Las autoridades estadounidenses han revelado información sobre los casos Isspol, Álex Saab, Las Torres, compras públicas y ahora el conocido como de los ‘narco generales’.
Estados Unidos dejó en claro que, en los próximos dos años, la lucha contra la corrupción en el sector público y privado, así como contra el narcotráfico serán prioridades de la administración del presidente Joe Biden.
Así lo anunciaron Todd D. Robinson, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, y Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quienes hablaron sobre los esfuerzos de Washington en esta lucha.
Robinson advirtió que seguirán trabajando con sus aliados alrededor de Venezuela para frenar el narcotráfico hacia los Estados Unidos y a los otros países en la región: Perú, Ecuador, Colombia y los países de América Central.
Ellos recordaron que, en la reciente Cumbre por la Democracia, los países invitados -entre ellos Ecuador- se comprometieron a incrementar su respuesta ante la corrupción.
Actualmente, los principales países observados son Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras. Además, en lo que va del año 60 personas de la región han sido agregadas a la lista de personajes considerados corruptos por ese país.
Para apoyar la lucha anticorrupción, desde el Departamento de Justicia se intensificará la investigación de los nexos de la corrupción de otros países con Estados Unidos. “Estamos decididos a trabajar con líderes de la región que estén dispuestos a implementar políticas públicas anticorrupción”, señaló Nichols.
En medio de este escenario, el embajador estadounidense en Quito, Michael Fitzpatrick recordó que eso implica continuar con las acciones multilaterales, políticas y judiciales, “para enfrentar la corrupción y la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden y el sistema judicial en el caso de Ecuador”.
Por lo que, después de la revelación del diplomático sobre el caso de los ‘narco generales’ en el país, el gobierno del presidente Guillermo Lasso pidió precisamente su colaboración con información para que las autoridades locales inicien las investigaciones.
Este caso sería el quinto en el que Washington juega un papel protagónico en las investigaciones ecuatorianas. A continuación PRIMICIAS le presenta un resumen de los otros casos que hay cooperación en las investigaciones:
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Caso Isspol
Fachada del edificio del Isspol, en Quito. 11 de junio de 2021 PRIMICIAS
El Ministerio de Gobierno y la cúpula policial iniciaron a finales de 2019 una investigación interna cuyos resultados confirmaron que el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) había sido estafado por casi USD 800 millones en una dudosa operación, de la que no hay respaldos.
Una serie de investigaciones en Estados Unidos, enfocada en la firma de inversiones Biscayne Capital, abrió la puerta para el rastreo de, al menos, una parte del dinero perdido.
El caso crece con el paso de las semanas y cada vez es más larga la lista de involucrados, entre personas privadas y empresas, tanto en Ecuador como en Estados Unidos.
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Caso Alex Saab
Cartel de apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab, en Caracas (Venezuela). 17 de octubre de 2021 EFE
Este es otro caso que involucra una telaraña de empresas. El empresario colombiano Álex Saab es procesado en Estados Unidos y será enjuiciado el 3 de enero de 2022, acusado del delito de conspiración para el lavado de activos.
Saab y su socio, Álvaro Pulido, habrían lavado unos USD 350 millones en ese país. El proceso judicial es crucial para Ecuador, ya que las operaciones que derivaron en el caso se llevaron a cabo desde Guayaquil.
Saab es dueño de la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons). Esta firma obtuvo un contrato con el gobierno venezolano en 2011 para la construcción de vivienda popular, que nunca se concretó. Aaunque la empresa estaba en Colombia, las exportaciones -que resultaron ser falsas- se hacían desde Guayaquil.
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Caso Las Torres
En junio de 2019, luego de conocer la detención de dos funcionarios de Petroecuador en Estados Unidos, la Fiscalía empezó a indagar el caso. Raúl de la Torre y Roberto Barrera, quienes eran asesores en Petroecuador fueron detenidos en Miami con dinero en efectivo, que no pudieron justificar.
Fueron procesados y se declararon culpables de lavado de activos. Confesaron que recibieron USD 3,15 millones de un contratista de Petroecuador, a cambio de ayudarlo a conseguir contratos.
La red de delincuencia operaba en la Contraloría, la Secretaría General de la Presidencia y Petroecuador y así fueron vinculados al excontralor Pablo Celi y al exsecretario presidencial y posterior ministro de Energía, José Agusto.
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Compras públicas de salud
Imagen referencial de la fachada del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano, de Seguridad Social, en Guayaquil, el 15 de junio de 2019. Fiscalía
La pandemia de Covid-19 generó el escenario ideal para que la corrupción prolifere en las compras públicas y hubo cientos de procesos con irregularidades, que fueron o siguen siendo investigados por las autoridades locales.
La proliferación obligó a que la Fiscalía cree una fuerza de tarea específica para llevar estos casos y el gobierno de entonces anunció una reestructuración del sistema de compras de insumos de salud, que nunca sucedió. Hasta mayo, la mayoría de casos seguían en etapa de investigación previa y solo uno en etapa de juicio.
Además de esto, en las cortes estadounidenses existen al momento 28 procesos en curso que vinculan a ecuatorianos, algunos de ellos tienen relación directa con los casos antes mencionados.
Por ejemplo, el proceso contra Álex Saab, dos contra Jorge Chérrez (caso Isspol) y otros tres por el caso Las Torres (Petroecuador).
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