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Pulso entre Ejecutivo y Asamblea tiene cuatro posibles desenlaces

En el escenario político se evalúan las opciones de un juicio político contra el Mandatario, su declaratoria de incapacidad mental, un levantamiento popular o la disolución de la Asamblea Nacional.

El 7 de febrero de 2023, el vicepresidente Alfredo Borrero publicó una foto con Guillermo Lasso, ratificándole su compromiso con el Gobierno.

El 7 de febrero de 2023, el vicepresidente Alfredo Borrero publicó una foto con Guillermo Lasso, ratificándole su compromiso con el Gobierno.

@ABorreroVega

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

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El país no había vivido una crisis política tan intensa desde la década de los 90, cuando la inestabilidad política en Carondelet era constante. Los grupos políticos representados en la Asamblea buscan una forma de destituir al presidente Guillermo Lasso desde junio de 2022.

La Constitución establece seis motivos para que un Jefe de Estado cese en funciones. Pero en manos de la Asamblea están solo dos de ellas: cuando se trata de destitución o declaración de incapacidad.

El primer intento de destitución fracasó, después del paro nacional. Y, desde entonces, el discurso de remover del cargo al Mandatario ha sido reiterativo, en cada crisis que atraviesa el país y el Gobierno.

Esta vez, la Asamblea ya no apuesta por una destitución directa, ahora quiere intentar un enjuiciamiento político, que termine en su censura y destitución.

Aunque hay legisladores que se adelantan, por si el proceso no es exitoso, y han hablado de declarar la incapacidad mental del Mandatario o de defender el proceso de destitución en las calles.

En cualquier caso, el presidente Lasso podría tomar la delantera y ejecutar una 'muerte cruzada', para disolver al Legislativo y adelantar elecciones.

A continuación PRIMICIAS resume estos escenarios legales y políticos:

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    Juicio político

    La intención de enjuiciar al presidente de la República se concretó el sábado 4 de marzo, con 104 votos de respaldo en la Asamblea. Ahora resta que se presente la resolución oficial para arrancar el proceso, que estaría liderado por el correísmo (UNES). Para la petición oficial de un juicio político solo existen tres causales:

    1. Por delitos contra la seguridad del Estado.
    2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
    3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
    Y los legisladores se debaten entre las dos primeras, aunque la segunda, argumentan, sería una comisión de delitos "por omisión". Pero, no depende solo de la Asamblea, dicha petición y sus argumentos deben ser remitidos a la Corte Constitucional (CC), para que califique su admisibilidad. En caso de que los magistrados acepten la petición, arrancará el proceso dentro del Legislativo y se concretará con 92 de los 137 votos. En caso de lograrlo, quien asumiría el poder es el vicepresidente Alfredo Borrero. Pero el Ejecutivo sostiene que no hay argumentos legales para sostener las acusaciones contra el Mandatario. Y confían en que la Corte archive el proceso una vez que llegue a sus manos.
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    Incapacidad mental

    En la carrera por sacar al Mandatario de Carondelet, Mireya Pazmiño, una de las legisladoras rebeldes de Pachakutik, habló incluso de la posibilidad de destituirlo por incapacidad mental, porque "un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa". "¿Qué le pasará al Presidente mentalmente? Habrá que ver", dijo la legisladora y afirmó que, si la Corte Constitucional archiva el pedido de juicio político, "hay muchos caminos para deshacernos de ese problema". Este escenario tiene otro tipo de requisitos legales que cumplir:

    1. La petición deberá tener el respaldo de 70 legisladores.
    2. Si el Consejo de Administración Legislativa la califica, tendrá 20 días para solicitar al IESS, al Ministerio de Salud y a la Federación de Facultades de Medicina, ternas de profesionales para que integren un comité de médicos especializados.
    3. Entonces, el Pleno designará a tres de esos profesionales médicos para que presenten "un informe detallado de la salud física y mental permanente" del Presidente, en el máximo de diez días hábiles.
    4. El informe será conocido por el Pleno en un solo debate y, con 92 votos, se podrá declarar la incapacidad permanente y, por tanto, el cese de funciones.
    5. En este caso, el periodo presidencial lo completaría el vicepresidente Alfredo Borrero.
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    Levantamiento popular

    Son varias las organizaciones sociales que han anunciado que respaldarán la salida del presidente Lasso y han pedido a la Asamblea y a la Corte Constitucional que aprueben su enjuiciamiento político. Entre ellas están la Conaie y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quienes exigen al Mandatario que renuncie al cargo. Y el legislador Salvador Quishpe, también de Pachakutik, llamó a la ciudadanía "a defender este proceso, si es necesario, en las calles", en caso de que la Corte archive la petición. Si un levantamiento nacional terminase en el abandono del cargo o la destitución del presidente Lasso, legalmente, también tomaría el relevo el vicepresidente Alfredo Borrero.

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    Muerte cruzada

    En cualquier escenario que involucre al Legislativo, el presidente Lasso puede adelantarse y disolver la Asamblea. La Constitución establece tres causales para ello:

    1. Si se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
    2. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
    3. O por grave crisis política y conmoción interna.
    Solo en el primer caso, como lo establece la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se requiere un dictamen constitucional, que deberá ser aprobado con el voto de las dos terceras partes de los magistrados. Solo, entonces, procederá la disolución. No así en los otros dos casos. El presidente Lasso tiene la ventaja legal y puede disolver a la Legislatura antes de que lo destituyan. En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría un plazo máximo de siete días para convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período vigente. Y las votaciones deberán realizarse "en un plazo menor a noventa días". Y durante esos tres meses y hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente Lasso, previo dictamen favorable de la Corte, podrá gobernar a través de decretos-leyes de urgencia económica. En ese escenario, el Mandatario optaría por buscar la reelección para lo que resta del periodo. Y sería reemplazado solo si es derrotado en las urnas.

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