Pese a la expectativa, hay casos judiciales que se estancaron en 2021

Cuando arrancaba el año, había varios procesos penales que generaron interés público. Sin embargo, varios de ellos no se concretaron.

La carga procesal que tiene los jueces y fiscales, las limitantes para la realización de audiencias por la pandemia y la falta de recursos son algunos de los problemas que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano.

Estos problemas, además, generan un represamiento de causas que se agrava año tras año. Según datos de la Fiscalía, cerca del 90% de los casos siguen en etapa de investigación previa.

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Incluso, hay casos de interés público -relacionados con política y temas de corrupción- que no lograron avanzar en 2021. Esto, pese a que cuando se iniciaron acapararon una alta exposición mediática y generaron una gran expectativa.

Los casos

A continuación, PRIMICIAS le presenta los tres grupos de casos judiciales de los que se esperaba una resolución en 2021, pero que se mantendrán en la agenda del próximo año.

Caso Diezmos
El juez Walter Macías presidió audiencia de revisión de medidas cautelares de Karina Arteaga. 2 de agosto de 2021 Corte Nacional

Aunque con dos sentencias de segunda instancia, dictadas por la Corte Nacional, el Caso Diezmos todavía tiene muchos pendientes por resolver.

El proceso hace referencia a los cobros indebidos realizados por legisladores, de distintas tiendas políticas, a sus colaboradores y subalternos a cambio de estabilidad laboral.

Por ahora, la justifica ha fallado dos veces en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña y la exlegisladora Norma Vallejo, ambas de las filas de Alianza PAIS (AP). Sin embargo, las condenas no están en firme.

Ambas tienen sentencias de dos años pendientes de casación. Esta es la última instancia antes de que las penas se ejecuten.

Sin embargo, en los archivos del Ministerio Público todavía hay al menos 18 casos en investigación previa sobre los diezmos pagados y que todavía no se concretan.

En 2021, solo uno de estos procesos avanzó, aunque no aún a la etapa decisiva. El 15 de octubre, el juez Walter Macías llamó a juicio a Karina Arteaga, también de AP, por el mismo caso. Todavía no hay fecha para el juzgamiento.
Casos del paro 2019
Paola Pabón y Virgilio Hernández llegan a la audiencia preparatoria de juicio por el caso de rebelión, el 17 de agosto de 2020, API

Luego de más de dos años de los violentos hechos de octubre de 2019, la Fiscalía y las cortes ecuatorianas tienen en fila varios procesos contra los presuntos responsables.

El primer caso en avanzar fue el de presunta rebelión. En este proceso están involucrados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el exasambleísta y parlamentario Andino, Virgilio Hernández; y el dirigente correísta Christian González.

En agosto de 2020, los tres fueron llamados a juicio. Pero todavía no hay fecha de instalación para esa audiencia.

Además, hay otros casos pendientes contra los líderes indígenas que protagonizaron las protestas.

Los dirigentes enfrentan al menos cinco casos penales por el paro de octubre de 2019. Todos siguen en fase reservada.

Las causas son por:
- Secuestro.
- Instigación.
- Terrorismo.
- Odio.
- Grupos subversivos.
En total, la Fiscalía abrió 735 investigaciones por los desmanes. La mayoría se agrupa en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay; solo en Esmeraldas y Galápagos no hubo procesos.

Según los registros judiciales, del total de procesos que se abrieron por el paro de octubre de 2019, únicamente 130 procesos han avanzado. Y algunos incluso corren el riesgo de extinguirse.
La emergencia y la corrupción hospitalaria
El fiscal, César Suárez en los archivos del Hospital del IESS Ceibos. Guayaquil, 10 de noviembre de 2021. Fiscalía General del Estado

Dentro de la corrupción que se destapó durante la emergencia por Covid-19 en Ecuador, un capítulo principal son los procesos alrededor de los hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según el registro de la Fiscalía, la Fuerza de Tarea creada para estos procesos tiene a su cargo 172 casos. De los cuales, el 90% se mantienen en investigación previa. Es decir, todavía son reservados.

Según los registros de la Fiscalía, los casos pendientes son, en su mayoría, en contra de funcionarios de nivel bajo y medio. El 62% de los procesos tiene fuero ordinario, es decir, se sustancian ante tribunales penales de primer nivel.

El 35% de los casos, en cambio, es en contra de autoridades seccionales, como alcaldes y prefectos, quienes tienen fueron provincial, y solo el 3% involucra a autoridades nacionales como ministros, Presidente y Vicepresidente.