Los ofrecimientos y planes del presidente Guillermo Lasso se toparon con dos obstáculos imbatibles: la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. La Secretaría Jurídica acumula una larga lista de fallos en la gestión del Ejecutivo.
El último 'golpe' que recibió el presidente Guillermo Lasso vino de la Corte Constitucional (CC), el 1 de agosto. Los magistrados aceptaron las medidas cautelares contra el Decreto Ejecutivo No. 754, del 31 de mayo de 2023.
Esta decisión suspende provisionalmente el reglamento con el que el Ejecutivo esperaba dar paso a las consultas ambientales, requisito constitucional para permitir los proyectos extractivistas. Y deja en 'veremos' unas 100 obras públicas y privadas, según la versión oficial.
Pero esta es solo una muestra del 'obstáculo' que representa la Corte Constitucional, en un escenario en que el Gobierno pensó que iba a gobernar solo, tras la disolución de la Asamblea Nacional.
Aunque Lasso creyó haberse librado del bloqueo de la oposición, no esperó que la Corte Constitucional lo sorprenda y derrumbe sus intenciones de legislar vía decretos ley, en materia económica urgente.
Durante el correísmo, el Ecuador estuvo acostumbrado a tener una Corte Constitucional que no contradecía al Ejecutivo, que no ejercía los controles de oficio a las acciones presidenciales y que no sentenciaba en su contra.
Sin embargo, a partir de 2019, con el cambio de jueces ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, la Corte se volvió un actor nuevo en el tablero político del país. Un actor con voz y sentencias, aunque ahora se vuelvan polémicas por la razón contraria.
El expresidente de la Corte, Hernán Salgado, lanzó una de las principales críticas y dijo que sus anteriores compañeros de estrado están equivocados y desempeñando un papel que no les corresponde, sobre el análisis de la urgencia de los proyectos presentados por Lasso.
Una Corte inesperada
La última decisión de la Corte Constitucional llegó cuatro días después de que los mismos magistrados negaron los dos últimos decretos ley propuestos por el Primer Mandatario.
En total, el 75% de los decretos ley han sido rechazados. Las leyes de zonas francas, créditos educativos y de quiebras no superaron el análisis constitucional. Solo la reforma tributaria lo logró.
Este saldo negativo no es un buen presagio para los otros proyectos que el presidente Lasso tenía previsto implementar a través de decretos ley, aprovechando la ausencia de la disuelta Asamblea Nacional.
Y, aunque el Gobierno ha señalado a la Corte como un posible actor político, no hay forma de esquivar su calificación. Sin un Legislativo en funciones, la legitimidad del Ejecutivo pasa por el contrapeso que representan los nueve magistrados.
Por lo que, incluso sin la pugna con la Asamblea, las grandes apuestas legislativas del Mandatario siguen quedando en intenciones. Sea en forma de proyectos de ley, decretos o decretos ley.
Por ejemplo, la denominada 'Corte Cervecera' no hizo ninguna observación a los 91 estados de excepción decretados por el expresidente Rafael Correa. Mientras que la Corte posterior a 2019 fue estricta y dura con los que planteó Lenín Moreno, especialmente durante la pandemia.
Ahora sucede algo similar con el presidente Lasso. No todos sus decretos, que requieren de control constitucional, consiguen la venia de los jueces.
Por ejemplo, el Primer Mandatario ha declarado 16 estados de excepción, sean por grave conmoción interna (en las calles o cárceles) y por calamidad pública (por pandemia o desastre natural), y los ha renovado cinco veces y modificado otras tres.
La mayoría de estas decisiones han sido intervenidas por la Corte, sea para acortar el tiempo de vigencia de la excepción, las zonas en las que aplica, declarar inconstitucionales algunas medidas decretadas o el decreto en su totalidad.
Por ejemplo, en marzo, los jueces declararon inconstitucional el estado de excepción decretado en 14 provincias, debido a la inseguridad.
La Asamblea, el primer bloqueo
La relación con el Legislativo fue compleja desde el inicio, pero los roces llegaron a su clímax en mayo, cuando el Mandatario decidió disolver la Asamblea y gobernar 'solo' hasta que se concreten los resultados de las elecciones extraordinarias de agosto.
El hecho de no tener una mayoría o bloque legislativo fuerte y de haber perdido a su principal operador político, dejó sin muchas posibilidades al presidente Lasso desde el inicio de su gestión.
Además, las acusaciones lanzadas desde Carondelet hacia las figuras políticas de las otras bancadas tampoco contribuyó a que las propuestas del Mandatario encuentren aceptación en el Parlamento.
El presidente Lasso remitió nueve proyectos de ley a la disuelta Asamblea, tres fueron archivados, dos quedaron en trámite pendiente y cuatro llegaron al final del proceso y fueron publicados.
Sin embargo, de este último grupo, apenas uno llegó al Registro Oficial, como lo propuso el Ejecutivo, porque entró por el ministerio de la ley, sin que los legisladores lo modifiquen. Las otras tres recibieron modificaciones significativas, especialmente el proyecto de seguridad.
Los vetos presidenciales, también utilizados para introducir aportes legales, tampoco tuvieron una buena recepción, la Asamblea siempre tuvo los votos para ratificarse en sus propuestas originales.
Así, las promesas electorales de Guillermo Lasso y sus intenciones una vez llegado al poder se vieron truncadas, por la falta de aliados en la Asamblea y, según la Corte Constitucional, por la falta de argumentos que sostengan sus propuestas legales.
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