Un nuevo proyecto busca unificar el marco legal sobre el uso de la fuerza

La crisis de seguridad y violencia empeora cada día. Eso se refleja en que en los primeros 25 días del año se han reportado 81 muertes violentas en Guayaquil y 237 en todo el país, siendo el inicio de años más violento desde 2010.

La principal respuesta del Gobierno ante esta ola de criminalidad fue enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que contempla cinco ejes que van desde el uso progresivo de la fuerza hasta el manejo carcelario y plantean reformas a seis leyes.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, instó al Legislativo a priorizar la aprobación de este proyecto. Incluso, pidió darle un trato al estilo de los proyectos de ley económico urgentes, lo que significa tratarlo en 30 días.

El primer eje de la norma, que llegó a la Asamblea la tarde del 25 de enero de 2022, es el uso progresivo de la fuerza por parte de efectivos de la fuerza pública.

Lo que plantea la iniciativa

En esta parte del proyecto, el Ejecutivo plantea que el Estado requiere, en situaciones excepcionales, usar legítimamente la fuerza en forma progresiva para garantizar la seguridad.

Las entidades facultadas para usar la fuerza con potencial letal son:

• Fuerzas Armadas
• Policía Nacional
• Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria

Además, se propone cinco niveles de uso de la fuerza: Presencia policial, verbalización, control físico, uso de técnicas no letales y uso de la fuerza con potencia letal.

Aclara que ante situaciones que pongan en riesgo la vida de terceros o del propio servidor de la fuerza pública, el uniformado podrá iniciar el uso legítimo de la fuerza en el nivel que considere razonable y necesario para neutralizar la amenaza. Eso incluye la fuerza con potencial letal.

Un problema recurrente

La intención del Gobierno de liderar una reforma en este sentido nace de un caso coyuntural.

El 19 de enero, el policía Santiago Olmedo fue sentenciado, en primera instancia, a 40 meses de cárcel por el supuesto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Meses atrás Olmedo abatió a dos delincuentes que intentaron asaltar a un menor de edad.

Pero, según la Policía Nacional, este no es un caso aislado. En el país habría cerca de 1.000 servidores policiales procesados penalmente por supuestos delitos cometidos durante su servicio.

Roberto Andrade, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, dice que en el nuevo proyecto se incluyen los mismos estándares internacionales vigentes desde hace mucho tiempo. Es decir, el uso de la fuerza desde la presencia policial hasta la fuerza letal.

Sin embargo, según Andrade, es importante una ley porque hay mucha dispersión normativa.

Marco legal confuso

En mayo de 2021, la Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen sobre un acuerdo emitido por el Ministerio de Defensa que buscaba reglamentar el uso de la fuerza militar. El organismo declaró la inconstitucionalidad de ese documento.

Aprovechó ese fallo para hacer un acercamiento general al uso progresivo de la fuerza y sus principios aplicables en Ecuador.

Primero, el organismo recordó que ya había una sentencia anterior (No. 5-19-EE/19). Ese dictamen señaló que "tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son las

únicas entidades que pueden ejercer la fuerza de manera legítima".

En el fallo se mencionan varias normas que abordan este tema. Por ejemplo, en diciembre de 2019 la Asamblea aprobó una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y creó un artículo sobre el cumplimiento del deber legal de policías y agentes penitenciarios.

Según esa norma, cuando los agentes de la Policía y del SNAI causan lesión, daño o muerte a otra persona, están cumpliendo su deber siempre y cuando estén protegiendo un derecho propio o ajeno.

En el artículo 163 de la Constitución, también, se estipula que los policías deben utilizar medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.

Además, existe el Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza, que es un documento interno de la Policía Nacional. El documento plantea los cinco niveles del uso de la fuerza establecidos en los instrumentos internacionales:

Los niveles van escalando, según el reglamento policial, dependiendo de la amenaza que represente el supuesto agresor. Para utilizar la fuerza letal, por ejemplo, debe haber un riesgo para la vida del oficial o de un tercero.

Por esta razón, Andrade dice que el objetivo del Gobierno es homogeneizar toda esta normativa y aclarar que no es un uniformado quien usa la fuerza, sino el Estado a través de un agente.

Otros proyectos

Pero no solo la normativa existente debe unificarse en la nueva ley. Los legisladores deberán tomar en cuenta otros dos proyectos que ya están en trámite en la Asamblea y que también se refieren al uso progresivo de la fuerza.

César Litardo - Lenín Moreno

César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional, la auspició y presentó. El proyecto ya recibió el visto bueno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y fue asignado a la Comisión de Soberanía para su trámite, aunque esté no ha avanzado.

El Gobierno del expresidente Lenín Moreno, también presentó el 13 de abril de 2021 un proyecto de Ley Orgánica para el Uso Legal, Proporcional, Adecuado y Necesario de la Fuerza. Aunque la iniciativa no fue inscrita como ponencia presidencial o ministerial.

En su esencia, el proyecto es bastante parecido al reglamento policial. La diferencia es que no aplica solo para la Policía Nacional, sino que normaría a todas las fuerzas de seguridad pública.

César Solórzano

El 8 de febrero de 2021, el exvicepresidente de la Asamblea y exlegislador por Sociedad Patriótica, César Solórzano, presentó el Proyecto de Ley Orgánica sobre el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza.

Esta iniciativa fue calificada por el CAL y pasó a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Actualmente, está en revisión de esa mesa para la elaboración del informe para primer debate.

En esta iniciativa, se autoriza el uso de armas de fuego con munición letal cuando los medios disuasivos sean insuficientes, en defensa propia o de terceros, en caso de riesgo de lesiones graves o muertes o para evitar la comisión de un delito que sea una amenaza para la vida.

El 26 de enero de 2022, la ministra Vela deberá acudir a la Asamblea para aportar al trámite de esos proyectos. Ella espera que estas iniciativas se unifiquen con la presentada por el Ejecutivo.

También le puede interesar: