La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El proceso de juicio político es impulsado por el movimiento Creo. Atamaint habló durante casi dos horas y respondió preguntas durante más de una.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), llegó al mediodía de este 22 de enero de 2020, a la Asamblea para presentar sus pruebas en el proceso de juicio político en su contra.
Los legisladores de Creo, Fernando Flores y Jeannine Cruz, la acusan por un supuesto incumplimiento de funciones.
Atamaint tenía lista toda la parafernalia. Antes de su llegada, una calle de honor con ocho miembros de distintas nacionalidades indígenas la esperaba a la entrada del Salón de Expresidentes de la Asamblea. Además, el personal del CNE había instalado sus equipos para hacer una transmisión en vivo de la comparecencia.
La presidenta del CNE calificó de “infundadas” y “malintencionadas” a las denuncias de los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita, a quien llamó “delegado de Creo”.
Dedicó más de 10 minutos ha hablar del “boicot” en su contra y de su trabajo en la “reingeniería de los sistemas del CNE”, que aún no se concreta, y en la “decisión de controlar la campaña anticipada”, para la que aún no se contrata el monitoreo.
La defensa de Atamaint: un juicio ‘copiado’
La presidenta del CNE comenzó su exposición sobre las acusaciones con un llamado de atención a los interpelantes, los asambleístas Fernando Flores y Jeannine Cruz, de Creo. Dijo que el texto del juicio político es una “mala copia” del proceso que el mismo bloque presentó contra cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana, en julio de 2019.
Las barras, constituidas por asesores y trabajadores del CNE, aplaudieron a Atamaint al concluir este primer argumento. El asambleísta Flores pidió certificar quiénes eran los integrantes de las barras y si su presencia en la Asamblea se debe a un permiso con cargo a vacaciones.
Atamaint calificó de “mal sustentado” e “infundado” al proceso de fiscalización. Aseguró que se confunden sus funciones con las del pleno del Consejo, las de los delegados provinciales y las de las juntas provinciales electorales.
Recién entonces se dedicó a responder a las acusaciones, una por una.
Sobre el caso Yasunidos, dijo que es un “tema sensible” para ella por “ser una mujer amazónica”. Dijo, sin embargo, que el CNE no podía entregarles un certificado de las firmas que entregaron -cuando buscaban una consulta popular para impedir la explotación petrolera en el Yasuní- y que el Tribunal Contencioso Electoral así lo resolvió.
Al respecto del tema de Luis Loyo, dijo que ella pidió investigaciones y que no había ningún impedimento para que esta persona trabajara en el CNE. En 2012, él fue sentenciado a nueve años de prisión por falsificación de un documento público; en 2018 llegó al CNE como director de capacitación y después ascendió a director nacional de Procesos Electorales.
Fue acusado por una supuesta participación en las presuntas alteraciones en los escrutinios en la provincia de Manabí, en las pasadas elecciones seccionales. Ahora, cumple una sentencia de un año por un caso de tráfico de influencias.
Atamaint también es acusada por los problemas que hubo, también en las últimas elecciones seccionales, en Los Ríos. La funcionaria sostuvo que no hubo ninguna irregularidad en la designación de autoridades; y sobre la auditoría de los sistemas electorales, señaló que están en camino.
“El único objetivo detrás de este juicio político es que Enrique Pita asuma la presidencia del CNE”, concluyó.
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