El CNE atraviesa una encrucijada política y administrativa

Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplieron un año en funciones la semana pasada. Y, aunque aún les restan otros cinco, la oposición a su presidenta Diana Atamaint se expande dentro y fuera de la institución.

La gestión de este organismo enfrenta tensiones desde el primer día. Solo tres de los cinco consejeros participaron de la primer sesión del organismo, en la que se eligió a Atamaint como titular y a Enrique Pita como vicepresidente.

Además, este Consejo tiene una característica distintiva. Desde la vigencia de la Constitución de 2008, es la primera vez que los partidos y movimientos políticos volvieron a tener representación en el organismo.

Creo abre un frente de ataque contra Atamaint

El movimiento Creo presentó una solicitud de juicio político en contra de la presidenta del CNE. El documento está respaldado por 44 legisladores, incluidos varios de las bancadas de Alianza PAIS, Acción Democrática Independiente (BADI) y de Integración Nacional (BIN).

Los proponentes son Jeannine Cruz y Fernando Flores. Ellos presentaron la acción, junto a otros ocho compañeros de bloque, por incumplimiento de funciones. Y argumentaron el caso, que dijeron, cuenta con 4.000 fojas.

Según Cruz, llevan meses recolectando las evidencias debido a que "hubo mucha información que la señora Atamaint nos ha ocultado". Y es por eso que "no podemos arriesgarnos con una persona que no da la confianza" al frente de la autoridad electoral.

Son tres los hechos que Creo presenta como sustento del caso:

• La sanción del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), del 8 de julio de 2019, de 20 remuneraciones básicas en contra de Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero. Por la resolución que destituyó al presidente de la Junta Provincial Electoral de Los Ríos y no advirtió que el escrutinio no había cerrado en las elecciones seccionales de este año.
• El incumplimiento del Reglamento sobre auditoría de procesos electorales y ausencia de acciones para investigar y tomar medidas correctivas ante las denuncias presentadas por los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto.
• La falta de respuesta en el caso Yasunidos, sobre el pedido del colectivo de una certificación de que sí cumplieron con el requisito de firmas legal para la consulta popular que plantearon en 2014.

Dos días antes, este 26 de noviembre, el CNE no pudo asignar el fondo partidario a Creo por falta de quórum en su sesión plenaria. El presidente nacional del movimiento advirtió que se trataba de un chantaje por parte de Atamaint.

El legislador Flores descartó que la intención de sacar a Atamaint del cargo, se trate de una jugada de Creo para tomar el control del Consejo. "Se dicen muchas cosas", respondió y agregó que otras bancadas están revisando la información del juicio previo a darles su apoyo.

De todas formas, si Atamaint fuese destituida, el nuevo Pleno (con el suplente que asuma) debería decidir quién pasaría a ocupar la presidencia del CNE.

Para llegar a ese punto, primero hace falta que el juicio político sea aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Fiscalización y el Pleno de la Asamblea Nacional.

Dentro del CNE también observan cada movimiento de la Presidenta

Atamaint mantiene una mayoría dentro del pleno con Cabrera (PSC) y Acero (AP). Pero Pita (Creo) y Verdesoto han sido críticos de su administración.

El jueves 28 de noviembre tenían previsto insistir en el caso 'Arroz Verde' y que el informe de mayoría pretende "exculpar" a los implicados. Sin embargo, la rueda de prensa se canceló sin previo aviso.

Verdesoto considera que "por lo menos hay indicios de responsabilidades penales que necesitan ser investigados, por financiamiento irregular".

En julio pasado, Pita y Verdesoto hicieron otra denuncia y acusaron directamente a funcionarios del área de Informática del organismo de intervenir en el sistema electoral durante las seccionales de marzo de 2019.

Atamaint ha respondido previamente a las acusaciones de sus compañeros calificándolas de denuncias “sin pruebas”. Mientras que ellos insisten en una "parcialización" del trabajo en el pleno del CNE.