La reforma de seguridad, presentada por el Gobierno, propone que los centros de privación se conviertan en sectores estratégicos, y bajo una figura de emergencia los militares podrían ingresar a resguardarlos.
El quinto eje del proyecto Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que presentó el Gobierno a la Asamblea, apunta a mejorar la gestión del sistema de cárceles.
La parte central del proyecto está en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pues el Ejecutivo plantea un cambio en el artículo 42 sobre la regulación a los sectores estratégicos.
De allí que la reforma propone que en esta lista de sectores estratégicos se incluya a los centros de privación de libertad.
Según la Constitución, los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental para el país. Y actualmente son:
- La energía en todas sus formas.
- Las telecomunicaciones.
- Los recursos naturales no renovables.
- El transporte.
- La refinación de hidrocarburos.
- La biodiversidad y el patrimonio genético.
- El espectro radioeléctrico.
- El agua.
- La industria de la defensa, de seguridad interna, de investigación científica y tecnológica para fines de defensa.
- La seguridad interna.
Emergencia en el sistema de seguridad
Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, mostró su preocupación por los alcances de esta posible reforma.
Según Narváez, incluir a las prisiones en los sectores estratégicos daría carta libre para que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles.
Pero esto último se prohíbe en la Constitución, puesto que la función de la milicia está limitada a la soberanía y a la defensa territorial.
En tanto que en la actual Ley de Seguridad Pública y del Estado se establece que el Ministro de Defensa, ante circunstancias de inseguridad críticas de la gestión de los sectores estratégicos, dispondrá a las Fuerzas Armadas, la protección de las instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar el normal funcionamiento.
Mientras que en la reforma de seguridad se plantea crear una figura de emergencia del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Bajo esta figura, se facilitaría la coordinación y colaboración de los militares con la Policía.
Y una de las causales para que se declare esta emergencia es “cuando existan elementos serios que permitan prever amenazas de ataques contra sectores estratégicos”.
Uso progresivo de la fuerza
También en el proyecto de ley se propone regular el uso progresivo de la fuerza, pero no solo para la Policía, sino también a las Fuerzas Armadas. Las actuales normas sobre este tema no aplican para los militares, “pese a que estas últimas sí tienen que usar la fuerza en aquellos casos que la Ley se los exige (por ejemplo, al resguardar los sectores estratégicos)”.
Luis Hernández, ministro de Defensa, acudió a la Comisión de Seguridad de la Asamblea el 28 de enero de 2022. Fue convocado para hablar de los otros dos proyectos de uso de la fuerza que están en trámite.
En la sesión, el legislador Narváez aprovechó para consultarle sobre estos nuevos cambios propuestos, aunque la iniciativa aún no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Hernández dijo que entiende la preocupación y que la propuesta deberá ser contrastada con los estándares de la Corte Interamericana. Y añadió que espera que durante el debate de la norma se pueda llegar a un punto medio.
Por su parte, Alexandra Vela, ministra de Gobierno, en una entrevista con Ecuavisa dijo que con la reforma no se está planteando el ingreso de militares a las cárceles, en caso de amotinamientos.
Aunque en la misma entrevista añadió: “En una guerra abierta, donde los ecuatorianos enfrentamos la amenaza de narcotráfico, se requiere, como situación de carácter excepcional, todas las herramientas para poder enfrentarla“.
Otros cambios en las cárceles
En el proyecto del Ejecutivo, además, se plantean ocho reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), referentes al sistema carcelario. La mayoría es para reducir el hacinamiento carcelario.
Uno de estas reformas se aplica en el artículo 685 del COIP, que aborda la seguridad interna y perimetral de las cárceles. El proyecto propone que en casos donde resulte insuficiente la actuación de la Policía, como amotinamientos o crisis graves, los militares podrán ingresar a las prisiones.
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