Los procesos penales por el presunto perjuicio al Estado durante la emergencia del Covid-19 no tienen resultados. Solo 13 procesos presentan avances.
La falta de recursos y de personal siguen complicando a la Fiscalía. Las decenas de casos de corrupción que se destaparon durante emergencia por la pandemia del Covid-19 terminaron por complicar más a las ya abarrotadas oficinas de delitos contra la administración pública.
En junio de 2020, para dar prioridad a los casos de la pandemia, la Fiscalía creó una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria. Sin embargo, ese esfuerzo, aparentemente, no fue suficiente.
Hasta el 31 de agosto de 2021, según los datos de la Fiscalía, la Fuerza de Tarea abrió 172 casos por presunta corrupción y otros delitos contra la administración pública.
Pero hasta esta fecha, la mayoría (159 casos) se encuentra todavía en investigación previa. Esta es una etapa preprocesal, en la que los investigadores reúnen los posibles indicios antes de formular cargos y empezar el proceso.
Más casos de peculado
Cuando los casos permanecen en investigación previa, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) reciben un revestimiento de reserva. No se puede conocer quienes son los presuntos responsables, ni los posibles hechos delictivos.
Lo único que se conoce, por el momento, es el presunto delito. La mayoría de las investigaciones previas es por peculado; el 65% de las indagaciones persiguen este supuesto delito.
Luego viene el tráfico de influencias, con un 25% de los casos, y le siguen otros tipos penales, como concusión, asociación ilícita y otros.
Según los registros de la Fiscalía, los casos pendientes son, en su mayoría, en contra de funcionarios de nivel bajo y medio. El 62% de los procesos tiene fuero ordinario, es decir, se sustancian ante tribunales penales de primer nivel.
El 35% de los casos, en cambio, es en contra de autoridades seccionales, como alcaldes y prefectos, quienes tienen fueron provincial, y solo el 3% involucra a autoridades nacionales como ministros, Presidente y Vicepresidente.
13 casos avanzaron
Del universo de casos de la Fuerza de Tarea, solo 13 han avanzado en etapas procesales y seis están en la etapa de instrucción fiscal. En total en estos casos hay 41 procesados.
Además, hay tres procesos en etapa de evaluación y preparatoria de juicio. El último proceso en pasar esta etapa fue por la compra de pruebas de diagnóstico para Covid-19, que involucraba a Abdalá y Jacobo Bucaram, dos ciudadanos israelís y cinco agentes de tránsito de Quito.
El 4 de octubre de 2021, el juez Giovanny Freire sobreseyó al expresidente y a su hijo en un caso por presunta delincuencia organizada.
Según el análisis jurídico del juez Freire, ellos únicamente fueron compradores de pruebas para el diagnóstico de Covid-19 de forma privada y no se relacionaron con la adquisición y comercialización de las mismas.
La familia Bucaram fue una de las más señaladas por presunta corrupción durante la pandemia. Sin embargo, sus casos se han ido diluyendo con el tiempo.
En su momento, el expresidente Bucaram, tres de sus hijos y su nuera estuvieron involucrados en cuatro casos. Ahora, solo queda un caso vigente y el único involucrado es Jacobo Bucaram.
La Fiscalía persigue una supuesta estructura que se benefició de millonarios contratos con hospitales del IESS de Guayaquil, incluso, desde antes de la pandemia. En ese caso también son procesados los hermanos Daniel y Noé Salcedo, así como Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del IESS. Está pendiente el juicio.
Otro de los cuatro casos que están en etapa de juicio es el de las Pruebas PCR en Quito. En este caso por presunto peculado, están siendo juzgados el exalcalde Jorge Yunda y 13 personas más.
La audiencia se instaló el 29 de septiembre y está previsto que duré hasta finales de octubre.
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