El canciller Juan Carlos Holguín detalló a PRIMICIAS cómo será la cooperación en seguridad con Estados Unidos y Colombia. También dijo que se respeta la decisión del Gobierno estadounidense de retirar las visas a generales envueltos en corrupción.
En medio de la creciente cooperación bilateral con Estados Unidos, el canciller Juan Carlos Holguín aclara que ese país no puede investigar asuntos internos de Ecuador, a menos que los presuntos delitos tengan vínculos con Washington.
Y explica que, el caso del retiro de visas a los supuestos 'narco generales' implicaría un delito cometido en Estados Unidos. Aunque el Estado tampoco ha conseguido información sobre el caso y espera que la lista se haga pública en algún momento.
Además, el titular de la diplomacia ecuatoriana detalló a PRIMICIAS los avances en materia de cooperación, especialmente en temas de seguridad.
¿Cómo se refleja la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad?
Desde que llegó el presidente Guillermo Lasso al poder, hemos tenido una relación bilateral muy fluida, que arrancó, de hecho, con la transición, con un 'briefing' estratégico. Y se ha cristalizado en dos frentes: la lucha conjunta contra el tráfico de drogas y de personas y en infraestructura.
La primera parte tiene que ver con una cooperación de equipos técnicos, expertos en migración, cruce de información, pensar en cambios legales que necesita Ecuador en esas materias.
El récord de incautaciones de drogas el año pasado se debe a un trabajo conjunto y hay que agradecer a Estados Unidos y Colombia, por el trabajo coordinado en inteligencia e información migratoria.
¿Ese pensar en cambios legales se reflejó en las últimas reformas de seguridad remitidas por el Mandatario a la Asamblea?
No relativo a Estados Unidos específicamente, pero sí tiene una apertura para tener en esa ley aspectos de cooperación, que nos permitan una lucha coordinada contra estructuras transnacionales.
Y por eso Ecuador no puede enfrentarlos solo. Requiere un abordaje transnacional, inclusive dentro de los mecanismos regionales de integración. Por eso la última reunión de Prosur tuvo un acuerdo específico de los miembros para abordar este tema desde la perspectiva regional.
¿Qué implicará la cooperación de seguridad en infraestructura?
Me parece pronto para comentar. Pero estamos hablando de infraestructura con respecto a radares, de equipos de interceptación a través de nuevas tecnologías, de temas balísticos, equipos que nos permiten hacer trazabilidad de armas que utilizan las estructuras criminales.
¿A qué acuerdos llegaron en la reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken?
Tuvimos varias definiciones. En el tema de seguridad se profundizó la relación entre equipos técnicos, que han hecho una revisión de cómo funciona la toma de decisiones de seguridad por parte del gobierno ecuatoriano.
Tenemos una cooperación para entender cuál es la posición de un asesor integral de seguridad.
Ese asesor es uno de los mecanismos, de momento, más importantes de toma de decisión en algunos gobiernos. Y esa posición no la tiene Ecuador en su estructura de administración pública. Ese ha sido uno de los componentes de una cooperación, que le permitirá al país modernizar la toma de decisión al más alto nivel en temas de defensa y seguridad.
¿Esta nueva figura se creará a corto, mediano o largo plazo?
A corto plazo. Los temas de seguridad y defensa son una alta prioridad del presidente Lasso, desde la cooperación, hasta la toma de decisiones internas.
¿La creación del cargo de un asesor de seguridad vendrá atada a cambios institucionales?
Para nada. Es una sola persona.
En el tema específico de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, ¿Qué está haciendo Ecuador?
Además de tener éxito en las incautaciones de droga, hace el cruce de información migratoria y de inteligencia a través de los convenios internacionales con varios países. La visión del presidente Lasso es de una lucha frontal y por eso hemos visto muchas de las repercusiones que existen en el territorio nacional.
En ese mismo tema, ¿la cooperación con Estados Unidos incluye el polémico caso de los 'narco generales'?
Nosotros respetamos la posición de Estados Unidos dentro de sus competencias y su soberanía en la decisión que tomó del retiro de visas a unos 'narco generales', como los ha llamado Estados Unidos.
Ecuador, como Estado, pidió información oficial para conocer detalles de ese retiro. Lo hizo la Ministra de Gobierno, el mismo día que se conocieron las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick.
Y lo que hemos visto es una cooperación eficiente, no en este caso en específico, pero en muchos otros casos, sobre la lucha que lleva el presidente Joe Biden contra la corrupción.
Para Ecuador es importante conocer, de manera pública, en algún momento, los nombres de a quiénes se les va retirando las visas por casos de corrupción o narcotráfico.
¿Cuál es la posición de la Cancillería frente a las declaraciones del embajador Fitzpatrick? ¿No se podría considerar una intervención en asuntos internos?
No lo creo. Porque si son crímenes o delitos que son cometidos en Estados Unidos o que han afectado a Estados Unidos, somos respetuosos de las medidas que ellos tomen.
Pero no sabemos nada sobre el caso aún.
Por el diálogo que hemos mantenido con la Embajada y la Secretaría de Estado de Estados Unidos, entendemos que son decisiones soberanas por delitos cometidos en ese país.
De todas formas, varias autoridades han cuestionado por qué la Cancillería no ha intervenido directamente para solicitar la información. ¿Ustedes han estado en contacto con la Embajada por este caso?
