Pese a la existencia de un informe de la Contraloría que da cuenta de uso irregular de dinero público, Pablo Romero, extitular de la Senain, no fue condenado.
El caso estuvo a cargo del fiscal general subrogante, Wilson Toainga. El funcionario intentó demostrar que Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del correísmo, y cuatro exfuncionarios de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), dispusieron de dineros públicos de forma arbitraria.
Pero, no lo logró. El 15 de julio de 2021, los cinco involucrados, incluyendo a Romero, fueron ratificados inocentes por dos de los tres jueces de un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Por mayoría, ese criterio se impuso.
La Fiscalía anunció que apelará esa resolución. Uno de sus argumentos será que Marco Rodríguez, juez que completó el Tribunal, emitió un voto salvado y los declaró culpables con una sentencia de ocho años de cárcel.
El caso se refiere a una operación de contrainteligencia llamada Caminito que se desarrolló en 2013. La Senain habría intentado frenar intentos de un grupo de hackers internacionales que supuestamente querían vulnerar sistemas informáticos locales como el de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Por esta razón, entre sus testigos, Toainga citó a funcionarios de la CNJ. El juez José Suing, por ejemplo, dijo que nunca conoció que sus correos hayan estado en riesgo de un ataque informático, como se estableció en la operación Caminito.
El IRP de la Contraloría
La prueba más importante que tenía la Fiscalía era un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) de la Contraloría. Esa entidad estableció, tras una auditoría, que hubo irregularidades en el manejo de gastos especiales de la Senain y que, en el caso de Caminito, se sospechaba un presunto delito de peculado.
En 2013, la Senain gastó USD 13,3 millones del Fondo de Gastos Especiales y, de este total, USD 110.984 se gastaron en la operación denominada Caminito.
Y en medio de esa operación, el 4 de julio de 2013, se tramitó la Solicitud de Fondos 123: se entregaron USD 63.621 en efectivo, el solicitante y beneficiario de ese monto fue Pablo Romero, en ese entonces secretario de Inteligencia.
El dinero se usó para pagar a un informante denominado 'El Ruso'. Se le pagó por información de interés operativo, supuestamente, entregada en un medio magnético.
Según el informe de la Senain de esa época, la información entregada por 'El Ruso' permitió "detectar y tomar acciones correctivas en referencia a las vulnerabilidades de las altas autoridades del país, así como de la seguridad electrónica de las principales instituciones del Estado".
Pero, no se obtuvo una autorización del pago al informante. Tampoco se especificó el sitio de entrega del dinero, ni existe un informe que detalle el procedimiento para intercambiar el dinero por la información. Tampoco hay documentación que compruebe que se recibió la información y cuál fue.
Luego vinieron otros pagos a 'El Ruso' por más información. En total se gastó más de USD 90.000. También se incluyeron costos de viáticos para viajes de funcionarios de la Senain a Uruguay, con el objetivo de realizar esos pagos.
El informante era Eduard Soler, de nacionalidad española. Pero, la firma de su pasaporte no coincide con la que aparece en el recibo del pago. También hay inconsistencias en los documentos relacionados con la formación de Soler.
Además, en marzo de 2014, el embajador de Ecuador en España certificó a la Contraloría que el número de pasaporte utilizado como documento de identidad de 'El Ruso' no corresponde a Soler.
Supuesto pasaporte de alias 'El Ruso', informante de la Senain. Captura de pantalla
¿Cómo Romero desmontó el caso?
Para probar que la operación Caminito existió y que 'El Ruso' es real, Romero y su defensa jurídica presentaron dos documentos y ocho testigos.
- El acta de la reunión del Consejo de Seguridad Pública del 30 de noviembre de 2017. En ese documento, en la resolución 16.02, se solicitaba a la Senain que ratifique a la Fiscalía que Caminito sí existió y se pedía que se corrijan fechas y rutas de la operación.
- Un oficio enviado por Rommy Vallejo, exsecretario de la Senain que reemplazó a Romero, en el que confirmaba que la operación Caminito se realizó satisfactoriamente.
Los testigos, en cambio, fueron exfuncionarios de la Senain quienes confirmaron que se reunieron en cuatro ocasiones con 'El Ruso'. Identificaron la foto del sujeto y aseguraron que coincidía con la imagen del pasaporte.
Por ejemplo, Miguel Loaiza, exfuncionario de la Senain, confirmó que se reunió en un restaurante con el informante. Paúl López, agente de policía, también lo conoció: lo describió como un hombre de "piel blanca y cabello lacio".
Pese a esta ratificación de inocencia en este caso, Romero seguirá preso. En su contra pesa una sentencia de ocho años por secuestro. En ese caso, denominado Balda, fue juzgado por el secuestro del activista Fernando Balda por órdenes del expresidente Rafael Correa.
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