Álvaro Román: "Los corruptos tienen blindaje, saben que no les va a pasar nada"

El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, habla de la crisis judicial y la difícil tarea de purgar un sistema infiltrado por el crimen organizado y presionado por la política.

El Consejo de la Judicatura pasa por uno de sus peores momentos. La inestabilidad institucional, las decisiones políticas y las denuncias de corrupción golpean a la administración de justicia.

En medio de esto, el presidente de la institución, Álvaro Román, acepta las debilidades del sistema y apunta a hacer las correcciones que les permita la ley. Entre las tareas urgentes que tiene el Pleno de la Judicatura está la de impedir las injerencias políticas y llenar las vacantes administrativas y, principalmente, de jueces.

Judicatura considera una "emergencia" la situación de la Corte de Guayas, tras caso Purga

Solo esta semana, la Corte de Guayas perdió a siete de sus 12 jueces penales, quienes son investigados dentro del caso Purga. Sin embargo, Román acepta que la tarea no es fácil y que las tentadoras ofertas del crimen organizado han causado grandes afectaciones y mucha impunidad.

En entrevista con PRIMICIAS, el presidente de la Judicatura habla de las complejidades que enfrenta el sistema judicial y acepta que el problema interno es grave, especialmente porque hay funcionarios corruptos que tienen un blindaje que les permite operar con tranquilidad.

¿Cómo se ve la profunda crisis del sistema judicial desde el interior del Consejo de la Judicatura?

Este ha sido un problema recurrente. Pero recién se están descubriendo verdaderamente estas redes de corrupción. Yo ejerzo la profesión durante más de 33 años y sabemos de estas redes, pero la Fiscalía es la única que tiene las herramientas para descubrirlas.

La Judicatura puede investigar, pero no tenemos las herramientas para hacerlo en profundidad. La Fiscalía General tiene escuchas telefónicas, agentes encubiertos, técnicas, informantes y, por ejemplo, explotación de celulares.

¿Cómo se deriva este último caso Purga? Con explotación de celulares. Nosotros tenemos una competencia disciplinaria y una Dirección de Transparencia, pero tiene límites en su investigación.

¿Cómo enfrentar este aparente clímax de la crisis judicial?

La estrategia es hacer vínculos con la Fiscalía y tratar de interiorizar la ética en los jueces. Aunque esto último no deberíamos hacerlo, porque los valores deben venir incluidos, más aún en los jueces, que van a solucionar problemas sociales con la aplicación de la ley.

Pero si a esos jueces, por ejemplo, en Esmeraldas, les están pagando más de USD 1.000 por fuera... esos son los que nos decepcionan. Y claro que hay jueces corruptos, pero esto salpica a los jueces correctos, a los que han hecho su trabajo.

El Consejo de Judicatura trata de trabajar para esos jueces. Pero ahí nos golpeamos contra el modelo y ¿qué hacer?

¿Qué se puede hacer?

Tratar de capacitar en ética, plantear cuestiones preventivas, investigaciones de los sumarios, meter gente encubierta para poder descubrir las redes, trabajar en concursos estrictos, en cuestiones disciplinarias para impedir la impunidad. Pruebas de confianza al personal, ver el mejor talento humano y darle un buen sueldo.

Pero a veces no es suficiente, porque el crimen organizado rompe todo esto. Tiende a buscar la impunidad y busca estos puntos débiles, que siempre hay en todo el Estado. Con el caso Metástasis se descubrió que era a todo nivel.

La idea es tratar de que el Consejo de la Judicatura pueda romper esta crisis.

¿Cómo lograr que el modelo de la Judicatura funcione si es una institución que vive en crisis y arrastrada por los vaivenes políticos?

El Consejo de la Judicatura como institución está bien, no creo que no deba existir. La idea es que el juez se dedique solo a administrar justicia. Pero uno a veces se cuestiona si está bien la estructura del Consejo de la Judicatura.

Creería que hay que mejorar, nada más.

Tomando la palabra que utilizó la Fiscal, hay que hacer una purga de gente que no debería verse ni en la Judicatura, ni en los juzgados.

Pero esa limpieza es compleja, porque, por ejemplo, no podemos botar a todos, pero tenemos derechos laborales que cumplir y vamos a ser injustos con algunas personas. Entonces, el problema interno es complejo.

Ahorita somos un Consejo de la Judicatura de transición. Pienso que hay que dejar las bases para ciertas cosas. Por ejemplo, estoy reestructurando el estatuto.

También hay que resolver los temas pendientes, las grandes deudas...

