Pedido de juicio político a Lasso se concretaría la próxima semana

A pesar de la urgencia con la que la Asamblea actuó la semana pasada para aprobar el informe de la comisión del caso Encuentro, de momento los legisladores trabajan con perfil bajo para la redacción de la solicitud de juicio político, con la que comenzará oficialmente el proceso que podría terminar en la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso.

Este 6 de marzo de 2023, el Palacio Legislativo lucía casi vacío, sólo con funcionarios administrativos. La mayoría de comisiones legislativas se reunieron virtualmente, y así también lo harán el martes.

Desde el miércoles, los asambleístas sesionarán en Portoviejo, por el aniversario de su fundación.

Por lo que la entrega de la solicitud de juicio político quedaría para la próxima semana, cuando los legisladores vuelvan a trabajar desde Quito.

Quién está detrás del pedido de juicio político a Lasso

Extraoficialmente, se conoce que el pedido ya está en proceso de elaboración en el bloque correísta UNES. Esa bancada adelantó que entre sus filas se escogería a un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político contra Lasso. Esta debe tener 46 firmas de apoyo, que UNES alcanza por sí solo.

Según el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, a cargo de la elaboración estarían el exasambleísta correísta y actual parlamentario andino Virgilio Hernández y el abogado Mauro Andino. Flores aseguró que ellos estuvieron también detrás del informe de la comisión del caso Encuentro, que servirá de base para el juicio político.

De dicha petición y las causales que allí se expongan depende el futuro del juicio político. Sin embargo, el informe definió dos causales por las que podría ir la solicitud:

• Por conductas que se adecuan al cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado
• Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, en el grado de comisión por omisión.

Una vez que ingrese la solicitud, el primer filtro será el Consejo de la Administración Legislativa, que debe revisar que cumpla con los requisitos. De allí, el proceso pasaría a manos de la Corte Constitucional.

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