Según la iniciativa legal, el Gobierno asumirá -vía contratación pública- los honorarios de abogados que defiendan a los policías procesados.
El proyecto de se denomina Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de Fuerza Pública y será enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional entre la tarde y noche del 25 de enero de 2022.
El objetivo central de la iniciativa, según la ministra de Gobierno Alexandra Vela, es crear los mecanismos que hacen falta para hacer las operaciones de intervención policial y militar de manera coordinada.
Estos serán los ejes del proyecto:
- El uso progresivo de la fuerza policial.
- Cooperación entre Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
- Mecanismos de defensa para uniformados cuando son procesados por actos de servicio.
- Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para solucionar vacíos y contradicciones que complican el trabajo de la fuerza pública.
- Cambios legales para mejorar los centros carcelarios.
Detalles específicos
En una rueda de prensa, Vela explicó varios detalles de la norma antes de que se presente de manera oficial.
En el eje de uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, dijo que lo que se busca es unificar todo el marco legal que está regado en varias normas y que recoge los protocolos internacionales al respecto.
Sobre la defensa a efectivos policiales, el Gobierno plantea la posibilidad de que el Estado pueda contratar abogados particulares para que defiendan a los uniformados procesados por actos de servicio.
Respecto a las reformas al COIP, en cambio, se busca aclarar y reforzar los requisitos para dictar prisiones preventivas. Esto como una medida para reducir el hacinamiento carcelario.
Los anuncios se hicieron luego de una reunión entre el presidente Guillermo Lasso y Santiago Olmedo, policía recientemente sentenciado en primera instancia a 40 meses de prisión por un supuesto uso excesivo de la fuerza.
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