Todos. Trabajamos de manera muy cercana con la ministra Alexandra Vela y al tratarse de generales de la Policía y de Fuerzas Armadas, de manera genérica en las declaraciones de la entrevista de PRIMICIAS, se determinó que las más altas autoridades de esas dos dependencias pidan la información.
Esto también para demostrar que el personal que se encuentra en este momento en la cúpula militar y policial, trabajando en el gobierno del presidente Lasso, no tienen ningún problema de retiro de visas ni de acusaciones de ninguna índole.
En esa entrevista, el embajador Fitzpatrick habló de que investigan otros casos como Las Torres, Alex Saab, Isspol, que sí tienen vínculos financieros conocidos con Estados Unidos. Pero también, además de los 'narco generales', mencionó investigaciones sobre las compras públicas en pandemia. ¿Pueden investigar casos internos?
No es posible. Solamente si hay una afectación en esos territorios nosotros podríamos permitir que eso suceda.
Todos los casos investigados tienen una vinculación con el territorio y con el sistema financiero americano.
Y adicionalmente está la posibilidad de que sean delitos que hayan sido cometidos allá. El mismo presidente Lasso ha manifestado en varias ocasiones lo triste que sea la justicia americana la que desempolve y transparente los casos de corrupción, y que nuestra justicia no lo haya hecho o tenga un proceso mucho más lento.
Ecuador ha pedido la participación del Estado como tercer afectado, en casos que se están transparentando en otros países.
Otro aliado clave en la cooperación de seguridad es Colombia, ¿cómo está ese trabajo?
Colombia tiene más cercanía y similitudes con Ecuador. Por lo tanto, en el tema cárceles esa cooperación es más cercana que con Estados Unidos o Israel. También se lo hace con México.
Al ser Colombia el epicentro de la producción de drogas, presencia de carteles y grupos armados, que impactan en Ecuador ¿cuál es la posición del gobierno frente al vecino del norte?
El presidente Lasso ha manifestado que ha habido permisividad de gobiernos anteriores frente al tráfico de drogas y personas. Ahora el abordaje es frontal. El símbolo del radar en Montecristi es, quizás, uno de los más importantes.
Uno de los retos en la defensa del país es replantearse que ya no solamente los factores de frontera deben marcar la política pública, sino también los factores externos transnacionales que están en el territorio.
En cuanto a la migración irregular de ecuatorianos, ¿la crisis se sigue manteniendo o han disminuido las salidas del país?
En último trimestre de 2021 bajaron las cifras. Esto fue fruto de algunas medidas, como la cancelación de algunas frecuencias aéreas entre México y Latacunga y las que tomaron otros países, relacionadas con aspectos migratorios, como pedidos de visas. Esto hizo que el negocio se vuelva mucho más difícil.
Nuestros gobiernos habían dado muchas facilidades a los carteles para que operen.
Esta migración es supremamente vulnerable, donde grupos transnacionales les ofrecen ingresar a Estados Unidos.
Tenemos un resultado importante en las deportaciones desde Estados Unidos: antes teníamos cuatro aviones por mes, ahora es menos de un avión por mes.
El gran reto es que el gobierno pueda llegar con proyectos de desarrollo a los lugares donde tenemos los grupos vulnerables que se ven atraídos por la migración riesgosa.
Políticamente, ¿la migración irregular podría impactar en la firma del acuerdo comercial con México para el posterior ingreso a la Alianza del Pacífico?
No necesariamente, la Alianza del Pacífico no determina una medida que pueda ir en contra de los fenómenos migratorios que tienen los países miembros.
¿Es una posibilidad que firmemos un acuerdo que no implique una exención de visa para ecuatorianos?
Siempre buscaremos que exista la mayor amplitud y apertura, incluso en temas migratorios. Pero por supuesto que esa es una salida.
¿Qué sucedió con la intención de obtener cooperación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en este tema?
Le planteamos a Estados Unidos y México que es importante que en Ecuador también exista presencia de la patrulla fronteriza. Es importante abordar el fenómeno de migración riesgosa con el análisis en el origen.
Pero sigue en análisis. Y estamos seguros de que vamos a tener la cooperación de Estados Unidos, fue uno de los temas abordados con el Secretario Bliken, inclusive desde USAID para el abordaje de los problemas en las zonas de alta vulnerabilidad social.
Y, en cuanto a la migración venezolana, ¿qué avances hay en el proceso de regularización?
Tenemos un alto apoyo de los donantes internacionales para los procesos de flujos migratorios. Presentamos el proyecto de regularización en la última conferencia de donantes del 18 de diciembre de 2021 y tuvimos una alta aceptación.
Esto esperaremos cristalizarlo una vez que esté firmado el decreto ejecutivo con el reglamento y el proceso de regularización, en los próximos días. Tiene que ser un trabajo abordado de manera conjunta, uno de los errores que ha tenido la política exterior de Ecuador sobre migración es que nunca se compartió la problemática y la solución con los donantes.
Este es un tema pendiente desde la administración anterior, ¿cuántos días más implica ese plazo para arrancar con la regularización?
Unos 45 días contados desde enero. Yo espero que sea en los próximos días. Y no se trata de tener solo el reglamento del proyecto, estamos creando una nueva visa temporal, que planea llegar a 500.000 personas en tres años.
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