Quiero hacer las actividades que en cinco años no se hicieron. Por ejemplo, el concurso de la Corte Nacional, el concurso de jueces a nivel nacional. No tenemos banco de elegibles.

Tenemos que 350 vacantes solo de jueces y no tengo cómo llenarlas.

Y no digamos más abajo, faltan secretarios, auxiliares, citadores, pero lo medular es el juez. Pero me renuncian, destituyo, caen a la cárcel. En Guayaquil ahorita tengo una crisis, porque de 12 jueces que eran, me quedaron cinco.

Hay que sacar también la evaluación para notarios, para jueces. Quiero preocuparme de la infraestructura. Tenemos una agenda pequeñita para tratar de hacer esto los cuatro vocales, para salir a adelante y dar ese mensaje positivo de que sí se puede trabajar.

¿Qué pasa con esos jueces de Guayas investigados en el caso Purga? Porque siguen siendo jueces

Estos jueces cuestionados tienen derecho a sus vacaciones y tenemos dos sentencias de la Corte Nacional que dicen que seguir un sumario por abandono del cargo, producto de una orden de prisión preventiva, no es abandono, es fuerza mayor. Imagínese, si los sacamos nos tocaría restituirlos.

Por eso en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial estamos intentando meter nuevas conductas que nos permitan dictaminar la inhabilidad con orden de prisión preventiva o medida cautelar.

Pero ahí vamos a enfrentar alguna demanda de inconstitucionalidad por la presunción de inocencia. Aunque una cosa es la cuestión administrativa y otra la penal. Y la primera tiene que ver mucho con la ética, con la conducta. No puedes ser juez y tener un grillete. La administración de justicia, tan sensible, no tiene que estar manchada.

Tenemos que cambiar la presunción de inocencia dentro del ámbito administrativo, que se atenúe, no se pierde. Hay excepciones y en casos graves el juez no puede estar con grillete o en la cárcel y mantener su condición de juez.

Hasta ahora no tenemos norma o mecanismo para botar a esos jueces. Tenemos que esperar que renuncien o los llamen a juicio.

Imagínese, tenemos que esperar los 90 días de instrucción fiscal y la audiencia de llamaniento a juicio, es decir, 120 días tenemos que seguirles pagando sueldo. Y eso indigna.

Por ejemplo, en enero, la directora de la Judicatura de Guayas, Ana María Ayala, le suspendió el sueldo a Mayra Salazar, tras ser detenida por el caso Metástasis. Está arriesgándose a tener una responsabilidad administrativa al hacerlo sin la orden de un juez. Dijo: no pago y Salazar renunció.

Y eso mismo vamos a hacer ahora, que no paguen, que se la jueguen.

Pese a los descubrimientos, el crimen organizado seguirá haciendo ofertas millonarias, ¿cómo enfrentar eso?

Antes los sueldos eran buenos para los jueces. Un juez de corte suprema ganaba USD 8.000 o USD 9.000, ahora ganan USD 5.000 y pico. El juez provincial gana un poco menos y lo mismo con los de primera instancia. Se trata de ese tema de rebajar los sueldos y la masa salarial.

El presidente Rafael Correa dijo que todos somos servidores públicos y que el servicio público no debería ser remunerado, que es un honor servir. Sí, es un honor para mí, pero yo estoy perdiendo dinero aquí, con el sueldo que gano, salgo 'tablas', no tengo para ahorrar. Pero ahí vienen los valores.

Yo gano un sueldo y no me debo al crimen, porque tengo que pensar en mi futuro, en mis hijos, mis hermanos, en toda la familia, en todo lo que hicieron mis padres para darme este nombre.

Entonces, yo creo que ahí está la contención: tus principios y esos no son negociables. Cada uno tiene que ponerse esa integridad y no caer en la tentación. Por eso un juez debe ser maduro.

Los cantos de sirena están ahí, pero uno tiene que a amarrarse a la barca para no caer.

Y la Justicia no solo está bajo el acecho del crimen organizado, sino también bajo las presiones políticas.

Una vez le escuché a la doctora Angélica Porras, que fue parte del transitorio, esta frase: la justicia siempre ha estado metida entre el Ejecutivo y el Legislativo. O mete la mano el Ejecutivo o mete la mano el Legislativo.

Entonces, tratar de inmunizar al Consejo es una tarea muy compleja. Yo la estoy viviendo ahora. Soy un abogado de libre ejercicio, liberado de cualquier tienda política. Pero no faltan estos ataques que uno recibe.

