Colectivo asegura que nueva propuesta de consulta popular no es política

El colectivo Voces por la Democracia impulsa una nueva propuesta para cambiar la Constitución, que incluye cuatro temas como la designación de autoridades y la obligatoriedad de realizar primarias en los partidos.

Un nuevo intento de cambiar la Constitución por iniciativa de la ciudadanía se concretará en los próximos días. El colectivo Voces por la Democracia ultima los detalles de su iniciativa, para presentarla a la Corte Constitucional a inicios de mayo de 2022.

La iniciativa se presentó oficialmente el 6 de abril de 2022 y deberá cumplir varios pasos: primero un dictamen en la Corte Constitucional, y luego la recolección y verificación de las firmas correspondientes al 8% del padrón electoral, es decir unas 1,1 millones de firmas.

Primer soldado ruso juzgado en Ucrania pide perdón a viuda de su víctima

Sea cual sea el proceso que la Corte determine (enmienda o reforma constitucional), la propuesta necesariamente deberá pasar dos debates en la Asamblea Nacional. Lo único que cambia entre ambas opciones es el tiempo entre los debates.

La nueva propuesta de reforma constitucional plantea siete preguntas para hacer cambios en la designación de autoridades, la justicia y el sistema de partidos. Y se presenta en un contexto de crisis institucional en el país, a puertas de las elecciones seccionales de 2023.

“En medio de esta situación, una de las soluciones viables es que los ciudadanos surjamos como un actor de cambio”, aseguró David Simba, uno de los voceros de la reforma constitucional.

Según dijo, la propuesta no es política y no buscan que se contamine con los comicios. Por ello, no apuntan a que el referendo se realice a la par de las elecciones seccionales, en agenda para el 5 de febrero de 2023.

Siete preguntas

La propuesta presentada aún está en construcción hasta finales de este mes. Según Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro del colectivo, todavía están reuniendo aportes de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. La idea es “mejorar la calidad de la democracia” en el país.

Las siete preguntas planteadas por ahora buscan hacer reformas constitucionales en cuatro temas:

Modificar la forma de designación de las autoridades de control para que ya no esté a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. En cambio, proponen que sean un proceso “inmediato y extraordinario”.
Establecer nuevos procedimientos más rigurosos para la selección de jueces, fiscales y demás servidores judiciales. Para esto, proponen evaluaciones y un sistema de ascensos basado en preparación; además de prohibir entrar a la carrera judicial a quienes estén “incapacitados psíquicamente”, hayan sido sentenciados o “no superen los estándares de medición de probidad, ética y transparencia”.

Establecer la obligatoriedad de que los procesos de selección de candidatos y democracia interna dentro de los partidos políticos sea a través de primarias libres, abiertas, simultáneas, obligatorias y públicas organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto significaría que todos los ecuatorianos puedan votar en estas elecciones para escoger a los candidatos.

Crear una norma para que, cuando exista un precio del barril de petróleo mayor al establecido en el Presupuesto General del Estado, el 50% de este excedente se destine a los institutos de la seguridad social y al sistema público de salud.

Un intento más

Esta iniciativa ciudadana pondrá a prueba nuevamente la institucionalidad en el país. Desde la aprobación de la actual Constitución, ninguna de las propuestas planteadas desde la ciudadanía ha logrado prosperar.

El caso más público es el de Yasunidos, durante el gobierno de Rafael Correa. Este grupo planteó en 2014 una consulta popular para que el petróleo de tres campos se quede bajo tierra. En ese entonces, las firmas eran el primer paso del trámite, y el CNE bloqueó la iniciativa.

La propuesta aún está en el limbo. La Corte Constitucional devolvió la causa al Tribunal Contencioso Electoral en diciembre de 2021, pero esa institución no logra conformar un Pleno de jueces suplentes para analizarla.

Mientras que la reforma constitucional del Comité por la Institucionalización, para eliminar el Consejo de Participación, estuvo cerca de llegar a las urnas. En este caso, el colectivo pasó el requisito de las firmas, pero no pasó los dos debate en la Asamblea.

Recientemente, el excandidato presidencial Yaku Pérez también presentó una propuesta de consulta popular ante la Corte. Pero este fue negado porque en realidad se trataba de un intento de reforma constitucional.