El juez, que fue amenazado de muerte, debe decidir si el caso de asociación ilícita pasa a delincuencia organizada, en el cual la pena es mayor: hasta diez años de cárcel. La audiencia está prevista para el 6 de octubre de 2020.
La Fiscalía prepara un cambio sustancial en uno de los casos más importantes sobre la corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil.
De los múltiples procesos que se originaron tras la pandemia, la prioridad para la Fiscalía es el asociación ilícita. En este son investigadas 15 personas.
Entre ellas: los tres hermanos Bucaram Pulley: Jacobo, Michel y Dalo, además de la esposa de este último, Gabriela Pazmiño.
En el mismo caso están los hermanos Daniel y Noé Salcedo y el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, Luis Jairala Zunino.
Para el 6 de octubre de 2020, a las 10:00, en Guayaquil, el juez Ronald Guerrero convocó a una audiencia de reformulación de cargos, a pedido de la fiscal Claudia Romero.
Después de cuatro meses de investigaciones, la fiscal Romero se apresta a cambiar del delito que acusa: esta vez será por delincuencia organizada.
Un delito más grave
Esta modificación de la figura legal implica cambios considerables. El primero: la condena. Mientras la asociación ilícita se castiga con prisión de 3 a 5 años, en el delito de delincuencia organizada la pena es mayor; va 7 a 10 años de cárcel.
El segundo cambio, es la extensión de la investigación: si el juez Guerrero acoge el pedido de la Fiscalía, la instrucción fiscal se ampliará por 30 días más.
La instrucción fiscal es la etapa previa al juicio, que dura 90 días. Al final de esta parte, la Fiscalía emite su dictamen: acusatorio o abstentivo.
Ricardo Onofa, abogado de los hermanos Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño, dice que el cambio de la figura penal es porque la fiscal Romero “no reunió los suficientes elementos para probar la asociación ilícita”.
“Pero la delincuencia organizada es una figura más compleja que establece roles de participación y la fiscal deberá probarlos”, señala Onofa en un diálogo con PRIMICIAS.
Fuentes de la Fiscalía informaron que tampoco se descarta vincular a más personas a este nuevo delito.
Más líos para Jacobo
De prosperar el caso de delincuencia organizada se configuraría una situación especial para Jacobo Bucaram, el hijo mayor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.
Jacobo Bucaram fue vinculado el pasado 26 de septiembre de 2020 a un caso por delincuencia organizada, 24 horas después de ser expulsado de Colombia.
En ese caso está también su padre, el expresidente, y tres agentes municipales de tránsito de Quito. Este proceso se origina a raíz del asesinato del israelí Shy Dahan, en la Penintenciaría del Litoral de Guayaquil, el 8 de agosto de 2020.
El extranjero, antes de morir, acusó a Jacobo Bucaram de haberle vendido pruebas rápidas de Covid-19 y tras su asesinato salieron a la luz conversaciones entre él y Abdalá Bucaram.
Ese es un caso por delincuencia organizada. Y si el 6 de octubre el juez Ronald Guerrero acepta la reformulación de cargos, entonces Jacobo Bucaram tendría un segundo proceso por delincuencia organizada. Y esta vez en este caso también implicados sus dos prófugos y cuñada (todos prófugos).
Por eso, el abogado Onofa dijo que la fiscal Romero se “está enredando porque deberá probar los tiempos del cometimiento del delito. Tiene que esclarecer cómo se organizó para delinquir con unos primero y luego con otros y con diferentes objetivo”.
Pero los problemas legales de Jacobo Bucaram siguen aumentando. Además de los dos procesos ya mencionados, también tiene otro por tráfico ilícito de bienes patrimoniales, en el que también está su padre.
Ese caso se origina por tres estatuillas precolombinas encontradas en su casa, en el norte de Guayaquil.
Investigan amenazas
Además de eso, la Fiscalía ya investiga las amenazas hechas contra el juez Ronald Guerrero y que, según la denuncia, provienen de la familia de Jacobo Bucaram.
Fuentes policiales explicaron que el pasado 28 de septiembre de 2020, tres extranjeros acudieron al despacho del juez.
Allí hablaron con la secretaria del magistrado y le enviaron un mensaje: que debía poner en libertad a Jacobo Bucaram. Esa visita quedó registrada en las cámaras de videovigilancia.
La defensa de Bucaram deslindó cualquier responsabilidad en ese hecho, pero la Fiscalía ya investiga el hecho .
No descarta iniciar un nuevo proceso contra el primogénito del expresidente, que actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga.
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