Uno dice: yo vengo acá a trabajar, déjenme trabajar. Pero tengo, por ejemplo, ocho o 10 pedidos semanales de información de la Asamblea. Y tengo que contestar porque así dice la ley.

Entonces, cuando tienes esos mensajes, ¿qué te está diciendo la Asamblea, la parte política? No te olvides: juicio político.

Yo no debería estar aquí, pero asumí el reto y lo único que quiero es trabajar, pero ahí viene la cuestión política. Entonces te ponen intranquilo, pero tienes que saber ganarte ese respeto y empujar esos ataques.

Y no sé qué pasará, si lograré o no inmunizar al Consejo, para que pueda elegir los jueces con independencia e imparcialidad.

Ese es otro gran reto de su administración, ¿cómo llevar adelante concursos que precisamente son cuestionados por la falta de legitimidad que los ha precedido?

Los concursos tienen que ser el compromiso nacional, junto con la academia. Y ese es un primer punto para garantizar transparencia y legitimidad. Para mandarle un mensaje a la gente de que vamos a hacer lo mejor.

La tarea es difícil porque estamos enfrentando obstáculos. Por ejemplo, la presión de los períodos y de la famosa prórroga, que es perversa. Porque los que se prorrogaban iban a ser los primeros en golpear el concurso, porque quieren quedarse.

Y la indignación ciudadana hay que cambiarla con un mensaje positivo. Pero, cada vez que intento hacer algo, caen estos golpes y hay que aguantarlos y levantarse. Por ejemplo, la Fiscal General me dice: sus jueces se portan mal. Yo le digo: gracias, Fiscal, porque así estamos depurando.

Yo creo que ser juez es lo más hermoso que puede haber. Pero hay gente que lo ve como algo monetario(...) quiere enriquecerse con el cargo.

Sin embargo, es responsabilidad de la Judicatura mantener un control disciplinario sobre los funcionarios judiciales. Aunque no se pueda vigilarlos a todos.

Tengo 1.700 jueces en todo el país y en localidades que ni yo he escuchado. Es como la Fiscalía o la Policía, estamos regados en todo el país.

Tienen que activarse la Corte Nacional, la Fiscalía. Por ejemplo, el asunto disciplinario en Esmeraldas es gravísimo, es tierra de nadie, se confabulan los jueces, los fiscales, los policías. Pero la Fiscalía, por ejemplo, puede extraer los casos y traerlos a Quito. Mientras que la Judicatura no puede hacerlo, tiene que estar ahí.

Estos problemas hay que corregirlos y poner gente proba.

Hay que cambiar la gente en provincias urgentemente porque el negocio estaba ahí.

Los casos Purga y Metástasis demuestran que no son solo jueces de localidades remotas. Esta vez las investigaciones apuntan a la expresidenta y el actual presidente de la Corte Provincial de Guayas.

¿Cómo hacer para controlar eso? El problema es que estas cuestiones de corrupción no se hacen a la luz. El Consejo no tiene los mecanismos, tiene que acudir siempre a la Fiscalía.

Por ejemplo, podríamos meter personas infiltradas, para hacer contrainteligencia, pero no tenemos los recursos. Como Judicatura, lo queremos hacer. Pero tenemos herramientas que nos limitan.

Por ejemplo, el error inexcusable no lo podemos activar, porque tiene que haber una declaración previa. Aunque, ventajosamente, ahora los jueces ya están haciéndolo. La Corte Constitucional también asumió el reto con las medidas cautelares, pero se demoró un año en despertar.

Necesitamos que el ciudadano se comprometa y luche contra la corrupción, para que el Consejo pueda activarse y no permitir que esta gente se pase por debajo.

Pero debe haber alertas y denuncias. ¿Qué pasa con las que sí llegan y se archivan o se esconden debajo de la mesa?

Es grave. El problema es que para hacer eso tienen protección. Por ejemplo, Curipallo, Lindao... Hay extracciones de celulares, de conversaciones, que involucran a un director provincial de la Judicatura, que llegó a ser asesor de uno de los vocales nacionales.

Tienen blindaje, tipos que pueden operar y saben que no les va a pasar nada.

Si ha habido un director provincial o un vocal involucrado, es grave. Por eso el proceso de selección de los directores provinciales también se debe vigilar. Los que hemos elegido en el Consejo hasta ahora no han tenido problemas, es gente decente que está trabajando.

Pero siempre el crimen organizado está con sus tentáculos intentando entrar. Y, por lo menos, mientras las cabezas seamos personas decentes y firmes, mandamos un mensaje muy duro a los demás. Los jueces tienen que hacer su parte.