesional y justa para que ausculte cada detalle de nuestro proceder, así como de los procesos montados en nuestra contra".

Ese es el pedido del correísmo. Sin embargo, sus líderes aclaran que no es una idea individual, sino que ha sido abordada por otros líderes y partidos políticos, incluyendo al presidente electo Guillermo Lasso.

Incluso, Rafael Correa, expresidente y líder de esta tendencia, relató en una entrevista radial cómo, cuándo y dónde se acordó la creación de esta instancia.

El hecho habría ocurrido, según el expresidente, el 6 de mayo de 2021. Lasso, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC) y Henry Kronfle, asambleísta por el PSC, se habrían reunido en la casa del tercero. Y, a través de una llamada telefónica, también participó Correa.

La veracidad de esa reunión y de sus participantes, fue confirmada por Kronfle.

En esa cita, se habría acordado la elección de Kronfle como presidente de la Asamblea. Lo cual no se concretó porque Creo se retiró de ese acuerdo.

Además, se habría hablado de la conformación de una comisión que revisará los casos de corrupción cometidos en los últimos gobiernos. Sin embargo, todavía no queda claro qué tipo de comisión, con que objetivos y bajo cuál base legal.

Aunque César Monge, asambleísta de Creo, en entrevista con diario El Universo, aseguró que durante las negociaciones con Creo y el correísmo "jamás se discutió" una comisión de la verdad legislativa.

¿Qué tipo de Comisión?

Paola Cabezas, coordinadora del bloque correísta en la Asamblea, explicó a PRIMICIAS que la comisión que se pretende crear debe tener el aval de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Explica que la ONU tiene protocolos establecidos para la conformación y actuación de este tipo de instancias. La comisión estaría conformada por expertos extranjeros.

"No queremos meter la mano a la justicia".

Paola Cabezas, UNES

Pero, en el caso de que esa comisión encuentre 'rasgos de persecución' en los casos juzgados, la legisladora no descarta que presenten esos rasgos como nuevas pruebas y se pida a los jueces que revisen las sentencias.

La comisión, explica Cabezas, no sería creada desde la Asamblea o desde la Función Judicial, sino que tendría que ser instrumentalizada a través de un decreto ejecutivo del presidente electo, tras su posesión.

Según el correísmo, esto no sería nada contrario al plan de gobierno de Guillermo Lasso porque el nuevo presidente ofreció la conformación de una comisión de este tipo.

Sin embargo, según las publicaciones de Lasso, durante el periodo de campaña, su propuesta para crear una Comisión Anticorrupción iba encaminada a dos objetivos: recuperar el dinero robado y encarcelar a los corruptos.

Al menos, en sus redes sociales o en sus intervenciones públicas, el mandatario electo no ha mencionado la posibilidad de revisar los casos ya juzgados.

Otras comisiones en Ecuador

El correísmo ha denominado Comisión de la Verdad a la instancia que exige conformar. Sin embargo, lo que busca no está apegado al concepto de este tipo de instancias.

Las comisiones de la verdad han sido, tradicionalmente, instituciones que se crean con el fin de buscar la verdad y la reparación en casos de violaciones de derechos humanos. No hay antecedentes de su utilización para procesos políticos o de corrupción.

Las primeras comisiones de este tipo aparecieron en América Latina, en la década de 1980, para investigar los actos criminales de las dictaduras militares.

En Ecuador, la primera Comisión de la Verdad se conformó en 2009, con el objetivo de investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas de 1984 a 2008. Y fue durante el gobierno de Rafael Correa.

Además, el correísmo, cuando estuvo en el poder, tuvo como práctica común la creación de comisiones para investigar o trabajar en hechos puntuales. Se conformaron más de una decena aunque fueron criticadas por ser integradas por personajes cercanos al entonces gobierno.

Estas fueron las comisiones creadas en el correísmo:

• De los componentes de la nueva arquitectura financiera
• Del asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez
• Del triple asesinato a Jaime Hurtado
• Para la auditoría integral del crédito público
• Para la elaboración de proyectos de leyes para la reestructuración jurídica
• De la investigación de los servicios de inteligencia militar y policial
• De la concesión de frecuencias de radio y televisión
• Del salvataje bancario
• De juristas que redactaron el borrador de la Constitución
• Sobre Angostura
• De Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección
• Para la investigación de disputas existentes entre los indígenas Huaroni y Taromenane
• Del 30-S
• Para investigar el asesinato de Jorge Gabela

Una comisión internacional

En esta ocasión lo que buscan el correísmo y el nuevo oficialismo de Lasso -aunque con objetivos distintos- es la conformación de una comisión internacional.

Este tipo de instancias son avaladas por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) u otros organismos internacionales.

Uno de los ejemplos recientes más sonados es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esa instancia operó entre 2005 y 2019, a través de un acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala.

La Cicig tenía tres objetivos. Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad, colaborar con la desarticulación de estos cuerpos y proponer reformas jurídicas.

Ecuador, en el Gobierno de Lenín Moreno, ya tuvo un intento fallido de emular este tipo de comisiones.

El 13 de mayo de 2019, Moreno anunció la creación de una Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce), con la guía de Naciones Unidas.

La agrupación tenía como objetivo asesorar y fortalecer las instituciones del Estado y establecer mecanismos más rápidos de prevención para impedir actos de corrupción.

Sin embargo, en noviembre de ese año terminaron los 180 días de plazo para que el organismo alcanzara su viabilidad jurídica y diplomática para ejercer funciones. Y el Ejecutivo extendió el plazo otros 90 días, que terminaron en febrero de 2020.

El entonces canciller José Valencia advirtió que no sería fácil crear legalmente el sustento para que el organismo funcione, ya que se requería la aprobación de una ley por parte de la Asamblea y de la Corte Constitucional. Eso nunca ocurrió.

Incluso, actualmente, los cinco comisionados analizan demandar al país porque el tiempo que destinaron a la elaboración del estatuto de la comisión no fue pagado por el Estado como se había acordado en un inicio.