El desmantelamiento de la Secretaría Nacional de Comunicación, que pasó a ser parte de la Presidencia, impactó en la imagen y gestión del Gobierno. El Plan de Comunicación actual reconoce las fallas y busca retomar algunas prácticas.
El desmantelamiento del aparataje de propaganda del correísmo fue una de las primeras acciones del presidente Lenín Moreno. Fue aplaudido por ello. Especialmente al dar de baja los “enlaces ciudadanos” o ‘sabatinas’ y las incontables cadenas informativas del régimen anterior.
En esa misma línea, el 11 de octubre de 2018, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) pasó a formar parte de la Presidencia.
El 3 de mayo de 2018 el Ejecutivo centralizó la capacidad de contratación de productos comunicacionales, impidiendo así que cada dirección de comunicación institucional lo haga individualmente. Pero no funcionó, por lo que el 21 de noviembre de 2019 se devolvió la competencia a cada entidad.
Después de cuatro secretarios de Comunicación y 30 meses en el poder, los problemas del Gobierno en el área son claros. Es por eso que el 19 de diciembre la Secom aprobó su Plan de Comunicación.
El objetivo es abarcar todo el territorio nacional para fortalecer la imagen del Gobierno, a través de una estrategia de producción y difusión de contenidos, y generar credibilidad en la ciudadanía.
En ese documento la Secretaría de Comunicación de la Presidencia hace un análisis de sus fortalezas y debilidades. Y entre los principales problemas de la entidad están:
- La dispersión de los materiales de comunicación entre las distintas instituciones del Ejecutivo, lo que implica dificultades en la coordinación de los productos.
- La falta de políticas claras para el uso compartido de recursos comunicacionales.
- La rotación de personal en las direcciones y unidades de comunicación.
- La falta de sistemas informáticos que permitan una coordinación inmediata.
- La falta de un sistema permanente de monitoreo y evaluación del impacto de los productos generados por la Función Ejecutiva.
- Falta de coordinación en territorio.
- Falta de consolidación de servicios comunes requeridos por las diferentes unidades de comunicación, como monitoreo de medios.
- Empleo de varios equipos y personal propio de cada entidad para coberturas de eventos con varias autoridades.
- La introducción de cambios de última hora en los productos comunicacionales.
Las consultorías contratadas para el desarrollo de una estrategia de comunicación pública para la Función Ejecutiva señalan que la principal causa es, precisamente, la ausencia de una estrategia delineada en un documento formal y de un plan integrado de comunicación.
Otro punto débil es la ausencia de claridad en los mensajes a la ciudadanía. Las causas, según el Plan, son la inasistencia de las autoridades invitadas a entrevistas, la ausencia de un discurso político unificado y la falta entrega oportuna de información de las instituciones.
Los eventos públicos no son promocionados con suficiente tiempo, no hay calendarios de acción de las entidades y las páginas web institucionales están desactualizadas.
Entre las oportunidades señaladas en el documento constan la normativa de comunicación, el derecho a la rectificación y a la réplica, “importantes recursos de comunicación distribuidos a nivel nacional” y la capacidad de generar respuestas inmediatas.
Pero también señala las amenazas a la comunicación gubernamental:
- Intentos de los medios privados de deslegitimar políticamente las acciones del gobierno y su modelo de desarrollo.
- Desinformación a través de redes sociales.
- Parcialidad informativa por parte de detractores políticos.
Objetivos estratégicos de la Secretaría de Comunicación
El principal objetivo del Plan de Comunicación es “incrementar el posicionamiento positivo del Presidente y su Gobierno”. Para esto, el Ejecutivo pretende impulsar campañas masivas de difusión, generar productos informativos y posicionar mensajes estratégicos segmentados en función de la gestión pública.
El segundo objetivo es incrementar espacios comunicacionales con la participación de la ciudadanía. La estrategia delineada aquí es utilizar dichos diálogos para implementar testimonios ciudadanos que “apalanquen” las acciones del Gobierno e incrementar el contacto con la gente “en territorio”.
Asimismo, tienen previsto elaborar campañas y estrategias digitales para sus cuentas oficiales, estandarizar la imagen de los eventos públicos y buscarán una mayor participación de los medios tradicionales en ellos.
El tercer objetivo es aumentar el acceso de la ciudadanía a la información del Primer Mandatario y el Gobierno. Esto, por ejemplo, con mecanismos de comunicación “uno a uno” y generar espacios para contrarrestar noticias falsas.
El último objetivo es ampliar la capacidad de respuesta comunicacional del Ejecutivo en situaciones de conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.
Justamente el 20 de diciembre, la Presidencia autorizó la búsqueda de una empresa que se encargue del “desarrollo de una estrategia comunicacional para la difusión en medios televisivos, radiales, impresos, vía pública, digital y cines para informar la gestión, acciones, políticas, obras y programas que implementa y desarrolla el Gobierno Nacional”.
Y, como consta en la lista anterior, el monto del contrato asciende a USD 1,89 millones. Para el proceso se invitó a cuatro empresas, sin embargo, aún no se ha adjudicado el contrato.
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