Estados Unidos puso el tema sobre la mesa y la mayoría de autoridades ecuatorianas se quedan entre el silencio y los pedidos de información.
El Consejo de la Judicatura se sumó este 11 de enero a la lista de peticionarios que solicitan a la Embajada de Estados Unidos información sobre la supuesta infiltración del narcotráfico en el sistema judicial y en las fuerzas del orden ecuatorianas.
La petición es para que la Cancillería haga de intermediaria y solicite lo que ya ha pedido el Ministerio de Gobierno e, informalmente, el mismo presidente Guillermo Lasso: la lista de los funcionarios que han perdido sus visas por, supuestamente, estar relacionados con casos de corrupción y narcotráfico investigados por Washington.
La reacción de la Judicatura llegó un mes después de que el embajador Michael Fitzpatrick afirmara que sus investigaciones por corrupción no solo incluyen a los 'narco generales', sino a "jueces, abogados, funcionarios públicos o privados".
El comunicado judicial salió como respuesta a otro comunicado de la misma sede diplomática, que confirmaba el retiro de visas a jueces y abogados. Y la Judicatura informó que su Dirección Nacional de Transparencia "requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a EE.UU. han sido revocadas".
Es la misma postura del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que advierte que dicha dirección debe investigar si hay irregularidades.
Pero los pedidos de investigación siempre apuntan a otro responsable. Por ejemplo, el Ejecutivo pasó la polémica a manos de la Contraloría, a la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
De todas las autoridades relacionadas, solo la Contraloría confirmó el inicio de una auditoría a los patrimonios de los 25 generales en servicio activo y sus cónyuges, parejas en unión de hecho e hijos menores de edad. Pero esta acción puede tomarle hasta tres meses, y han transcurrido dos semanas y media.
Mientras tanto la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno guardan silencio. Y la Fiscalía tampoco ha informado sobre el inicio de ningún tipo de investigación.
La fiscalización en el Legislativo
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional también encendió las alertas al hacerse público el caso. Y por ello han convocado a comparecer a la comandante general de la Policía, Tannya Varela, y a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.
El organismo presidido por Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática, no ha tenido suerte. Varela ha declinado dos veces la invitación, por lo que si falta a la tercera convocatoria será llamada a comparecer ante los 137 legisladores.
Vela también declinó la invitación anterior. Pero confirmó su participación para la sesión de este 12 de diciembre, a las 14:00. Ahí Narváez espera que puedan obtener algo de información al respecto, puesto que solo hay silencios desde el gobierno y las demás autoridades, dice.
Me preocupa que hay un silencio, un hermetismo, de las autoridades estatales.
Ramiro Narváez, asambleísta
El legislador asegura que ellos empezaron la investigación a la cúpula policial ante las denuncias de supuestas irregularidades en los ascensos de oficiales. Pero que, al conocer la información revelada por la Embajada de Estados Unidos, se profundizaron las incógnitas.
Narváez cuestiona por qué la Cancillería no ha iniciado conversaciones con la Embajada para conseguir información y que el vocero presidencial, Carlos Jijón, haya insinuado que habría relación entre los cuatro generales dados de baja y el retiro de visas.
Por eso, la Comisión que preside pidió a la Embajada que mantengan una reunión para hablar sobre el tema, sobre la que espera una respuesta positiva.
Pero, a ojos del asambleísta, la lista de responsables ante las especulaciones es larga y no la encabeza la sede diplomática, sino la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, la Policía, la Cancillería, la Contraloría, la UAFE, el sistema de inteligencia.
Vamos a continuar investigando. Lo grave es que todos los pronunciamientos llegan de un gobierno extranjero, al cual no podemos exigirle comparecencias.
Ramiro Narváez, asambleísta
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