El Covid-19 desató una crisis de corrupción en las compras públicas

El panorama de la corrupción en el gobierno de Lenín Moreno tuvo dos etapas. Primero, denunciando y desmarcándose de los 10 años del correísmo. Y después, sumido en decenas de nuevos casos por el mal uso de fondos públicos.


Propuestas del plan de gobierno

El plan con el que Lenín Moreno llegó al poder en 2017 estaba estructurado por temas, a los que se les denominó revoluciones. Eran 12. Y la tercera hablaba de la revolución ética.

En ese apartado se hicieron varios enunciados sobre la lucha contra la corrupción, aunque muy pocas propuestas eran concretas y medibles. Ninguna se refería al sistema de compras públicas.

Entre estas ‘propuestas éticas’ estaban:


¿Cómo recibió el área?

El expresidente de la República, Rafael Correa, entregó el poder el 24 de mayo de 2017 con un sistema judicial señalado por la oposición política como dependiente de las decisiones del Ejecutivo.

En 2011, durante un enlace presidencial, Correa anunció la metida de mano en la justicia a través de una consulta popular, en la que propuso diez temas, entre ellos una reestructuración del poder judicial “por el bien del país”.

En la propuesta del correísmo, el Consejo de la Judicatura jugaba un papel importante en los procesos judiciales abiertos por corrupción en contra de personajes identificados como opositores del régimen, que se declararon perseguidos políticos.

Esto se reveló en correos electrónicos, por ejemplo, entre Correa, el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el secretario jurídico Alexis Mera, entre otros funcionarios.

Sospechas de corrupción en los sectores tributario, de comunicación, petróleo, energía, entre otros, en los que se involucraba a funcionarios del régimen, eran desestimados desde Carondelet.

Sin embargo, el exministro de Electricidad de Correa, Alecksey Mosquera, fue detenido en 2017 por el delito de lavado de activos, relacionado con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Meses antes de que Correa terminara su mandato, otro escándalo comenzaba a fraguarse, esta vez en la Contraloría, cuyo máximo representante, Carlos Pólit, terminó sentenciado y prófugo de la justicia, también por el caso Odebrecht.


Top de acciones gubernamentales

El plan de gobierno de Lenín Moreno y Jorge Glas proponía una revolución ética: “lograr una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es una búsqueda permanente por la verdad. Implica una lucha frontal y radical contra la corrupción en todas sus manifestaciones”.

En uno de sus tres retos, planteó la necesidad de un pacto ético para prohibir que los dignatarios de elección popular y los servidores públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales, pues la evasión de impuestos le ha costado al país 30 mil millones de dólares.

También se propone, dentro de la revolución ética, impulsar la transparencia de información pública y la rendición de cuentas, así como establecer mecanismos eficaces de transparencia y veedurías.

La primera iniciativa impulsada por Moreno fue la creación del Frente contra la Corrupción, en junio de 2017.

El 19 de febrero de 2019 se firmó la Cooperación interinstitucional contra la corrupción. Lo encabezó el contralor Pablo Celi, hoy recluido en la Cárcel 4, de Quito.

La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce) fue creada el 13 de mayo de 2019 y necesitaba un estatuto para comenzar a trabajar.

Pero no se concretó el marco jurídico y diplomático para que los comisionados puedan ejercer su labor.

El Consejo de la Judicatura inauguró la Mesa de la Lucha contra la Corrupción. A las pocas horas, la Fiscalía anunciaba que no participaría de esta iniciativa y la Corte Nacional aclaró que no se adhería al acuerdo.

El 22 de mayo de 2020, Lenín Moreno decidió eliminar la Secretaría Anticorrupción después de 15 meses en funciones.

Su último secretario, José De la Gasca, cerrará las puertas de esta entidad, conformada por 21 funcionarios y contaba con un presupuesto para 2020 de USD 615.000, de los que se habían ejecutado USD 153.000.

La Secretaría se creó el 6 de febrero de 2019. Su primer titular fue Iván Granda; le siguió Dora Ordóñez.

Solo en la pandemia se abrieron 96 causas adicionales por compras de insumos. Apenas 13 han pasado a la segunda fase del proceso.

¿La razón? Están saturados y no pueden avanzar como quisieran. 432 personas son investigadas. Unos ya están fuera del país, prófugos de la justicia.


La catástrofe’

La pandemia del coronavirus, que golpeó al Ecuador desde inicios de 2020, supuso la declaratoria de emergencia nacional. Y bajo ese escenario, 1.010 entidades públicas se declararon en emergencia.

Esa declaratoria, entre otras cosas, les permitió hacer compras rápidas, sin los controles convencionales del sistema de compras públicas. Directas y por invitación a los proveedores.

Según los datos del propio Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), en el primer año de la pandemia, el Estado gastó USD 332,4 millones a través de las denominadas compras de emergencia.

Sin embargo, de la mano de esas compras vinieron también decenas y decenas de casos de corrupción, en gobiernos locales, en ministerios, en hospitales y otras entidades públicas.

La sobrecarga de casos fue tal que la Fiscalía General del Estado, rebasada de trabajo, tuvo que crear una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para que se dedique únicamente a los casos de corrupción relacionados con la pandemia y el sistema de compras públicas.

Pero estos casos, además, develaron un sistema de corrupción generalizado y normalizado en el sector de la salud, que había operado por varios años en la compra de medicamentos, insumos y equipos médicos.

Por ejemplo, PRIMICIAS reveló que varias compañías interconectadas en la denominado caso Zoldan se beneficiaron de 300 contratos de salud pública, entre 2009 y 2020, por USD 119 millones.

Y esa no es la única red que se halló. También, en los hospitales del IESS de Guayaquil se ubicó otra supuesta red de delincuencia organizada.

Varios funcionarios favorecieron a un grupo empresarial con contratos, a través de convenios pago. En ese caso, está involucrado Paúl Granda, exdirector del IESS del gobierno de Moreno.


Lo que hereda al nuevo gobierno

El nuevo gobierno, comandado por Guillermo Lasso, tendrá dos retos principales en cuanto a la corrupción y el sistema de compras públicas.

Primero, el Gobierno deberá dar los recursos y la independencia necesaria para que la Fiscalía actúe en los casos de corrupción que se vienen acumulando desde los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Solo en este último período, según los datos de la Fiscalía, se generaron 189 procesos de este tipo, manejados por la Fuerza de Tarea y por la Unidad Antilavado de Activos.

La mayoría de estos procesos está todavía en la primera etapa de investigación. Solo en los casos de la pandemia, el 87% sigue en etapa previa.

Según la fiscal Diana Salazar la acumulación de casos tiene dos aristas. Primero, la falta de fiscales. Y segundo la falta de recursos. El presupuesto de la Fiscalía se redujo en casi 10% en los últimos siete años.

El segundo reto de Lasso y su gobierno es mejorar el sistema de compras públicas. Aunque en su plan de Gobierno no se habla de una reforma legal en este sentido.

En mayo de 2020, el gobierno de Moreno anunció una nueva forma de comprar medicamentos e insumos médicos. Se trata de un programa de compra unificada que ahorraría USD 400 millones al Estado.

El plan debió estar en marcha en diciembre de 2020 y luego en marzo de 2021. Pero los retrasos no pararon y se proyecta que entre en vigencia en el segundo trimestre de 2021.

Sin embargo, Lasso todavía no ha anunciado si seguirá con esta iniciativa o cuál es su plan con las compras públicas.

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