La disputa entre Saquicela y Murillo entorpece más a una justicia en crisis

Mientras esa respuesta llega, la crisis en la justicia se ahonda. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ), las dos entidades más importantes de la Función Judicial ecuatoriana, están funcionando sin presidente titular.

Tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, actúa Fausto Murillo como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. En tanto que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue suspendido por 90 días y lo reemplaza Katherine Muñoz.

Oficialmente, la suspensión de Saquicela se debe a dos denuncias por supuesta negligencia manifiesta. Sin embargo, la sanción coincide en tiempos con la polémica alrededor del nombramiento del reemplazo de Maldonado en la Judicatura.

Maldonado renunció en febrero y semanas después, Saquicela envió una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para que se eligiera a su remplazo.

Desde la presentación de esa terna, transcurrieron más de 80 días y el Cpccs no avanzó en la designación. Ante eso, Saquicela retiro la terna y denunció públicamente un intento de "meterle las manos a la justicia".

Dos días después de esa declaración, la Judicatura pidió a la Corte Nacional que reintegre a Saquicela a una sala, es decir, que deje de actuar exclusivamente como Presidente. Un día más tarde lo suspendió tomando como base dos denuncias.

Sin embargo, Murillo descarta que el pedido y la sanción sean parte de una disputa. Aduce que se está aplicando el régimen disciplinario como con cualquier otro funcionario judicial.

"Que no se pierda nadie, todos estamos sujetos de la ley y somos responsables de nuestras acciones y omisiones", aseguró el funcionario.

Esta polémica llega en un momento en el que la justicia atraviesa una situación complicada y suma varios pendientes. El CJ, por ejemplo, tiene en sus manos dos concursos cruciales para la Función Judicial: la selección de jueces anticorrupción y de magistrados de la Corte Nacional.

Además, la Fiscalía tiene un déficit de más de 500 agentes, la modernización judicial no se concreta, las fiscalías provinciales están encargadas desde hace tres años, entre otros.

La discusión jurídica

Detrás de la polémica por la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y la presunta disputa entre Murillo y Saquicela, hay un problema legal que se origina en el Consejo de Participación Transitorio, que lideró Julio César Trujillo.

El Consejo transitorio tenía facultades constitucionales, ya que su conformación provino de una consulta popular. Cuando terminó sus funciones, una sentencia de la Corte Constitucional blindó todas sus decisiones.

El Cpccs Transitorio designó a María del Carmen Maldonado como presidenta de la Judicatura en enero de 2019. Los otros dos candidatos de la terna que la Corte Nacional de esa época presentó fueron descalificados.

Así que para completar la designación, se tomó a otro postulante de la terna de la Fiscalía General como suplente de Maldonado. Se trata de Álvaro Román y ahí es donde empieza el problema jurídico.

Por un lado, la Constitución establece que el representante de la Corte Nacional debe presidir la Judicatura, como era el caso de Maldonado. En su ausencia, ese rol debería asumirlo su suplente, que es Román.

Entonces, ni el Cpccs ni la Judicatura pueden impedir que Román se titularice como vocal. Pero hay la duda de si también debería asumir la presidencia del CJ, ya que no es representante de la Corte sino de la Fiscalía.

En este contexto chocan la Constitución y la sentencia de la CC que blindan las decisiones del Transitorio.

Puesto que, por un lado, Román no puede presidir la Judicatura, pero el Cpccs tampoco puede nombrar a un nuevo representante de la Corte porque las vocalías de la Judicatura están completas.

Por esta razón, el Cpccs solicitó un informe jurídico sobre esta situación. Teniendo en cuenta que Román interpuso una acción de protección, ya que se siente afectado al no ser nombrado como presidente del Consejo de la Judicatura.

Esa acción fue rechazada en dos instancias, pero el caso no ha terminado. Román presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional que está pendiente de resolución.

Según Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, hay que esperar esa resolución para saber si deben nombrar un suplente de Román, a nuevos vocales (titular y suplente) de la Corte Nacional. O si, en su defecto, no necesitan hacer ningún nombramiento.

Si la Corte dictamina que Román debe ser titularizado como vocal, el Consejo de la Judicatura tendría cinco vocales y su conformación estaría completa.

En ese caso, la Presidencia de la Judicatura la debería seguir ejerciendo Murillo, ya que fue nombrado por el Pleno de ese organismo, como lo permite el Código de la Función Judicial.

Murillo explica que luego de la renuncia de Maldonado, el Pleno de la Judicatura consideró que Román debía titularizarse como vocal. Pero no como presidente, porque no provenía de la CNJ.

Entonces se aplicó el artículo 262 del COFJ para nombrar al titular de entre de sus vocales.

La justicia decide

En dos instancias judiciales se dirimirán las polémicas alrededor de la Judicatura. Por un lado, la Corte Constitucional deberá resolver el caso de la titularización de Álvaro Román.

Pero, además, el juez Carlos Jérvez de Cuenca resolverá sobre la suspensión de Saquicela, pues el presidente de la Corte Nacional interpuso una acción de protección para frenar los efectos de su suspensión.

La audiencia de ese caso será el jueves 26 de mayo de 2022, a las 11:00. Saquicela intentará demostrar que sus derechos fueron afectados con esa resolución.

La Judicatura, en cambio, argumentará que siguió el debido proceso, ya que en contra del titular de la CJ hay dos denuncias por supuesta negligencia manifiesta.

• El abogado Álex Guamán denunció a Saquicela por supuestamente retardar el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa.
• La segunda denuncia proviene de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo. El exfuncionario, sentenciado a tres años por violencia sexual, dice que Saquicela tiene responsabilidad en la falta de trámite a un recurso de recusación que presentó en su caso.